Una vez más, una intervención de Su-Señoría-el-Rating pone en zona de riesgo el caso Echarri. Antes, ya lo había hecho con la propia vida de Antonio, al transmitir las conversaciones entre Pablo, su hijo, y los secuestradores. Ahora, de comprobarse que aquellas transmisiones son copias de las originales, serán motivo de un pedido de nulidad como prueba: la defensa se queja de que el secreto de sumario rige sólo para ellos. En caso de que así suceda, caerá una de las principales pruebas con que cuenta la Justicia para acusar a los detenidos. Que ya no son siete sino ocho. Ayer se agregó el último. No se trata del joven productor de Mauro Viale –con pedido de captura desde el martes–, sino de un hombre acusado de haber entregado un celular a través del cual se comunicó la banda.
Hoy, Oscar Salas, defensor de Germán Ferrand Luna, Josefina Agüero, su hijo, Juan Carlos Cajigal, Eduardo Wilson, Dionisio Furtado y su novia, Vanessa Castro, se presentará ante el juez federal Arnaldo Corazza con dos pedidos: “Primero –dijo Salas–, que investigue cómo se produjo la violación del secreto de sumario y que obre en consecuencia”. Como anticipó Página/12, ya existe un expediente por las filtraciones que permitieron al menos a un canal seguir paso a paso los movimientos policiales, y otro en el que se investiga a funcionarios de la SIDE y de la Bonaerense por la entrega de los casetes con las negociaciones.
Salas también pedirá que se determine si las escuchas transmitidas por la televisión son las mismas que constan en la causa. “Si es así, pediremos la nulidad de esas pruebas.” El dato no es un simple tecnicismo: si no sirven como prueba caerá una de las principales patas con que cuenta la investigación. Salas, además, solicitará la falta de mérito de las dos mujeres. “Agüero no sabía en qué estaba su hijo. Y Vanessa fue detenida cuando estaba con su novio en el bingo, que por el momento no es delito.” La estrategia es demostrar que los más comprometidos (Ferrand y Cajigal) no eran parte de la banda sino que mejicanearon el rescate. Esa estrategia se choca con un dato: según los investigadores de la Bonaerense, después de que Pablo entregara el dinero recogido por Cajigal, quienes custodiaban a Antonio Echarri le dijeron: “Andá a bañarte que te vas”. Según esa hipótesis, estaban enterados del pago y dieron por hecho la liberación. “Pero después, los que cobraron se llevaron todo”, confió un investigador a este diario.
Ayer por la tarde, se agregó el octavo detenido. Claudio Martínez, de 38 años, atrapado en Avellaneda. En la vivienda encontraron documentación de un celular utilizado por los delincuentes para mantener algunas de las negociaciones. Siguen prófugos Ezequiel Di Cugno, hijo del ex sargento de la Federal José Luis Di Cugno (el séptimo detenido), y dos sospechosos más, aunque los investigadores no revelaron si Martínez era uno de ellos.
Por otro lado, Martín Murguía, el joven productor de Mauro Viale, sigue ausente sin aviso pero con pedido de captura. Su abogado, Alejandro Vecchi, clamó a los cuatro vientos que su defendido se presente ante la Justicia. Pero Murguía no aparece. Todo hace suponer que se trata de una estrategia defensista y que recién se presentará este fin de semana, cuando venza el plazo del secreto de sumario y el abogado pueda enterarse de la condición en que se encuentra el joven. A Murguía lo señaló Ferrand Luna como quien le proveyó el número del celular de Pablo Echarri. Ese número fue escrito en un papel que, según Ferrand, Murguía le dejó en un kiosco. La presencia de Murguía permitirá una pericia caligráfica que determinará si fue él quien escribió el teléfono.
Por último, Corazza ordenó la realización de pericias de voz sobre las grabaciones. El resultado determinará si esas voces se corresponden con las de los acusados. Siempre y cuando las pruebas no caigan a golpes de rating.