La licitación que el gobierno de Mauricio Macri impulsa para el control de la publicidad en la vía pública, y que tiene como único oferente a una empresa del grupo Roggio, ha derivado en un conflicto que involucra a empresas, legisladores y al Ejecutivo, que terminaría dirimiendo la Justicia porteña. Se trata de la contratación del servicio de Control y Gestión del Cobro de la Actividad Publicitaria en la vía pública, una actividad que hasta ahora viene llevando a cabo el Estado y que podría reportar ingresos de alrededor de 10 millones anuales, según cálculos privados. La licitación fue discretamente publicitada, por lo que no son pocos los que sospechan que estaba hecha a medida de la empresa Polledo, del grupo Roggio, la única que se presentó. “El propio Aldo Roggio le llevó esta misma propuesta a Aníbal Ibarra cuando era jefe de Gobierno y no tuvo éxito”, contó a este diario uno de los participantes de aquel encuentro.

El proceso licitatorio no se inició con esta gestión sino el 5 de noviembre de 2007, 35 días antes de que el entonces jefe de gobierno, Jorge Telerman, dejara su cargo. Pero la venta de pliegos y otros actos administrativos como la apertura del único sobre se concretaron durante esta administración. Lo que llama la atención es que el Ejecutivo siguió adelante con esta licitación, cuando por otro lado está proponiendo en la Legislatura una nueva ley de Publicidad en la Vía Pública, más restrictiva, es decir, con mucho menos espacios dedicados a la cartelería publicitaria, al cual deberá adaptarse la empresa que resulte contratada.

“Fue una licitación hecha a las apuradas, cuando no había ninguna urgencia, y no fue publicitada debidamente en los medios de comunicación, de manera que se presentara un solo oferente”, dijo a PáginaI12 el diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires). El legislador presentó en la Justicia un amparo en el que pide que se declare la nulidad del proceso licitatorio.

De acuerdo con la presentación, hubo una seguidilla de disposiciones que suspendían y postergaban los llamados a licitación, a pedido de un oferente. El llamado a licitación se inició en el ámbito de la Dirección de Rentas, y continúa en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Como la administración macrista, ni bien asumió, aumentó fuertemente la tarifa publicitaria en la vía pública –en algunos casos se multiplicó por 20– desde la AGIP se aumentó la retribución que recibiría la empresa a contratar. “La modificación se hizo mediante una circular aclaratoria que, más que aclarar, modificó las cláusulas particulares de la licitación”, objetó Epszteyn.

Fuentes de Hacienda y de AGIP confirmaron a PáginaI12 que la licitación está en etapa precontractual: desde el 30 de mayo se está estudiando la única oferta. La presentación de Polledo, del Grupo Roggio, generó suspicacias dado que otra empresa de ese holding, Catrelsa, manejó la base de datos del catastro de toda la ciudad y si ahora controla información sobre todos los espacios con publicidad de la ciudad, quedaría en una posición privilegiada. Roggio maneja otras concesiones en la ciudad, entre las más importantes, una zona de la recolección de residuos con su empresa Cliba. Aunque se trata de una concesión nacional, explota con Metrovías el servicio de subte, donde agranda el negocio con las nuevas líneas.

Los intereses se cruzan con los de otra licitación, la de mobiliario urbano, donde cuatro empresas quedaron precalificadas para adjudicarse el negocio de la publicidad en las pantallas ubicadas en la vía pública. Son Publicidad Sarmiento (vinculada con los empresarios Raúl Moneta, José Luis Manzano y Daniel Vila); Viacart (relacionada con Daniel Hadad), el Grupo Al Sur (de la familia del secretario de Medios, Enrique Albistur), y PC Publicidad SA. Sólo tres de ellas resultarán adjudicatarias. El resultado se conocerá en los próximos 15 días, cuando se abra el sobre 2, con la oferta económica.

Esta licitación también está cuestionada: la principal precalificada, Sarmiento –propiedad de Orlando Terranova– tiene pendiente una denuncia penal “por presentar documentación presuntamente falsa para esta licitación sobre su desempeño en otras concesiones, en Mendoza y Tucumán”, advirtió su abogado, Mariano Bergés. “Hace menos de un mes, la Cámara del Crimen porteña les revocó un sobreseimiento en esa causa y pidio que se los investigue”, agregó el letrado. Bergés es abogado de la empresa Spinazzola, una de las actuales concesionarias, que se presentó en la licitación pero quedó eliminada. Ahora acaba de formular una denuncia penal contra el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, por presunto delito de defraudación.