Las multas fotográficas todavía no empezaron a llegar a los domicilios de los infractores, pero la polémica se va instalando de a poco en la Legislatura. El kirchnerismo siembra sospechas sobre el reciente contrato con las dos empresas concesionarias, Meller y Siemens-Itrón, argumentando que estaba vencido desde el 30 de junio de 2006 y que se renegoció después de haber sido suspendido, en enero último, por el propio gobierno de Mauricio Macri. “Para un negocio de 3 millones de pesos por mes, al menos deberían haber hecho un concurso de precios”, objeta la legisladora Gabriela Cerruti. El nuevo contrato no tiene plazo: es válido hasta que se concrete una nueva licitación que, para el gobierno, no sería antes de 2010, pero que podría postergarse aún más por distintas razones.

Itron, socia de Siemens en una de las zonas concesionadas para el control fotográfico de infracciones de tránsito, fue propiedad de Mauricio Macri. Meller, de la UTE que rastrilla con sus cámaras en la otra mitad de la ciudad, es un grupo empresario que floreció en los ’90 a partir de las privatizaciones y de contratos con el Estado.

La concesión data de 1999, pero el sistema recién comenzó a implementarse en 2001 y sufrió sucesivas renegociaciones y prórrogas. La última fue en mayo de 2007, cuando el gobierno de Jorge Telerman, a través de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, les impuso a las empresas un nuevo cupo. Fue en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial, lanzado por el gobierno porteño, que entre sus puntos les exigía a las empresas que de las 150 mil multas mensuales, la mitad correspondieran a faltas graves (violación de luz roja y exceso de velocidad) y el resto a faltas leves, como estacionamiento indebido. Las empresas se negaron a ese requerimiento, argumentando que no tenían equipamiento suficiente para cubrir ese cupo.

Ante la negativa de las empresas a los nuevos cupos, el Ejecutivo le dio intervención al procurador general, Agustín Zbar, quien recomendó seguir el procedimiento fijado por contrato para el caso de extinción de la concesión: la confección de un inventario de bienes en poder de las empresas para su entrega al Estado porteño.

Por entonces, la gestión Telerman tenía avanzado un nuevo proceso licitatorio, y en julio resolvió armar un proyecto de control estatal utilizando el equipamiento de las empresas que debía quedar en poder del Estado al término de la concesión, según un dictamen de la Procuración. Esa idea naufragó después de una reacción del macrismo: “El propio Macri le pidió a Telerman que no avanzara en la licitación”, relataron allegados a Telerman.

Ese trámite nunca se llevó a cabo y, más aún, las empresas siguieron realizando actas fotográficas, hasta que, en la nueva gestión, el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, suspendió su vigencia en enero último. Esas actas fueron declaradas nulas, pero las firmas pretendían cobrarlas. Esa diferencia dio origen a un litigio, ya que el gobierno pretendía recuperar los equipos y la empresa quería cobrar la deuda.

Después de tres meses, el 25 de abril de este año, el propio Macri firmó el decreto por el que invita a Meller y a Siemens-Itrón a continuar prestando el servicio. Y delega en Montenegro la celebración de los acuerdos tras la negociación de nuevas condiciones. ¿Qué pasó en esos tres meses? Las empresas dejaron de reclamar la deuda, pero obtuvieron un interesante aumento en la tarifa que reciben por acta fotográfica: de 6,85 a 11,65 pesos, el 70 por ciento. Como las empresas están autorizadas a hacer 300 mil actas fotográficas por mes, los nuevos valores hacen trepar la magnitud del negocio a una recaudación de 3,3 millones de pesos mensuales.

Según datos oficiales, entre las dos empresas tienen apenas catorce móviles y 10 puestos fijos con cámaras y el acuerdo las compromete a incorporar otras tres móviles y siete fijas, en un plazo de 60 días.

El sistema se reanudó el viernes 13, hace ocho días. Desde entonces los móviles recorren puntos de la ciudad, de acuerdo con una hoja de ruta diseñada por la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Las actas por estacionamiento indebido se concentran en barrios y calles con problemas de congestión de tránsito: Belgrano, Palermo, Caballito, Flores, Boedo Almagro y Constitución. No se hizo, como en otras ocasiones, una campaña previa de señalización o de advertencias fotográficas, previas a la sanción con multa.

Tomando en cuenta estos datos, la diputada Cerruti presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo informe “cuál es el fundamento jurídico y en qué norma se encuadra la continuidad del servicio de captación, registro gráfico y procesamiento de infracciones de tránsito”. La legisladora quiere saber además en qué mayores costos se justifica el aumento del 70 por ciento en los ingresos de las empresas.