Tras el duro golpe asestado por los tres fiscales la semana pasada, en el que pidieron la condena del sacerdote Julio César Grassi a treinta años de prisión por diecisiete hechos de abuso sexual y corrupción de tres chicos que estaban a su cuidado, ayer fue el turno de los alegatos de los abogados particulares de dos de esos jóvenes, con pedidos que superaron la veintena de años tras las rejas. Según su abogado, Sergio Piris, esa cantidad de años le corresponden a Grassi por haber presuntamente abusado dos veces y corrompido en otra oportunidad a “Gabriel”. En tanto, Jorge Calcagno consideró que la pena para el sacerdote debería ser de 25 años de prisión por el supuesto abuso sexual de “Luis” en diez oportunidades. Hoy a las 10 iniciará sus fundamentos Juan Pablo Gallego, querellante por el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), y por “Ezequiel”.

El primero en expresarse frente al Tribunal nº 1 de Morón fue Sergio Piris, abogado del joven conocido como “Gabriel”, que además de solicitar una pena de 20 años de prisión para el sacerdote, al que acusa de haber abusado en dos oportunidades y haberlo corrompido en otra oportunidad, pidió también “prisión efectiva en el momento de la sentencia”. El alegato, además, sumó un agravante más a los que ya habían puesto en la mesa los fiscales. De acuerdo con el alegato del abogado, los supuestos abusos son “aberrantes” teniendo en cuenta que Grassi “fue guardador del joven, sacerdote y presidente de la Fundación Felices Los Niños”, a la que asistía no sólo “Gabriel”, sino también “Luis” y “Ezequiel”.

En diálogo con Página/12, Piris destacó que, dentro de la enorme cantidad de prueba que se reunió a lo largo de los más de ocho meses de juicio, “lo fundamental fueron las pericias psicológicas y psiquiátricas que aseguraron que “Gabriel es una persona creíble, que su relato es real y que no fabula”. En ese sentido, las pericias a las que se refirió el letrado se convirtieron en vitales por la característica de los delitos que se juzgan, “que son privados y en los que no hay testigos”. En un grado menor, aunque también importantes, nombró el testimonio de personas que conocían en profundidad a su defendido, “como el de su madrina, que certificó que nunca mintió”.

Por su parte, Jorge Calcagno, el defensor de otra de las víctimas en el juicio conocido como “Luis”, solicitó ayer una pena de 25 años y prisión efectiva para el procesado una vez que el juzgado dicte la sentencia. Al salir del Palacio de Justicia de Morón, el letrado sostuvo que espera un fallo “objetivo y justo”. Su pedido se centra en los diez hechos de abuso sexual supuestamente sufridos por “Luis”.

Hoy comenzará su alegato Juan Pablo Gallego, el abogado representante de Casacidn y “Ezequiel”, el tercer acusador, que se extenderá hasta el lunes. Según explicó, sus fundamentos “tendrán un perfil similar al alegato de los fiscales, con lo cual el rango de pena estará alrededor de lo que pidieron ellos”.

Luego de opinar que sus colegas “hicieron un muy buen trabajo”, el letrado consideró que este momento es “crucial”, ya que el Tribunal “está en vías de formación de convicción”. En ese sentido, adelantó que el objetivo de sus alegatos será “aportar una visión de derecho internacional en relación con el juzgamiento de estos delitos, que obligan a una posición multidisciplinaria. La visión puramente judicial no alcanza para abarcar los efectos que deja el abuso sexual en un chico”.

Una vez que finalice sus dichos Gallego, será el turno del descargo de los abogados defensores del sacerdote, última parada antes de la sentencia. Según Piris, “se sabe que la defensa extremará al límite lo que le queda, que no es mucho. Su estrategia será la misma que hasta ahora: desvirtuar hechos y dichos de los chicos”. Por su parte, la querella de Casacidn vaticinó que “atento a la cantidad de delitos que se están juzgando la pena será muy alta, sobre todo por la enorme cantidad de agravantes”. De ser sentenciado con la máxima pena, Grassi debería pasar los próximos 37 años y seis meses tras las rejas.

Informe: Ailín Bullentini.