Después de dos años y medio, tres personas muertas, entre ellas dos bebés, demandas judiciales por incumplimientos sanitarios y de primeros auxilios e, incluso, una multa impuesta sobre el patrimonio personal de Mauricio Macri, el gobierno porteño, en dos días, desalojó y cerró definitivamente el centro de evacuados de Parque Roca. El precario albergue –construido para las casi 450 familias que habitaban la ex Villa Cartón destruida por el fuego en 2007– “fue cercado el martes a las 16 y, desde ese momento, nadie pudo entrar ni salir del predio hasta que fuera trasladado a otro lugar. No importaba adónde ibas, lo fundamental era que te fueras de ahí”, confirmó a Página/12 Sabrina Pello, desde una pequeña habitación alquilada para toda su familia en el barrio Ramón Carrillo. Los más de 1500 habitantes de los “módulos” recibieron dinero por el “calvario de los traslados”, pero aún no tienen una solución habitacional definitiva.

“Para las familias de bajos recursos todo, siempre, es transitorio. Las viviendas de Villa Cartón eran transitorias, los módulos habitacionales del centro de evacuados eran transitorios y, ahora, los subsidios son transitorios.” Luciana Bercovich fue la veedora que puso el juez Roberto Gallardo para comprobar las irregularidades dentro del centro de evacuados y es integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización que promovió demandas contra el gobierno porteño por los incumplimientos en el lugar. También, Bercovich fue una de las pocas personas que pudo ingresar al predio de Parque Roca el primer día de los desalojos. “Casi no hubo resistencia ni violencia por parte de los refugiados. Las condiciones de habitabilidad en el centro eran infrahumanas. Casi nadie quería seguir viviendo ahí, entonces nadie se quejó”, relató la mujer.

Luego Bercovich hizo una pausa y su voz fue susurro: “Estas son las consecuencias de bajar el presupuesto de la escasa política habitacional del gobierno de la ciudad. Porque el 95 por ciento de las familias, después del traslado, fueron a parar nuevamente a las villas”. El 16 de febrero último, debido a las precarias y degradantes condiciones de vida en el centro de evacuados (tres personas murieron y varias se enfermaron), el juez Gallardo intimó al gobierno porteño a que se ocupara de los habitantes del “asentamiento” y los trasladara a un lugar más “habitable”. La fecha límite para el cierre del centro era ayer. Para no incurrir otra vez en una falta, el gobierno de Macri impulsó y realizó mudanzas, subsidios, traslados y cierre definitivo en sólo dos días. Desde el martes a las 16 hasta ayer al mediodía, “todo fue un verdadero caos: cuando llegaron las personas del BAP (Buenos Aires Presente) nos dijeron que en cinco minutos cerraba el predio y que nadie iba a poder entrar o salir. Entonces nos dieron unas cintitas con nuestros nombres, como si fuéramos presos”, relató Sabrina.

Informe: Mariana Seghezzo.