Un proyecto sobre un nuevo régimen de becas para estudiantes secundarios de la ciudad de Buenos Aires en situación de vulnerabilidad social fue aprobado por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología porteña en el marco de un acuerdo al que llegaron los legisladores de los distintos sectores políticos que la conforman, incluso por copartidarios de la actual gestión, y adolescentes miembros de centros de estudiantes. Entre los puntos más importantes, el plan, que se trataría mañana mismo en el recinto, fija en 1200 pesos el monto mínimo de cada beneficio –el equivalente al salario mínimo, vital y móvil–, otorga a las autoridades administrativas un período máximo de 10 días para emitir una respuesta a cada uno de los solicitantes, y un lapso para el otorgamiento no mayor a tres meses de finalizado el período de inscripción a las becas, que abarca los 15 días previos y los 15 posteriores al día de inicio del ciclo lectivo.

El origen de los diálogos puertas adentro de la comisión se localiza en el recorte que rozó el 50 por ciento de la cantidad de becas otorgadas durante este año a los alumnos de escuelas medias públicas de la ciudad, efectuado por el Ministerio de Educación, y el revuelo que aquello ocasionó. Más de una docena de establecimientos tomados por sus estudiantes durante casi una semana y movilizaciones multitudinarias en reclamo de la restitución del beneficio graficaron el punto más alto del conflicto.

Si bien fueron cuatro los proyectos presentados en la comisión, cada uno con firmas de los distintos bloques, el consensuado ayer resultó uno creado “en el marco del debate mismo, donde se tuvieron en cuenta, además, datos aportados por los estudiantes que participaron”, explicó a este diario Diego Kravetz, presidente del bloque del Frente para la Victoria. Si bien no saben con exactitud, calcula que “más de 60 mil chicos se verían beneficiados con el nuevo proyecto –aseguró–. El proyecto apunta a reordenar y blanquear el proceso de otorgamiento del beneficio, con el que hasta ahora la actual gestión hizo lo que quiso”.

El punto más difícil de consensuar fue el referente a los requisitos que cada estudiante debe cumplir para percibir el beneficio. “El proyecto macrista era mucho más restrictivo en este aspecto”, señaló Kravetz. Según el plan aprobado, vivir en un hogar cuyo ingreso mensual resulte igual o menor a un salario mínimo y medio –1800 pesos–, o en uno con Necesidades Básicas Insatisfechas; concurrir a escuelas de reingreso; permanecer en situación de calle, en hogares convivenciales, o en núcleos habitacionales precarios o transitorios; ser padres adolescentes o estar por serlo; tener capacidades diferentes o padecer una enfermedad terminal son algunos de los requisitos necesarios para ingresar en el régimen; con cumplir uno solo uno alcanza.

Además, el proyecto divide el cobro del dinero en dos cuotas de 50 por ciento cada una: la primera, antes de cumplidos los tres meses del cierre de inscripción, “ya que son fundamentales al comienzo del ciclo lectivo: becas que llegan en septiembre son inútiles, cuando ya hay cuadros de abandono”, justificaron los legisladores en el proyecto. Una segunda cuota sería percibida antes del 30 de agosto.