La chica tiene 16 años y la habrían reclutado en un kiosco de la guardia del Hospital Santojanni. La prostituyeron durante un mes y pese a que, según sugieren las fuentes de la investigación, en ese tiempo ganó diez mil pesos, no la dejaron ir. Sus padres investigaron y denunciaron el hecho en octubre pasado. El testimonio de la joven derivó en varios allanamientos en Mataderos, donde una madama arrestada durante el procedimiento contó que su prostíbulo y otros que funcionan en ese barrio porteño contaban con protección y custodia a cargo de la policía. El juez federal Norberto Oyarbide ordenó entonces que se cite a indagatoria a la plana mayor de la comisaría involucrada, la 42. De probarse la acusación, los uniformados podrían recibir penas de hasta seis años de prisión y hasta 10 años de inhabilitación.

Los miembros de la Policía Federal, convocados al Juzgado Federal Nº 7 subrogado por Oyarbide, son el comisario Héctor Hugo Lucca (quien tuvo a su cargo la novena, que opera en el radio del barrio de Almagro), el subcomisario Fabián Agustín Güidali y otros tres efectivos de esa seccional ubicada en Lisandro de la Torre 2343, de Mataderos. Todos fueron señalados en una ampliación indagatoria de Silvia de Carlo, madama y supuesta dueña de un kiosco del hospital, quien confesó que pagaba coimas.

Esta mujer dijo no conocer los nombres de los policías, pero como la 42 había sido allanada por este caso, a fines de noviembre le mostraron las fotos, actuales y sin uniforme, de todo el personal. También había, según De Carlo, muchos clientes de su prostíbulo en esa comisaría. La chica de 16 años estaba desaparecida y sus padres ya habían recurrido a Missing Children para tratar de encontrarla.

El llamado a indagatoria es parte de las medidas de prueba ordenadas por el juez, quien investiga una red de trata de personas y el circuito de prostíbulos. Los policías están sospechados, en principio, del delito de “encubrimiento agravado”. Es que la detenida detalló que lo que aportaba a los policías era devuelto con supuestas custodias asignadas a su prostíbulo y a otros de la zona. En el expediente, además de la detenida, está procesado su hermano –aunque sin prisión preventiva– como “partícipe secundario” del delito de “trata de personas”.

El lugar en cuestión queda en un edificio ubicado en Lisandro de la Torre al 1007, segundo piso (a poco más de 10 cuadras de la comisaría 42). Fue allanado por orden del juez Sergio Torres, a cargo del Juzgado Federal Nº 7 en ese momento, la noche del 21 de octubre pasado, por detectives de la División Trata de Personas. La forma en que funcionaba se la conoce como delivery sexual (“sexo a domicilio”).

Las mujeres en situación de prostitución iban y venían en remises de la zona y eran ofrecidas a los clientes a través de un álbum de fotos. En el departamento también se encontraron publicaciones de diarios del rubro “ofertas sexuales”, material pornográfico y juguetes eróticos. El prostíbulo contaba con una puerta disimulada que daba a la calle Patrón. Según fuente judiciales, la madama no tenía contrato de alquiler alguno, por lo que se sospecha que el dueño del edificio sería cómplice.

A ese lugar también habían llegado los padres de una chica de Misiones que había sido secuestrada, cuyo abuelo es un diputado provincial. El legislador se contactó con el juez Alejandro Cilleruelo, del Juzgado Nacional Criminal de Instrucción 10, quien estuvo de paso en Misiones disertando sobre la prevención y lucha contra la trata de personas el 2 de octubre pasado. Informados y asesorados por este juez, los padres hicieron la denuncia y al llegar al edificio se encontraron con el subcomisario de la 42, Fabián Agustín Güidali.

“El tipo estaba tocando el timbre donde funciona el prostíbulo y los padres de la chica le dijeron: ‘Nuestra hija está secuestrada ahí ¿y usted está tocando ese timbre?’. El subcomisario dijo que no era ése el timbre como para salir del paso. Después fueron a la comisaría y no les querían tomar la denuncia”, comentó el vocero judicial consultado por este diario. Ahora, agregó la fuente, el juez Cilleruelo y su secretaria tienen custodia de la Gendarmería Nacional porque reciben llamados poco amistosos de parte del jefe de Güidali, el comisario Héctor Lucca.

El comisario de la 42 fue citado por el juez Oyarbide el próximo lunes; el subcomisario tendría que ir el martes y los otros tres policías el miércoles. La Policía Federal informó ayer que todavía no se habían adoptado medidas para los efectivos involucrados en la denuncia. La figura penal que pesa sobre los imputados contempla penas de hasta seis años de prisión y hasta 10 años de inhabilitación, pero en la Justicia no descartan que de las indagatorias pueda surgir la presunta comisión de un delito más grave aun que el encubrimiento.