La investigación sobre el secuestro de Antonio Echarri tuvo tiene y seguramente tendrá derivaciones inesperadas y que no atañen directamente a hipótesis tradicionales sobre conformación de la banda o quién podría ser su cabecilla. En realidad, estas derivaciones tocan tangencialmente el caso y están volcadas en dos expedientes paralelos a la causa principal guardados celosamente en el juzgado federal de Manuel Blanco, ahora subrogado por Arnaldo Corazza. Esas dos investigaciones atañen directamente a la información mediática sobre el caso. En una, Blanco apunta contra el o los funcionarios responsables de la entrega de un casete con las grabaciones de las negociaciones entre Pablo Echarri y los secuestradores, transmitidas luego por al menos dos canales. En la otra, la hipótesis de trabajo del juzgado es investigar cómo esos medios tuvieron tanta precisión e inmediatez sobre los movimientos policiales.
El caso Echarri se transformó, desde el primer día en que se tuvo noticia del secuestro, en un caso mediático. Es muy probable que la figura de Pablo Echarri, mostrado desde un sufrido y dramático costado de su vida, haya acaparado la atención haciendo del secuestro de su padre un tema noticiable casi con la lógica de una telenovela. La declaración de uno de los detenidos, Germán Ferrand Luna, señalando que el celular del actor a través de cual realizó la negociación del rescate se lo había provisto un productor de Mauro Viale, agregó un condimento demasiado picante para ser despreciado. Ayer, el pedido de captura del productor, que su domicilio haya sido allanado y que sea considerado prófugo (ver aparte) no hizo más que enardecer los cálculos de rating.
Hasta ese punto, todo entra dentro de la lógica investigativa de un caso policial. Pero desde el viernes mismo, un día después de la aparición de Antonio Echarri sano y salvo, el juzgado federal de Manuel Blanco se dispuso a dos tareas extra: descubrir cómo llegaron a manos de dos canales las grabaciones de las negociaciones mantenidas entre Pablo Echarri y los secuestradores de su padre e investigar cómo fue que tenían conocimiento tan cabal e inmediato de las movidas policiales. La importancia que le dio al tema fue subrayado con la exigencia del mismo juez a todos los actores del caso para mantener silencio de radio. “En la Bonaerense había ayer una persecuta bárbara porque muchos temían quedar pegados”, reveló una fuente confiable, entre castañeteos dentales.
Esas dos tareas mencionadas comenzaron a tomar forma en dos expedientes abiertos en el mismo juzgado. “Los expedientes existen”, reveló a Página/12 una fuente muy ligada al caso, obvia y necesariamente anónima. “En uno (las grabaciones), el juez quiere embocar al funcionario responsable de la entrega de los casetes”, confió el experto. En la investigación del caso, y en cualquier otra investigación, poder para grabar conversaciones telefónicas sólo lo tienen la Justicia, la SIDE y la policía (en este caso la Bonaerense). Y las grabaciones sólo las realizan estos dos últimos organismos. En pocas palabras, Blanco investiga para imputar a algún funcionario de la SIDE o de la Bonaerense.
Dichas grabaciones fueron emitidas al aire cuando aún no se conocía la suerte corrida por Antonio Echarri y cuando algunos programas se animaban a preanunciar un final trágico y catastrófico. Una de las grabaciones, emitidas por el Canal 9, en realidad no fue una reproducción del casete sino una grabación trucha, producida en el mismo canal y luego pasada como una dramatización aunque sin aclararlo. “No eran las voces reales ni lo que se dijo exactamente, pero el contenido el canal lo sabía”, reveló la misma fuente. Y agregó: “Ese día, cuando pasaron las voces de la negociación, se armó un despelote tremendo. Hasta la familia Echarri llamó indignada para acusarnos. Después nos dimos cuenta de que ni esas voces ni esas palabras existían en el original. Eran truchas”. Después, cuando el secuestrado apareció con vida, al menos dos canales emitieron, esta vez sí, las grabaciones reales.
El segundo expediente abierto por el juez Blanco tiene que ver ya no con la filtración del casete sino con la información que disponía al menos un canal sobre cómo iban ocurriendo los hechos. Lo que parece haber llamado más la atención en el juzgado fue la velocidad con que se disparaban los datos en la pantalla chica. Entre las hipótesis barajadas, una considera como más probable que los datos hayan sido entregados a medida que ocurrían. “Desde la SIDE alguien llamaba por teléfono al productor para pasarle la merca”, sintetizó un experto policial. La otra hipótesis sostiene que el acceso a la información fue logrado mediante tecnología capaz de bajar del aire conversaciones mantenidas a través de un celular (ver aparte). Esa tecnología es muy cara y son muy pocos los que están en condiciones, en el país, de ponerla a funcionar. Pero existir, existe.