Vecinos del barrio 17 de Noviembre, un asentamiento constituido hace menos de dos meses por más de tres mil familias que ocuparon tierras en Ingeniero Budge, a un kilómetro de Puente La Noria, cortaron el Camino Negro durante más de seis horas y luego levantaron la medida, tras recibir la respuesta oficial de que están avanzadas las gestiones para la compra de esas tierras. Autoridades nacionales, provinciales y de la Municipalidad de Lomas de Zamora que trabajan en áreas relacionadas con la problemática habitacional se reunieron con delegados y vecinos del predio y lograron destrabar el conflicto. “Las tierras serán de la gente que verdaderamente la necesita. Hay una obligación tácita del Estado que indica que tiene que comprar este terreno para construir un barrio. Y lo vamos a hacer”, sostuvo el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, Claudio Palermo. Además, informaron que la orden de desalojo, prevista en principio para el 15 de enero, fue suspendida; prometieron proveer de agua potable con camiones cisterna e instalar un camión sanitario con personal médico para asistir a los habitantes.

Las gomas de auto comenzaron a arder sobre el asfalto cerca de las 7 de la mañana. El humo cubrió rápidamente el cielo y se convirtió en esa señal que tanto maldicen la mayoría de los automovilistas y colectiveros: el paso hacia la General Paz y desde el Puente La Noria estaba cortado. La medida fue llevada a cabo por un grupo de mujeres y hombres que viven en algunas de las casillas que levantaron con madera, chapa y cartón sobre la tierra del “campito de Tongui” –como es conocido el terreno en la zona– para reclamar por “una definición” sobre su situación. “Queremos comprar las tierras, pero para eso primero debe comprarlas el Estado, y nadie nos atiende, nadie nos da respuestas”, explicó Armando Chávez, uno de los representantes de los vecinos.

A medida que pasaban los minutos, cada vez más gente llegaba a la autopista desde el barrio. “La única forma que tenemos de hacernos escuchar es esta, cortando la ruta. Y lo vamos a hacer hasta conseguir una respuesta”, enfatizó Alejo Moreira, mientras pensaba junto con un grupo de vecinas cómo hacer para conseguir agua fresca para el momento en que el sol se volviese insoportable.

Ese momento finalmente llegó. Y con él, el director municipal de Tránsito lomense, Julio Riquelme. Además de caluroso, el ambiente se puso denso. Es que las primeras noticias que recibió la gente en la ruta vinieron de la boca del capitán Luis Neibart, titular de la comisaría 10º de Lomas de Zamora. “No sé qué hacen acá. Desde la Comisión Nacional de Tierras me acaban de confirmar que ayer se realizó una reunión con 70 delegados del barrio, a los que se les comunicó que no los van a desalojar”, desafió el policía. Y la gente enfureció, más aún los delegados que participaban de la medida, pero que no habían estado en esa supuesta reunión con las autoridades nacionales.

Según Neibart, el llamado que recibió fue de la directora del área social de ese organismo, Miriam Denegri. En diálogo con Página/12, la funcionaria aclaró que la negociación de la compra de las tierras objeto de la protesta “está en proceso” y que “existe un acuerdo con la Justicia de que mientras el Estado esté interviniendo de la manera en que lo hace ahora, es decir, las autoridades municipales, provinciales y nacionales en conjunto, el desalojo no va a producirse”.

Denegri ratificó la información sobre la reunión mantenida el lunes con un grupo de delegados y posteriormente negada por los propios delegados y vecinos en la ruta. La realidad es que existen dos o más comisiones de delegados dentro del 17 de Noviembre –el nombre del barrio hace referencia a la fecha de la ocupación– que se encuentran enfrentadas por diferencias políticas. Una de ellas es la que organizó y concretó el corte de ayer a la mañana. La otra, liderada por Humberto Chamorro, uno de los delegados, se desmarcó de esa medida. Se acusan mutuamente de mentir a los vecinos, de amenazarlos con la quita de tierras, no comparten asambleas y se boicotean las medidas planeadas mutuamente, pero en el fondo el reclamo que alzan es el mismo: quedarse a vivir en esas tierras.

La intervención de Riquelme en la negociación con los manifestantes no tuvo el éxito que el funcionario fue a buscar. “Queremos el compromiso serio de un funcionario con decisión. ¿Qué tiene que ver el director de Tránsito con la compra de un terreno?”, retrucó el delegado Daniel Chamorro a la propuesta oficial.

La promesa de llevar un camión cisterna y un trailer sanitario al predio fue tomada por los vecinos, aunque no la consideraron razón suficiente para levantar el corte.

Entonces fue el turno del secretario de Obras Públicas del municipio, Julio Massara, que tampoco tuvo éxito con su propuesta: “Podemos enviarles agua y médicos. Ese es mi compromiso. De tierras sólo les puedo decir que no corren peligro de ser desalojados”.

Los ánimos comenzaron a calmarse cuando, al cabo de más de seis horas de corte, llegó el subsecretario Social de Tierras bonaerense y comunicó que la protección contra todo desalojo “se prorrogó por 45 días más” –vencía el 15 de enero–; confirmó que las tierras ya habían sido tasadas “y lo único que resta para la compra es negociar con los dueños”.

“Acá nadie les viene a dar órdenes, pero tenemos que trabajar en conjunto. tienen que colaborar”, les dijo a los vecinos antes de reclamarles: “Levanten el corte”. Entonces, la discusión se trasladó a los habitantes del predio. Luego de una asamblea y de lograr que los tres funcionarios presentes fijaran fecha, hora y lugar de una reunión para seguir hablando de la compra del terreno –finalmente será el 13, a las 10, en alguna dependencia municipal–, levantaron el corte. Al encuentro acudirán no sólo los delegados, sino los vecinos, que se manifestarán “hasta que den respuestas claras”, recalcó un hombre, antes de irse caminando lento, bajo el sol, a su casilla en el medio de su nuevo barrio.

Informe: Ailín Bullentini