Pese a que las fechas de elecciones todavía no están firmes en el calendario, Buenos Aires ya se ha convertido en escenario de la contienda. política. Es lo que se ve en las paredes, postes y cabinas telefónicas, tapizados de afiches de candidatos de distintos partidos, en especial del justicialismo. Durante octubre, el gobierno porteño realizó 600 actas de infracción por pegar carteles y realizar pintadas en lugares prohibidos, y hoy presentará una denuncia ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, para que prohíba la pegatina de afiches electorales en la ciudad, por violación a la Ley Electoral. De acuerdo con esa norma –sancionada hace cinco meses– solo se pueden difundir avisos de campaña en los 30 días previos a las elecciones internas. Según los cálculos oficiales, entre pintadas y afiches, se ensuciaron en forma ilegal 10.000 metros cuadrados de paredes. El 90 por ciento de las infracciones corresponde a propaganda en favor del ex presidente Carlos Menem.
La presentación judicial será formulada por la subsecretaria de Logística y Emergencia del gobierno porteño, Lía María, que tiene a su cargo la limpieza de las paredes y el control de la cartelería ilegal en la ciudad, dentro del programa “Paredes limpias”. Como prueba, acompañará las actas de infracción labradas por los inspectores de la ciudad, con detalle de fecha, hora y domicilio, y varias fotos donde se registran las faltas. Se trata de afiches con las leyendas “Menem 2003”, “Vamos Lole”, “Menem volvé” y “Rodríguez Saá Presidente”, entre otras. También hay carteles de Néstor Kirchner, José Manuel de la Sota, Leopoldo Moreau y otros del ARI y el Polo Social, aunque estos corresponden a la última campaña electoral, en 2001.
De acuerdo con la denuncia judicial, se trata de “publicidad extemporánea”, es decir, realizada fuera del plazo legal, estipulado por la Ley Electoral en 30 días antes de las elecciones internas. Las primarias del peronismo, previstas en principio para el 15 de diciembre, fueron postergadas para el 19 de enero, aunque la fecha debe ser confirmada por la Justicia.
El objetivo de la ley era acortar las campañas y disminuir el gasto de la política. Para el caso de la televisión, la norma acorta el período de autorización a los diez días previos al comicio. Justamente en ese límite se basó el fiscal federal Jorge Di Lello para pedir que se prohíba un spot televisivo de José Manuel De la Sota, medida a la que accedió Servini de Cubría. Ahora, el gobierno porteño espera que la jueza adopte el mismo criterio para frenar la disputa que se lleva a cabo en las paredes de la ciudad.
La otra norma que violan los candidatos es el Código de Habilitaciones de la ciudad, que en su Capítulo IV establece que los afiches sólo deben ser pegados en lugares autorizados. “Si no pueden respetar una ordenanza municipal, menos van a respetar la Constitución nacional”, desafió la subsecretaria de Logística.
La infracción a esa norma merece una multa de 130 a 270 pesos. La sanción es fácil de aplicar cuando se trata del aviso de un comercio, una institución educativa o un boliche bailable, que habitualmente incluye su domicilio, pero resulta de difícil cumplimiento cuando son afiches proselitistas que ni siquiera llevan firma. “En principio, debe hacerse responsable la empresa que pega los carteles, pero también se le envía el acta al partido representado por el candidato”, explicó la funcionaria a Página/12.
Carlos Menem se lleva cómodo el primer puesto en las violaciones a la ley (de publicidad en la vía pública): nueve de cada diez carteles pegados en forma irregular proclaman su candidatura para el 2003. Los hay de todos los tamaños y en los sitios más diversos: paredes, columnas, semáforos, gabinetes de electricidad, cabinas de teléfonos públicos y hasta puestos de diarios y vidrieras. “La ciudad y sus vecinos no tienen por qué pagar ninguna ambición presidencial”, advirtió Lía María. Para las elecciones de 2001, el gobierno gastó 30.000 pesos en la limpieza de muros y paredes y este año ya ejecutó los 20.000 pesos destinados a ese fin. “Para poder continuar con el trabajo, convocamos a 800 personas con subsidios para jefes de hogar”, agregó la funcionaria.
La subsecretaría a su cargo realiza desde agosto un relevamiento de los lugares que han sido ensuciados con pintadas y afiches proselitistas: en total suman unos 10.000 metros cuadrados. La limpieza de esas superficies demandan un costo de entre 7 y 10 pesos por metro cuadrado, estimó la titular del área.
Para prevenir lo que podría ocurrir cuando las elecciones estén más próximas, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para que se embarguen los aportes económicos que reciben los partidos por la cantidad de votos, hasta que no paguen las multas firmes que deben.