A fines del año pasado, el presidente ecuatoriano Rafael Correa indultó a casi 1500 personas presas, la mayoría por transportar pequeñas cantidades de droga. La medida ya había sido anunciada por el propio presidente a sólo un año de asumir su mandato y tenía un trasfondo personal. Su padre estuvo cuatro años preso en Estados Unidos por un delito de este tipo y al volver a Ecuador, humillado y quebrado económicamente, se suicidó. Página/12 dialogó sobre este indulto a las denominadas “mulas” con Michelle Artieda, secretaria de Planificación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador, un ministerio creado por Correa. “Una de las formas injustas de llenar la cárcel es la ley de drogas”, explicó la funcionaria durante la charla.

Artieda estuvo tres días en Buenos Aires y habló el viernes en la séptima Conferencia sobre Drogas organizada por la asociación civil Intercambios en el anexo del Congreso de la Nación. Integró el panel de “Reformas legislativas en América latina”, junto al diputado brasileño Paulo Teixeira y Mónica Cuñarro, coordinadora del Comité Científico que asesora al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Allí explicó que está en proceso de debate un proyecto de ley de drogas que modifique la actual, ya que “viola el principio de legalidad, establece penas no proporcionales y no diferenciadas; esto quiere decir que a un acto de portar cantidades mínimas pueden sobrevenir penas graves como el asesinato”.

En Ecuador, como en Argentina, la ley fue impulsada por la administración estadounidense de Richard Nixon y profundizada por su par Ronald Reagan en los ochenta, bajo el concepto de “tolerancia cero” a las drogas. La norma se aplica desde 1992 y saturó las cárceles. Más aún a partir la Iniciativa Andina Contra las Drogas, un programa norteamericano impulsado a partir de 2001 en varios países de la región. “Hicimos una gran campaña para que la gente supiera el verdadero origen de la ley y que ese origen no respondía a un análisis social para producir una ley si no que venía de una influencia externa diferente, con unos intereses distintos”, aclaró la funcionaria.

Según un informe de la ONG Trasnational Institute, que califica de “sensata y prágmatica” la decisión de Correa, “la legislación ecuatoriana en materia de sustancias controladas es una de las más duras de la región”. De hecho, la funcionaria reveló durante la conferencia que la segunda causa de detención en el Ecuador es la tenencia de estupefacientes: “Teníamos 4578 personas presas por estar vinculadas a delitos por drogas, 2200 de ellas detenidas por cantidades menores a 2 kilos”. Las mujeres constituyen la mayor parte de la población encarcelada por narcotráfico.

–¿Cómo fue tomada la noticia de los indultos en Ecuador?

–Muchas de las decisiones del presidente han causado gran sorpresa, afortunadamente contamos con toda una ideología detrás de sus decisiones y de la posibilidad de ir cambiando esa sensación de sorpresa de la gente porque vamos mostrando cuál es el fundamento, la razón por la que se hacen esos cambios. En este sentido, Correa intenta cambiar el modelo del Estado neoliberal a un Estado garantista de derecho, un Estado, de Derecho y de Justicia.

–Hay muy pocas experiencias de este tipo en el mundo, la última en Italia en 2006. En el caso de Ecuador, ¿esta medida obligó a hacer más reformas?

–El tema de los indultos fue considerado dentro de todo un proceso de tratamiento al sistema penitenciario y de un reenfoque de la visión del sistema de privación de la libertad. Todo el sistema penitenciario estaba afectado por un gran hacinamiento, tenemos 35 centros carcelarios que estaban ocupados al 200 por ciento de su capacidad. Y un sistema procesal penal que, a pesar de ser acusatorio porque la ley lo manda a ser acusatorio, es ineficiente todavía en alguna medida y producía grandes cantidades de personas privadas de la libertad sin sentencia. No fue sólo el tema de las mulas, sino todo un cambio en el sistema penitenciario de Ecuador.

–En ese contexto de hacinamiento, ¿cuánto tuvo que ver el prohibicionismo absoluto en relación con las drogas?

–Una de las formas injustas de llenar la cárcel son precisamente esta cantidad de leyes penales que estaban dispersas en diferentes tipo de legislación y una de ellas es la ley de drogas. Esa ley hace un tratamiento injusto de las personas. Es una ley penal no adecuada a la realidad nacional y además de una ley penal que no está dentro del régimen penal sino dentro de una ley especial, que es la ley de drogas que estipula el tratamiento a la personas que están en situación de adicción y por otro lado el tratamiento a las personas que llevan pequeñas cantidades de drogas.

–¿Sea en el cuerpo o en un maletín?

–Donde sea.

–¿Cuántos años de cárcel podrían tener las mulas?

–Bueno, dependiendo de la cantidad, la pena máxima son 25 años. Lo que pasa es que no hay una diferenciación en los tipos penales. Y además, el sistema probatorio era muy precario, eso permitía abusos en las detenciones por parte de la autoridad a cargo. Entonces, una persona porta una cantidad pero después era acusado por otra cantidad.

–¿Cómo se implementó el indulto?

–Se levantó un censo. Primero se determinó con las otras autoridades del sistema penal una cantidad de droga. Insisto en este punto: no había una discriminación sobre la cantidad en el tipo penal. La cantidad que se determinó fue hasta dos kilos. Al decir que no había una discriminación en la cantidad, debo decir que en la cárceles que estaban acusadas por el mismo delito pero por cantidades inmensamente distintas.

–¿Había una cantidad por la que se consideraba que la tenencia de drogas era para consumo personal?

–Sí. Hasta 20 gramos, fuera de 20 gramos era tráfico.

–Perdón por ser insistente, pero resulta intrigante la recepción que tuvo el indulto en la población. ¿Hubo mucho rechazo?

–Se sensibilizó mucho a la gente.

–¿De qué forma?

–Hubo una gran campaña para hacer conocer a la gente cuál era el origen de la ley de drogas en el Ecuador y que ese origen no respondía a un análisis social para producir una ley, sino que venía de una influencia externa diferente con unos intereses distintos.

–Explicaron de qué se trataba “la guerra a las drogas” esponsoreada por las Naciones Unidas.

–Por supuesto. Antes se hicieron estudios en los centros de privación de libertad de hombres y de mujeres. Primero se determinó la cantidad de drogas por la que estas personas estaban cumpliendo penas o estaban con prisión preventiva, porque además la ley de drogas admitía prisión preventiva y prisión preventiva indiscriminadamente también. Eso es fatal.

–¿Las 1500 personas liberadas tenían sentencia?

–Era una de las condiciones para el indulto, además de que hayan sido detenidas por hasta dos kilos de drogas. Tenemos tres tipos de tratamiento en la reforma penitenciaria. El primero es para las personas privadas de la libertad que están sin sentencia y uno de los compromisos del presidente en este sentido es “cero presos sin sentencia en el Ecuador” o al menos un número tolerable de presos sin sentencia. El otro compromiso fue el de los indultos.

–El indulto no alcanzó entonces a los que tenían prisión preventiva.

–No, pero lo que se hizo fue trabajar con la defensa pública penal que también fue creada por el presidente Correa, antes no teníamos. Así avanzamos en la eliminación de presos sin sentencia; además si había personas que habían cumplido con la caducidad de la prisión preventiva, sean o no sean personas que estuvieran por temas de drogas, salían.

–¿Qué pasaba con las personas que no podían pagar un abogado particular?

–Bueno, ése era uno de los problemas por el que tantas personas estaban presas. El Estado preveía en la Constitución la figura del defensor público, pero nadie se había preocupado en organizar el sistema de defensa hasta que llegó el presidente. La segunda medida, el indulto, fue para mulitas y para personas en la cárcel por narcotráfico, por tráfico muy pequeño que no se puede llamar tráfico. La mayoría fueron indultados por este tema pero también los enfermos terminales eran... bueno, en realidad “son” beneficiarios del indulto. El tercer tratamiento fue una reforma normativa al tipo penal para determinar todas estas cosas que se discriminaban antes, cantidades, condiciones de la prueba para que no haya abusos de la autoridad al momento de la detención. Hicimos una reforma integral de todo el sistema penitenciario.

–¿Cuál era la situación carcelaria cuando asumió Correa?

–Teníamos 17 mil personas privadas de su libertad; de esas 17 mil, cinco mil eran presos sin sentencia. Era una situación realmente grave, muy inhumana. Las mulitas fueron gran parte de las personas beneficiadas, pero la reforma en el servicio penitenciario permitió que en total quedaran libres más de 6600 personas.