La gestión porteña en materia de niñez pretendió “salvar” a la Fundación Felices los Niños y resolvió quitarle la inscripción recién seis meses después de tener conocimiento sobre la grave vulneración de los derechos de los chicos y adolescentes alojados en el Hogar San José Obrero, de Chacarita, y cuando el caso tuvo amplia trascendencia mediática (iniciada por las revelaciones de este diario). Esta es una de las denuncias que realizaron ante Página/12 integrantes del plenario del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CNNyA), en las que advirtieron además, sobre la “ausencia de políticas sociales inclusivas” en el ámbito de la Ciudad. Un mínimo presupuesto para programas que promueven la “revinculación” familiar de chicos institucionalizados, serias dificultades para “externar” a niños y adolescentes internados en el Hospital Neuropsiquiátrico Tobar García y en clínicas privadas con indicación de “alta médica”, eliminación de talleres sobre derechos sexuales y reproductivos en escuelas secundarias, disminución del presupuesto para subsidios a familias en emergencia habitacional, un déficit de 1900 vacantes en salas de prescolar y jardines maternales, son algunos de los puntos de un informe sobre la situación de la niñez en el segundo año de gestión macrista en la Ciudad, elaborado por consejeros del CDNNyA.

El Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el organismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsable de promover y proteger el cumplimiento de los derechos de todos los chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires, tal como se informa en el sitio oficial del gobierno porteño. Fue previsto en la Constitución de la Ciudad y creado por la Ley 114. Es un órgano colegiado con una dirección ejecutiva, que responde al jefe de gobierno, Mauricio Macri, y un plenario integrado por 14 miembros con voz y voto: cinco consejeros en representación de la Legislatura, otros cinco en nombre de ONG y cuatro por las defensorías zonales de niños, niñas y adolescentes.

Entre sus funciones figuran articular las políticas de infancia implementadas desde las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad. Pero los funcionarios que deberían discutir programas y políticas en el marco de ese órgano rara vez concurren a la reunión mensual del CDNNyA. Esta es la primera queja en relación de un grupo de consejeros consultados por este diario: Mabel Bianco, directora de la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); Marta Cerutti, de la Asociación Argentina de Educadoras y Educadores Sexuales; Jose Machain y Perla Prigoshin, del bloque legislativo del Frente para la Victoria; Ana Logiudice, del Encuentro Progresista y Florencia Elgorriaga, de Diálogo por Buenos Aires.

“Los subsecretarios del gobierno de las áreas involucradas en la temática están obligados por ley a participar de las reuniones del plenario que se realizan una vez por mes. En todo el año 2008 y en lo que va del 2009, el subsecretario de Salud concurrió una sola vez. El de Educación, este año no vino nunca y la directora de Niñez y Adolescencia Maria Vanesa Wolanik, solo fue a la reunión de diciembre. Están desdibujando y avasallando las funciones del Consejo y el rol que tiene como rector de las políticas de niñez”, objetó Bianco consejera por la sociedad civil en el plenario del CDNNyA.

Los seis consejeros firmaron esta semana una declaración pública donde cuestionan duramente el accionar de la dirección ejecutiva del organismo, a cargo de Jessica Malegarie y de Gladys Suárez, en el caso del Hogar San José Obrero, de la Fundación Felices los Niños que lidera el sacerdote Julio César Grassi, juzgado por abuso sexual en 17 hechos y corrupción de menores. Suárez fue la interventora del hogar y quien llevó adelante la negociación con la justicia para que el hogar quedara en manos del Arzobispado porteño (ver aparte).

Los consejeros advirtieron que el gobierno de Mauricio Macri “no tiene políticas para avanzar en la desinstitucionalización de los chicos y sacarlos de los hogares”. Detallaron que la Dirección General de Niñez destina apenas el 5 por ciento de su presupuesto (tan solo 7.610.050 pesos) para programas de “revinculación familiar”, es decir, para promover que chicos que hayan sido separados de su ámbito familiar por alguna razón –abandono, hechos de violencia, pobreza– puedan volver a vivir ya sea con sus padres –si es posible–, con abuelos o con otros parientes, y puedan dejar la institución en la que están alojados. En el Hogar San José Obrero se encontraron casos de chicos que hacía 8 años que vivían en esa institución.

“Lo que sucedió con el Hogar San José Obrero es una muestra de la falta de controles sobre los hogares”, consideró la abogada Prigoshin.

Los consejeros hicieron un análisis de las políticas de niñez del gobierno porteño Y denunciaron, entre otros, los siguientes aspectos:

n Se suprimieron los talleres sobre derechos de los jóvenes, con especial hincapié en los derechos sexuales y reproductivos, que dictaban ONG en escuelas secundarias.

n En 2008 no hubo casi talleres de educación sexual en las escuelas promovidos desde el gobierno porteño para alumnos y docentes. Para la segunda mitad de 2009 se autorizó a un grupo de ONG, desde el Ministerio de Educación, el dictado de un número muy reducido que cubrirá apenas algunos cursos de 54 establecimientos secundarios. En total hay 478 escuelas de nivel medio.

n En relación a los subsidios habitacionales del Programa de Apoyo a Familias en Situación de Calle, que consiste básicamente en transferencias monetarias para cubrir gastos de alojamiento, se observa una disminución del presupuesto: de un monto ejecutado en 2007 de 24.826.717 se pasó en 2009 a un presupuesto de 20.528.094.

“Esta reducción presupuestaria se realiza sin políticas complementarias, que mejore las condiciones de los actuales beneficiarios. Este panorama debe ser evaluado en el marco de la política de “desalojos compulsivos” impulsada por esta administración, sumada al veto de la Ley de Emergencia Habitacional que habilitó la serie de desalojos, que había apoyado el propio bloque PRO”, observó Machain. En relación al ámbito educativo, “la principal demanda insatisfecha” tiene que ver con la falta de vacantes en salas de 5 años y de jardines maternales, señaló Elgorriaga, de Diálogo por Buenos Aires. “A la fecha quedan pendientes de resolver aproximadamente 1900 pedidos de vacantes. En algunos casos, ante la falta de vacantes se implementó un sistema de trasladado de los alumnos en micros escolares de un distrito a otro, por ejemplo: del DE 21º (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo) al DE 14º (Agronomía, Chacarita, Villa Ortúzar)”, describe el informe de los consejeros. También denuncian que hay “serias dificultades” para externar a niños y adolescentes internados en el Hospital Neuropsiquiátrico Infanto Juvenil Tobar García u otras instituciones de salud mental, que cuentan con alta médica.