La Cámara porteña en lo Contencioso Administrativo ordenó al gobierno de Mauricio Macri que les entregue viviendas definitivas a unas 450 familias que habitaban Villa Cartón y hoy sobreviven en un “centro de evacuados” en el Parque Roca. Sus Señorías dispusieron que, mientras se construyen las casas, el gobierno porteño deberá entregarles un subsidio o darles alojamiento en hoteles o pensiones. También le señalaron a la gestión PRO que luego deberá cerrar el centro de evacuados porque “no cumple con las condiciones mínimas de higiene, seguridad y habitabilidad”. Los camaristas ordenaron al juez Roberto Andrés Gallardo que vuelva a convocar una audiencia para acordar con el gobierno “la reubicación inmediata de los habitantes”. La última vez que Gallardo llamó a una audiencia no asistió ninguno de los funcionarios citados –Macri incluido– y esa misma semana diluviaron más de 700 recusaciones del gobierno porteño contra el juez.

Desde el incendio de Villa Cartón, hace dos años, sus habitantes sobreviven en viviendas “transitorias” sin iluminación, sin agua corriente, con un sistema de cloacas que rebasó más de una vez y sin asistencia médica. Tras un año de vivir en esa situación, Gallardo hizo lugar a un amparo en el que ordenó al gobierno porteño que les diera un subsidio. La gestión PRO no cumplió con la medida, argumentando que si recibían el subsidio, los habitantes perdían el derecho a una vivienda definitiva, que les había sido concedida por una norma de la Legislatura.

En aquel fallo, Gallardo dejó entrever diversas irregularidades del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) en el centro de evacuados: entre ellas, señaló que el IVC envió bidones de agua que no era apta para consumo humano y que autorizó la construcción de dos comedores para los evacuados por 161.975 pesos que no se construyeron. El juez ordenó que les dieran a los habitantes los “servicios mínimos”, que incluían la presencia de médicos, dado que se encuentran en un lugar aislado. El gobierno porteño tampoco envió médicos porque sostuvo que no estaban dadas las condiciones mínimas de seguridad en la zona.

Por falta de asistencia médica, falleció un bebé en el “centro de evacuados”. Gallardo convocó entonces a una audiencia al jefe de Gobierno y a otros funcionarios de la gestión para que dieran explicaciones. Ninguno asistió. Luego el juez allanó siete dependencias del gobierno porteño para secuestrar documentación que probaba que no cumplieron con la orden judicial de destinar médicos al Parque Roca. El mismo día de los allanamientos, desde la gestión PRO presentaron una querella por daños y perjuicios contra Gallardo y lo recusaron masivamente en más de 700 causas

Este hecho inédito fue denunciado por la oposición porteña como un ataque a la independencia de la Justicia. Las recusaciones fueron rechazadas.

Pero los habitantes de Villa Cartón siguen en el mismo lugar y los fallos de Gallardo fueron apelados por el procurador porteño Pablo Tonelli. Finalmente, la Sala I de la Cámara, que integran los jueces Horacio Corti y Carlos Balbín, falló contra el gobierno porteño.

El fallo recorre las condiciones en las que viven los evacuados en Parque Roca: “Las familias conviven en situación de hacinamiento extremo en monoambientes precarios, que carecen de agua potable, gas y duchas. Se observan aguas estancadas en los pasillos. La red eléctrica es precaria –ya causó incendios en los módulos–, la provisión de agua potable sigue siendo deficiente, la seguridad de la población no se encuentra garantizada y no existe servicio de atención a la salud”.

Los camaristas resolvieron que el gobierno porteño debe entregar los subsidios o reubicar a los habitantes lo que “no implicará la renuncia a la vivienda definitiva”, contra lo que argumentaban en la gestión PRO. Le ordenaron a Gallardo que convoque una audiencia para que se llegue a un acuerdo sobre la reubicación de los habitantes (por subsidio o dándoles un lugar en una pensión u hotel), pero también advirtieron que si en esa audiencia “no llegasen a un acuerdo de traslado y reubicación” el juez debe adoptar medidas para que tengan una vivienda digna.