Legisladores porteños estudian un pedido al Tribunal Superior de Justicia porteño para que declare la inconstitucionalidad de la resolución que obliga a todos los empleados porteños a llenar una declaración jurada en la que informarán “si poseen más de un empleo”. La resolución se publicó el viernes en el Boletín Oficial y generó inquietud en buena parte del personal. Dos legisladores opositores consideran que la medida vulnera la ley de hábeas data ya que esa información “corresponde a la vida privada de cada persona”, dijo el diputado Diego Kravetz. “El jefe de Gobierno puede controlar a los empleados para que cumplan su horario, y tienen la obligación de hacerlo, pero no puede exigirle una información que es de su esfera personal”, agregó Gonzalo Ruanova.

La medida alcanza a todos los empleados del gobierno de la ciudad, tanto el personal de planta como contratado, con excepción de los docentes, quienes deberán cumplir el mismo procedimiento antes de fin de año. Incluye al personal contratado del Teatro General San Martín, que –según denuncian– desde hace dos meses no cobra sus haberes. De acuerdo con una circular de la Subsecretaría de Recursos Humanos, la exigencia de declaraciones juradas se lleva a cabo desde el lunes y debe completarse en un plazo de quince días hábiles.

Voceros del Ministerio de Hacienda –el área desde donde se impulsa la medida– argumentaron a Página/12 que la exigencia de declaraciones juradas obedece a fines “informativos y estadísticos”, pero también de “control” que se complementa con otras iniciativas, como la implementación de tarjetas magnéticas para marcar el ingreso y la salida al lugar de trabajo. “Es una herramienta más para tener información sobre el cumplimiento de las tareas”, aseguró la fuente. Y puso como ejemplo el caso de “un médico que no cumple con las 35 horas semanales porque tiene que atender su consultorio particular o en una clínica privada”.

De acuerdo con la resolución, el personal de planta y contratado “deberá informar, con carácter de declaración jurada, si poseen otro empleo en relación de dependencia o autónomo, de carácter remunerado o a título gratuito, en cualquier dependencia pública o privada así como el horario de dicha prestación”. La norma alcanza a “las personas que se desempeñen en cualquier función o cargo remunerado o relación contractual, con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad”. Ese personal tiene un plazo de “quince días hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial”, es decir, del viernes pasado. Se aclara que “el falseamiento de la declaración jurada o su falta de presentación en tiempo y forma constituirá falta grave”.

“Esta es otra muestra de improvisación de la gestión de Macri, ya que las posibles incompatibilidades las deberían haber detectado mediante el censo que nunca terminaron; al menos, en 18 meses, nunca mandaron los resultados que pedimos”, dijo a Página/12 el diputado Ruanova (ex ibarrista). “Los empleados tienen el deber de cumplir el horario establecido, pero no tienen por qué informar sobre datos que corresponden a su actividad privada”, agregó el legislador, uno de los que estudia una presentación judicial contra la medida.

“Estoy analizando un pedido de acción declarativa de inconstitucionalidad de esa norma ante el Tribunal Superior de Justicia”, agregó Diego Kravetz, hasta ayer presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura. “¿Está mal que un médico prestigioso, que es jefe de servicio en un hospital público y luego cobra 200 dólares en su consultorio privado pueda mantener los dos empleos?”, se preguntó el legislador. Y coincidió en que “se puede perfectamente controlar los horarios sin andar preguntando lo que hace la gente después de cumplir con su trabajo”.