Dos altos jefes del Servicio Penitenciario Federal fueron citados a indagatoria por la justicia federal de Chubut. De algún modo, la citación puede responder a parte de la pregunta que este diario hizo en julio pasado, sobre el destino de los 9400 pesos que el Estado nacional invierte mensualmente en cada uno de sus presos, no por suma excesiva sino porque los internos no suelen enterarse que se gaste en ellos. Los dos penitenciarios, el ex jefe de administración del penal de Rawson, Osvaldo Bernachea, y su ex segundo, Sixto Ferreyra, serán indagados por la desaparición de 774.440,60 pesos destinados a las cuentas del SPF, cobrados por ventanilla con firma autorizada, y que según determinó el fiscal federal de Chubut, Fernando Gélvez, está demostrado que no fueron ingresados a las cuentas del organismo. El destino de esos fondos se desconoce. Lo que se conoce es el destino de los dos acusados y el del denunciante. Los dos primeros fueron ascendidos en cargos y jerarquía. El denunciante, Horacio Leguizamón, ex jefe de administración de ese penal, fue jubilado a los bifes, y hoy vive de un kiosco y el sueldo de docente de su esposa.

El Instituto de Seguridad y Resocialización U6, que los chicos en las calles de la capital de Chubut conocen con el nombre menos pomposo de cárcel de Rawson, alberga presos por causas federales y un número menor por causas de la justicia provincial. Como ocurre habitualmente, el alojamiento lleva un costo y como se trata de un penal federal, lo paga el Servicio Penitenciario Federal. La justicia provincial le entrega detenidos porque carece de alojamientos, pero paga un valor estipulado. Chubut adeudaba parte de esos pagos. En 2006 el gobierno de Das Neves decidió saldar la deuda y fue depositando las sumas correspondientes al 2004, 2005 y 2006 en una cuenta abierta en el Banco Nación de esa ciudad. La suma estaba destinada a agregarse a las arcas del SPF. Hasta que la denuncia de Leguizamón alertó sobre el destino de esos fondos.

Leguizamón era jefe de administración de la U6 de Rawson en 2006. Reemplazaba en su cargo a Bernachea. Cuando Leguizamón tomó los libros contables del penal descubrió que algunas cuentas no cerraban. Determinó que 774.440,60 pesos que habían sido extraídos de la cuenta provincial del Banco Nación no habían ingresado en las cuentas de la U6, del SPF.

Cuando Leguizamón comenzó a ventilar el faltante empezó a recibir algunas recomendaciones desde arriba. “Desde Buenos Aires sabían todo y me querían dar el pase a Río Gallegos”, dijo el denunciante a este diario. Finalmente, siguiendo el sistema de premios y castigos, Leguizamón fue retirado a la fuerza, ocho años antes de cumplir los 30 de servicio, y anulándole la posibilidad de recibir tres ascensos de jerarquía más.

Lo renunciaron durante una licencia por una intervención quirúrgica que se debió hacer en la vista. “El 1º de junio de 2007 me dieron el retiro, aunque yo nunca me di por enterado porque para esa época estaba de licencia.” Tal es la burocracia que mientras por un lado urdían su despido, por el otro le informaban, mediante carta documento, que había recibido calificaciones sobresalientes para un ascenso.

Leguizamón había presentado el caso del manejo fraudulento de los fondos ante la justicia federal de Chubut, y pedía que se investigara a Bernachea y Ferreyra, como responsables de los retiros, y hacia arriba a las autoridades penitenciarias por posibles encubrimientos.

Curiosamente, Leguizamón quedó afuera y en su reemplazo fue convocado Bernachea, también ascendido de jerarquía y colocado nuevamente en el cargo por el que se lo investigaba. Por otro lado, Ferreyra fue también ascendido al estratégico puesto de director general de Auditoría Contable, es decir, a cargo de las cuentas de todo el SPF.

“La denuncia permitió que se abriera una investigación. El Servicio Penitenciario nos envió las actuaciones que había realizado. Nosotros terminamos una investigación que inclusive contó con una pericia que confirmó que no se siguieron los procedimientos habituales de contaduría para este tipo de hechos”, dijo el fiscal Gélvez al periodista Oscar Castelnovo, de la Agencia Rodolfo Walsh.

La investigación judicial determinó que los dos imputados retiraban con su propia firma los cheques de la suma faltante, ya que estaban habilitados para hacerlo. En pocas palabras, el fiscal conoce el monto del dinero, quién o quiénes lo retiraron, y dónde debería haber llegado y no llegó. Incluso, conoce la suerte del denunciante. Lo que se desconoce es el bolsillo final de los casi 800 mil pesos.