Un fallo de la Justicia porteña detuvo la construcción de un muro que pretendía separar la escuela Indira Gandhi del Complejo Puerto Pibes, en un predio del barrio de Núñez que es utilizado por futuros agentes de la policía metropolitana. El recurso de amparo había sido presentado por la legisladora porteña Liliana Parada. La jueza Andrea Danas hizo lugar al pedido, tras citar a declarar a Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, quien había sido el promotor de la construcción del muero. El funcionario aseguró que los uniformados que ocupan desde marzo las instalaciones del predio donde además funciona un centro de recreación para niños en situación de emergencia social y la mencionada escuela, “solo cumplen tareas administrativas”. La jueza entendió, a partir de esa declaración que no había riesgo para la seguridad de los niños y niñas que usan el predio. Sin embargo, quienes trabajan allí sostienen lo contrario. “De vez en cuando se los ve armados. Nos damos cuenta porque cuando les suena el celular y se lo sacan del bolsillo se les ve el arma en la cintura, la llevan como si estuvieran en el Lejano Oeste”, dijo a Página/12 uno de los siete profesores del programa de líderes comunitarios que se dicta en Puerto Pibes, por cierto el único programa que se desarrolla en el predio ubicado en Parque Norte.

La jueza había citado a Montenegro el 18 de mayo pasado para que explicara sus intenciones en Puerto Pibes y diera más detalles sobre las denuncias, publicadas por este diario, sobre la convivencia entre personal policial armado y niños, niñas y adolescentes. También lo consultó sobre su forma de “solucionar” el problema: construir un muro.

El plan de dividir físicamente había sido criticado por la oposición en la Legislatura porteña y generó el recurso de amparo presentado por la diputada Parada, del bloque Igualdad Social. Sin embargo, el ministro Montenegro insistió con la idea. De hecho, el pasado 23 de abril hubo una reunión ilustrativa sobre el proyecto de construir el paredón entre autoridades de la cartera de Educación, de Seguridad, autoridades del colegio y padres y madres de alumnos. La propuesta fue rechazada de plano por la comunidad educativa porque, como recriminó en esa ocasión una docente, “si levantan un paredón es porque hay algo peligroso del otro lado”.

En el fallo de Danas son citados algunos conceptos del ministro Montenegro en referencia a los uniformados: “Esas personas estarán en el lugar hasta que se consiga un sitio donde ubicar a la Policía Metropolitana en forma definitiva, siempre habrá entre 20 y 25 personas trabajando en la planificación de la futura fuerza; esas personas sólo harán tareas administrativas porque no son policías de la Ciudad de Buenos Aires”. A partir de estas declaraciones, la jueza decidió que no había necesidad entonces de construir una barrera física.

Lo que no queda claro es si habrá un centro de inteligencia allí o sólo será un espacio administrativo como deslizó Montenegro ante la jueza. Veceros del ministerio aseguraron a este diario que allí se cumplirán tareas de “logística” de la futura fuerza, sin aclarar en qué consistirían esas actividades.

Al respecto, uno de los docentes consultados por Página/12 advirtió que “si sólo necesitan dos oficinas, como las que ya tomaron, por qué no buscan otro lugar en vez de cerrar Puerto Pibes, que es un lugar de integración y aprendizaje para los chicos y jóvenes”.

Parada, por su parte, afirmó que aunque no se impidió que la policía se instale en el lugar, “se logró que no se construya la pared divisoria de tres metros, como quería el Gobierno de la Ciudad”. “Esto se basó en una ‘chicana’ del ministro Montenegro, que negó que estas personas son policías retirados de la Federal y que en algunos casos utilizan las armas reglamentarias”, agregó. La legisladora pidió el retiro definitivo de los futuros policías metropolitanos del predio.

Por lo pronto, el clima en Puerto Pibes es por lo menos “confuso”. Hace poco, contó un docente, saltaron las térmicas del lugar inexplicablemente: “Estuvimos tratando de ver si había un cortocircuito o algo así, al final encontramos que habían puesto un calefón eléctrico sin consultarnos y que ese aparato estaba cortándonos la luz”. Hace más de un año que no hay gas en el lugar, algo que ya empiezan a sufrir hasta los enviados por Montenegro.