María Rachid, la mujer que entabló un reclamo judicial para poder casarse civilmente con quien es su novia desde hace años, no está sola. A casi una semana de que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, aconsejara a la Corte Suprema que remitiera el tema al Congreso nacional, Rachid recibió apoyo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), cuya presidenta presentó ayer un escrito en calidad de amicus curiae. El recurso, habitual en procesos importantes, sostiene que no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo constituye una “violación continua de un derecho humano, en detrimento de un conjunto de personas en virtud de su orientación sexual”. “Es importante, porque se trata de un organismo del propio Estado el que nos está apoyando”, explicó a Página/12 Rachid, quien como titular de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) adelantó la intención de otras instituciones y juristas de presentarse en las mismas condiciones. Y no sólo eso: Rachid adelantó que, en lo inmediato, parejas de lesbianas y gays intentarán casarse civilmente en algunas provincias.

“La imposibilidad legal de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio –acción que evidentemente no presenta repercusiones perjudiciales frente a terceros/as ajenos/as al vínculo matrimonial– entraría en franca contradicción” con la Constitución Nacional, sostiene en un pasaje la presentación de Lubertino, quien retomó también la experiencia internacional en la materia para sustentar su posición. Entendido el matrimonio como derecho humano, y su imposibilidad como una vulneración de ese derecho elemental, la idea que subyace al impedimento pone en conflicto la noción de dignidad.

En “palabras de la Corte Suprema de Massachussetts –sostiene el texto presentado a la Corte Suprema argentina–, ‘sin el derecho de elegir con quien casarse, a las parejas del mismo sexo no sólo se les niega la plena protección que les brindan las leyes sino, además, se los excluye del acceso a toda una gama de experiencias como seres humanos’”. Actualmente sólo la ciudad de Buenos Aires, Villa Carlos Paz y Río Negro cuentan con leyes de unión civil; en Mendoza, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Jujuy y Chaco se han presentado proyectos de ley para sancionarla.

En diálogo con Página/12, Lubertino indicó que esa línea de argumentación busca exponer algo más profundo que la pelea por una serie de derechos económicos y patrimoniales. “Por empezar, se trata de poner en igualdad de condiciones a todas las familias. Nos parece interesante el argumento de que no se trata sólo de que merecen disfrutar de los mismos derechos que otras personas sino que también se trata de respetar y respaldar la misma dignidad para todas las personas. Porque en algunos casos hay quienes dicen que, si no es el matrimonio, se puede crear la unión civil, que da algunos derechos fundamentalmente económicos, pero no deja de ser un eufemismo. Queremos dejar sentada la idea de que los mismos derechos deben tener los mismos nombres.”

“Juristas reconocidos y profesores de Derecho de distintas partes del mundo en pocos días se van a estar presentando también como amicus curiae, también otras organizaciones”, señaló Rachid. De hecho, posiblemente entre ellos se cuente Andrés Gil Domínguez, un jurista cuyos textos, descontextualizados, fueron usados para fundamentar el rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo.