La detención de cuatro personas, entre ellos dos jóvenes que estarían involucrados en el hecho que terminó con el asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea, en el partido de San Isidro (ver aparte), hizo que se renueve el debate sobre una posible baja en la edad de imputabilidad de los menores que no hayan cumplido los 18 años. La polémica se disparó a partir de declaraciones del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, en el sentido de que debería renovarse la discusión sobre “la baja de la edad de imputabilidad de los menores” para fijarla “a partir de los 12, 13 o 14 años en los casos de delitos graves”. Como argumento, Scioli lamentó –en alusión al crimen del ingeniero Barrenechea– que “una vez más nos encontremos con menores vaciando un cargador de una pistola calibre 45”, en referencia al arma utilizada en el hecho. Aunque el propio Scioli admitió que no tenía una postura definida sobre el tema y que pensaba que con sólo bajar la edad de imputabilidad “no se llega a la solución”, dos expertos consultados por PáginaI12 expresaron ayer su preocupación por una medida que sería “inconstitucional porque vulnera acuerdos internacionales firmados por el país respecto de la ley penal aplicada a menores”.

Carlos Bigalli, ex asesor de menores de San Isidro y actual docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), dijo que lo primero que habría que saber es qué se entiende por “imputabilidad o inimputabilidad”, aunque señaló que “en los discursos del poder, lo que significa en la práctica es aplicar a los menores que no cumplieron los 18 años el régimen penal que se aplica a los adultos, lo que es inconstitucional porque vulnera lo que dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño”, de la que el Estado argentino es garante. Laura Mussa, asesora de los tribunales de menores de la Capital Federal, criticó las “respuestas espasmódicas, tomadas sobre la emergencia, que ya han fracasado en épocas recientes, y que sólo sirven para que los chicos ingresen muy temprano al sistema penal que tenemos y que tampoco brinda respuestas serias al problema”.

Además de las declaraciones del gobernador bonaerense, lo ocurrido con Barrenechea provocó, en San Isidro, que el Concejo Deliberante aprobara ayer la declaración del estado de emergencia por seguridad de todo el partido. El intendente local, Gustavo Posse, aseguró que la medida “ya tiene adhesiones de representantes de otros municipios”. También expresó su satisfacción porque la Gendarmería, ayer por la tarde, volvió a ocupar sus puestos en la villa La Cava, en la localidad de Beccar, donde cumplía una labor de “prevención del delito”, que también fue cuestionada en su momento por organismos de derechos humanos y por los vecinos del lugar, que se sentían discriminados.

Scioli, acompañado por varios de sus ministros, brindó una conferencia de prensa, una vez que se confirmó que había dos chicos, menores de 18 años, entre los detenidos por su presunta participación en el asalto a la casa de la familia Barrenechea. “Hay que acelerar algunos debates, es un tema central el de los menores de 12, 13 o 14 años que participan en delitos graves. Hay países de la región que han encarado este tema”, dijo el gobernador, sin fijar una postura concreta sobre el tema. En su intervención, reconoció que en la provincia hay “400 mil menores sin trabajo ni estudio” a los que “hay que darles las herramientas” necesarias para impedir que caigan en la delincuencia.

Luego de expresar “dolor y bronca” por el asesinato de Barrenechea, Scioli le dio la palabra al ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, quien enumeró todos los cambios realizados por el actual gobierno para acelerar el accionar de los juzgados provinciales y luego señaló la necesidad de abrir la discusión sobre “la imputabilidad de los menores”. En ese sentido mencionó la existencia, en el Congreso de la Nación, de 14 proyectos referidos al tema. Aunque Casal no lo precisó, esas iniciativas apuntan a establecer la vigencia de un sistema penal para adolescentes que brinde a los chicos acusados de delitos graves la posibilidad de asumir su defensa y, en todo caso, recibir condenas que no serían tan duras como las que se aplican, para los mismos casos, a los mayores.

Scioli dio como ejemplos las leyes de otros países de la región, como Uruguay, Brasil y Paraguay que “tienen leyes que fijan la imputabilidad en delitos graves a partir de los 13 o 14 años”. Tampoco explicó que en algunos de los países mencionados y en otros de América latina, el sistema penal juvenil aplica penas que, en algunos casos, no superan los tres años de prisión, incluso en los delitos graves, por tratarse de menores.

Consultado por PáginaI12, el especialista en minoridad Carlos Bigalli consideró que la baja de la edad de los menores en materia penal “es una propuesta sencillamente inconstitucional porque la Convención sobre los Derechos del Niño proscribe toda alternativa que suponga aplicar el régimen para adultos a los que no han cumplido los 18 años”. Por otro lado, Bigalli sostuvo que, en los hechos, “en algunos ámbitos de la Argentina, en la realidad, ya existen personas que no deberían ser punibles por su edad y que, sin embargo, están entrampadas por un poder punitivo sin los límites ni las garantías del derecho penal”.

“Eso es lo que les pasa a personas menores de 16 años que están privadas de su libertad por aplicación de la ley de facto 22.278, que establece condiciones ‘especiales’ de punibilidad que son encubiertas bajo el ropaje de una guarda tutelar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene todavía que resolver un hábeas corpus colectivo interpuesto por la Fundación Sur en favor de personas no punibles que están privadas de la libertad en el país”, explicó Bigalli. “La Cámara Nacional de Casación ya hizo lugar al planteo y declaró inconstitucionales las normas que habilitan esa respuesta punitiva con cosmética tutelar, pero las personas no punibles siguen privadas de su libertad.”

Para Bigalli, desde el siglo XII, “todos los discursos del poder validan las políticas persecutorias de los que perdieron en el reparto de bienes. Los que perdieron en el reparto de bienes ganaron en el reparto de males. Esto pasa con los pobres y con los hijos de los pobres”. Laura Mussa, por su parte, dijo estar “muy preocupada y muy asustada” por las palabras del gobernador Scioli porque parece que “su única respuesta sería la de endurecer las leyes, como ha pasado ya otras veces en nuestra historia reciente con malos resultados para todos”, en alusión a la llamada doctrina Blumberg, surgida a partir del asesinato del joven Axel Blumberg y de la influencia que tuvo sobre los legisladores, su padre, Juan Carlos. “Estas respuestas son absolutamente incoherentes. El Estado debería responder con más educación y con puestos de trabajo. Scioli habló ayer del Estado responsable, pero como si él no fuera parte del Estado. Lo que esperamos es una respuesta seria en materia de política criminal y no parches que nacen de la emergencia.”