El salón Montevideo de la Legislatura porteña estaba lleno de diputados opositores, gremialistas, militantes sociales y de organizaciones de derechos humanos. La reunión obedecía a una sola preocupación, el destino de Puerto Pibes, un enorme predio público destinado a alojar, recrear y educar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, que ha sido desmantelado por el gobierno porteño para usarlo como una de las instalaciones de la futura policía metropolitana. Ya hay un recurso de amparo en marcha para detener el cierre del lugar, que para todos los ayer presentes resulta un emblema de la política de Mauricio Macri para la ciudad: “Menos inclusión social y más represión”.

“Lo de Puerto Pibes no es un hecho aislado. Hay una sistemática agresión a todo lo que sea público. Ya lo vivimos cuando quisieron recortar la becas a los estudiantes o cuando se metieron con el presupuesto de los hospitales. El tema de la niñez no podía ser la excepción.” Con estas palabras, Rodolfo Arrechea trazó el mapa de situación que viven los empleados estatales porteños. El hombre, secretario general de ATE-Capital, comentó la extraña situación en la que se encuentran los chicos del colegio que comparten instalaciones con Puerto Pibes, donde hay casi treinta uniformados que dicen ser ex policías federales y custodios de Macri. “Es como poner a los lobos a cuidar a las ovejas.”

Por otra parte, Arrechea habló de dos situaciones naturalizadas por el macrismo. La primera es el incremento de las cámaras de vigilancia instaladas en varios puntos de la ciudad, la segunda es la patota de la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP) que echa a los indigentes de los lugares que ocupan. “Cuando asumieron había dos mil personas en situación de calle, ahora hay 20 mil. No es casualidad, no tienen políticas de vivienda social y se la pasan desalojando gente”, dijo el dirigente de ATE, quien aconsejó, por estas mismas razones, “no subestimar al enemigo”.

Luego tomó la palabra Manuel Gutiérrez, de Ademys, un gremio de docentes porteños. “El espacio público refiere a determinadas relaciones sociales”, dijo antes de ser interrumpido por los aplausos generados por la entrada de dos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Hoy, el uso de este espacio tiene un anclaje social e ideológico determinado por los sectores empresariales. La política de Macri es eficiente porque responde a un carácter de clase determinado –continuó–. El caso de Puerto Pibes es un hecho emblemático porque ataca a la niñez, hipotecando la igualdad social.”

Gutiérrez pidió que se unan los sectores progresistas de la ciudad y sus reservas democráticas para detener “el ataque a lo público”. Detrás suyo, de pie, había varios legisladores: Gabriela Alegre y Raúl Puy, de Diálogo por Buenos Aires; Diana Maffía, de la Coalición Cívica; Martín Hourest y Liliana Parada, de Igualdad Social. Esta última legisladora presentó el lunes pasado un recurso de amparo y medida cautelar para que se garantice el derecho a la educación de los chicos que concurren a la escuela Primera Ministro Indira Gandhi, vecina del que sería un centro de operaciones de la policía metropolitana.

Esta convivencia de los alumnos de jardín y primaria, en su mayoría provenientes de la Villa 31 bis, y los uniformados fue uno de los temas más debatidos ayer. Nadie creía posible ni recomendable tal convivencia. Una señora, que no quiso dar su nombre pero contó que era del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, dijo haber encontrado una coincidencia entre alumnos y uniformados. Fue durante una inspección a Puerto Pibes, de la que participó, cuando en uno de los cuartos de los uniformados encontró un manual, aunque no era escolar. Su título era “Guía de productos de defensa de Israel”.

“En todo caso se tendrá que ir la policía”, dijo el siguiente orador, Eduardo López, secretario general de UTE, otro gremio docente porteño y que está enrolado en la Ctera. López da clases en la Villa 1.11.14 y usó una metáfora periodística para referirse a los alumnos de la escuela Indira Gandhi: “Hay que luchar para que el destino de nuestros niños no sean las páginas policiales, sino las páginas de educación, de cultura”. Después, a tono con sus antecesores, arengó: “Esta lucha la podemos ganar”.

Su ejemplo fue la iniciativa del Ministerio de Educación porteño de recortar de 30 a 15 mil las becas estudiantiles, en 2008. “Al final, después de unirnos y luchar, conseguimos que esa 15 mil becas se transformen en 62.500. Hoy, es el puntapié de esta nueva pelea.” El siguiente orador fue alguien que conoce los manejos del Ministerio de Desarrollo Social, del que depende el área de Niñez y Adolescencia. Se trata de Humberto Rodríguez, delegado de la Junta Interna de ATE de esa dirección. “Hay cien personas que no cobran su sueldo, algunos desde noviembre pasado. No tenemos recursos humanos ni materiales, el área funciona de manera irregular y precaria”, enumeró.

Sobre el cierre, habló la legisladora Liliana Parada, quien la semana pasada recorrió el lugar luego de que Página/12 denunciara la situación. Contó que la escuela Indira Gandhi, que es de doble jornada, no tiene gas hace dos años y que el colmo es que se trata de un establecimiento especializado en informática y hace un año que no tienen Internet. Este asunto quedó solucionado porque los uniformados pusieron un servicio Wi-Fi (según pudo saberse ayer, pagado con dinero del propio ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro). “No queremos una ciudad policial, queremos una ciudad sin violencia social”, concluyó Parada.

El miércoles que viene, desde la 10.30, habrá un festival en ese predio ubicado en avenida Intendente Cantilo y La Pampa, por la “recuperación de Puerto Pibes”.