Cada semana, los inspectores porteños clausuran una decena de puestos callejeros de choripán, los mismos lugares a los que acuden miles de personas en busca de un tentador sandwich de chorizo. Es que esa actividad no está permitida, pero a la vez cuenta con una demanda que permite la supervivencia del negocio, pese a los frecuentes decomisos de mercadería. Para revertir esta situación, el gobierno de la ciudad elaboró una reglamentación para la venta ambulante de alimentos, que incluye también a los puestos de panchos –que tampoco están autorizados– y de otros artículos, como garrapiñadas y pochoclos. El proyecto, que entrará esta semana en la Legislatura, prevé otorgar permisos individuales para la explotación de la actividad, en especial a jefes de hogar desocupados, discapacitados, ex combatientes de Malvinas y antiguos permisionarios de estas actividades. La venta sólo estará permitida en parques, plazas y espacios públicos amplios, como la Costanera.
En la actualidad, sólo está autorizada la venta ambulante de bebidas (café y gaseosas) y alimentos como el maní tostado, garrapiñadas, pochoclos o helados. Pero los permisos de explotación están todos vencidos, lo que hace casi imposible el control de la actividad. En cambio, los puestos de panchos y choripanes no están autorizados.
“El proyecto apunta a regular y encauzar la actividad con normas claras y pautas de higiene alimentaria”, dijo a Página/12 la secretaria de Gobierno y Control Comunal, Silvana Giudici, impulsora de la iniciativa. Se trata de un proyecto de ley que apunta a regular la venta de alimentos en el espacio público y abre la posibilidad de otorgar permisos precarios, por un año. Las actividades se dividen en tres rubros:
u La elaboración y venta de productos alimenticios en ubicaciones fijas (panchos y choripanes).
u La venta ambulante por cuenta propia (maní, garrapiñadas, pochoclos).
u La venta ambulante por cuenta de terceros (gaseosas, helados, café).
Para el primer grupo de puesteros, el gobierno habilitará lugares específicos: plazas y plazoletas con una superficie no menor a dos hectáreas. Sin embargo, para la instalación de parrillas para choripanes, los espacios deben ser mayores a 30 hectáreas. En esta nómina figuran la Costanera Norte y la Sur, el Parque Tres de Febrero, la Feria de Mataderos y el predio del Mercado de Hacienda, el Autódromo y los parques Roca e Indoamericano, pero se excluye la Reserva Ecológica. También se habilitarán puestos en las inmediaciones de los estadios de fútbol, pero sólo los días en que se juegan partidos.
La iniciativa apunta a establecer controles sobre una actividad que creció en el último año al ritmo de la crisis y la desocupación: centenares de personas se largaron a la calle a vender comidas preparadas en su casa y proliferaron las parrillas armadas con tanques de 200 litros partidos al medio, instaladas en las veredas de cualquier barrio.
La iniciativa del gobierno porteño apunta, especialmente, hacia aquellos puestos que no están en condiciones de garantizar las condiciones mínimas de salubridad. “Si se trata de salchichas, carnes o chacinados, requieren un equipo de refrigeración, la adecuada separación de los alimentos crudos y cocidos, y un lugar para que el que cocina pueda lavarse las manos”, aclaró Giudici. Aunque el proyecto no lo aclara, la idea es no permitir las parrillas comunes o las de tambores. “Se apunta a que los puestos sean del tipo de los que funcionan en la ciudad de Montevideo, con heladera y una pileta, conectada a un pequeño tanque de agua”, agregó la funcionaria.
–Si el objetivo es darle posibilidades a los desocupados, difícilmente esas personas puedan acceder a una instalación de esas características –observó este diario.
–Para esos casos, la Secretaría de Desarrollo Económico podrá otorgar una línea de créditos para microemprendimientos –respondió la funcionaria. El diagnóstico que elaboró la Secretaría de Gobierno y Control Comunal explica la explosión de la venta de alimentos en lugares públicos en el fuerte crecimiento de explotaciones de subsistencia, por un lado, y en la presencia de “grupos organizados, que distribuyen por la mañana las parrillas y luego pasan a recoger la recaudación”.
Desde comienzos de este año, los inspectores han realizado más de 500 decomisos de parrillas. “Pero como la ley obliga a devolver los elementos secuestrados, los puestos se vuelven a instalar”, explicó Giudici. “Por eso –argumentó la funcionaria–, optamos por regularizar la situación, y para garantizar la igualdad de oportunidades, vamos a abrir un registro de postulantes”.