“Tenemos que despojarnos de los fundamentalismos o no vamos a resolver nada”, pidió ayer el diputado kirchnerista Pablo Failde. Acababan de exponer cinco expertos en la Comisión de Salud de la Legislatura porteña en la segunda jornada de debate público sobre la reglamentación de los abortos no punibles y, una vez más, dos de los “especialistas” invitados –un pediatra y una tocoginecóloga del sector privado–, claramente alineados con un discurso “pro vida”, habían desviado el eje de la discusión y expresado su rechazo al aborto en cualquier situación, incluidas las permitidas actualmente por el Código Penal, como cuando corre riesgo la vida de la mujer gestante o el embarazo proviene de una violación a una mujer con discapacidad mental. Hubo consenso en que la objeción de conciencia se debe respetar, pero también en que se deben contemplar mecanismos para impedir que sea un obstáculo para que las mujeres puedan acceder a los abortos legales.

La ex procuradora general de la ciudad Alejandra Tadei fue una de las expertas invitadas. Tadei consideró que es “indispensable” legislar en esta materia “para dejar tranquilos a los médicos y consagrar un derecho de las mujeres”. La abogada contó que en 2004 le tocó intervenir como procuradora general en el caso de una mujer con una enfermedad muy grave (osteogénesis imperfecta del tipo 3), que apenas medía 90 centímetros y pesaba 22 kilos, que había pedido en la Maternidad Sardá interrumpir un embarazo porque corría riesgo su vida. En lugar de realizar la práctica, los médicos pidieron que la Secretaría de Salud les indicara cómo actuar. Así llegó la historia clínica a la Procuración. Tadei no dudó: rápidamente, contó, convalidó que se practicara el aborto terapéutico, sin pedir autorización judicial. La ex funcionaria apeló a ese ejemplo concreto para mostrar las resistencias en los hospitales porteños para llevar adelante los abortos legales, aun en los casos menos controversiales, donde la vida de la mujer está en serio peligro.

También señaló la necesidad de una clara normativa que estipule cómo deben actuar los médicos en esos casos la titular del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Ana Suppa. Ella misma, siendo diputada porteña, presentó en la Legislatura uno de los primeros proyectos para reglamentar los abortos no punibles. A su turno, la directora del Hospital Alvarez, la tocoginecóloga Diana Galimberti, planteó la importancia de “articular” la atención de las interrupciones de embarazo permitidas “entre los 13 hospitales de agudos” de la ciudad, para sortear el obstáculo de la extendida objeción de conciencia entre los médicos porteños.

La reunión tuvo lugar en el Salón Montevideo de la Legislatura. Fue muy concurrida: casi un centenar de personas, entre integrantes de organizaciones de mujeres que apoyan la sanción de una ley reglamentaria de los abortos no punibles, activistas “pro vida”, que la cuestionan, y asesores de legisladores de distintas bancadas. El encuentro estuvo presidido por la titular de la Comisión de Salud, la macrista Lidia Saya. La acompañaron los diputados Failde, del Frente para la Victoria; Diana Maffía, de la Coalición Cívica; Gabriela Alegre y Aníbal Ibarra, de Diálogo por Buenos Aires; Victoria Morales Gorleri, del PRO, y en el último tramo de la reunión se sumó el jefe del bloque de la CC, Enrique Olivera. Alegre, Maffía y Failde son autores de tres de los cuatro proyectos en debate. El cuarto pertenece al kirchnerista Juan Cabandié. Los legisladores ya avanzaron en un borrador, donde consensuaron los principales puntos. Seguramente después de la ronda de consultas con expertos –que se repetirá en otras dos jornadas– se estudiará la incorporación de algunas modificaciones.

Los dos médicos que expresaron el rechazo del aborto en cualquier circunstancia fueron el pediatra del Sanatorio Mater Dei, Cristian García Roig, y la tocoginecóloga Ana María García Martín de Parini, que ejerce también en el sector privado. A ellos aludió Failde cuando pidió que no se corriera el eje del tema en debate. Los dos alegaron “defender la vida” y hablaron de un supuesto “trauma post aborto”, que afectaría a algunas mujeres después de interrumpir un embarazo, para fundamentar su postura. En medio de una exposición confusa, Roig dijo no estar de acuerdo con el derecho al aborto de una mujer violada, contemplado en el artículo 86 del Código Penal, porque –argumentó– se le agregaría “una agresión más” y dijo ser partidario de que continúe con la gestación, y que la criatura que nazca sea dada en adopción. Tanto Roig como García reconocieron que son objetores de conciencia. También, ante una pregunta de la diputada Maffía, admitieron que a una paciente que sufrió una violación no le entregan ni le recomendarían la anticoncepción hormonal de emergencia, para evitar un embarazo. Confundida, García creyó que la reglamentación obligaría a todas las mujeres a abortar. Le aclararon que es una elección y siempre se exige el consentimiento informado de la persona.

La primera media hora estuvo abierta a la ciudadanía: hubo dos abogados con posiciones claramente enfrentadas: Cosme Beccar Varela opinó que “la vida del niño debería prevalecer” cuando la mujer queda embarazada en una violación, a la que consideró sólo “un mal rato muy desagradable”. Mariano Fernández Valle, profesor universitario especializado en Derechos Humanos, aclaró que ningún tratado internacional de DD.HH. incorporado a la Constitución prohíbe políticas a favor del aborto. Eso había sostenido el presidente de la Corporación de Abogados Católicos, Alberto Solanet, en la primera audiencia. La próxima reunión será el viernes 31.