Un registro de condenados por delitos sexuales junto con un banco de ADN de delincuentes comenzó a funcionar en la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita de la Suprema Corte de Justicia. La ley que los funda establece que en el banco se asentarán los resultados de estudios genéticos que se realicen en las investigaciones penales “especialmente en las que se investiguen delitos contra la vida, la integridad sexual, la identidad o la libertad de las personas”, en tanto la información registrada será “secreta” y quedará a disposición de los fiscales y los jueces en relación con las causas que se encuentren investigando”, según estipula la norma.