Además de las contradicciones y agujeros negros que marcan la investigación sobre el secuestro de Antonio Echarri, el caso desató diversas polémicas. La difusión de las grabaciones de las negociaciones entre Pablo Echarri y los secuestradores, cuando Antonio aún no había sido liberado, fue una de las patas de esa polémica. El conocimiento inmediato de los movimientos policiales y su difusión pública, es otra. Ayer, la Asociación PERIODISTAS fijó su posición frente al tema: en un comunicado de diez puntos, responsabilizó a las autoridades públicas por las divulgaciones y condenó “la demanda ávida por parte de medios y periodistas que están dispuestos a pagar por tan ruin materia prima”.
La Asociación Periodistas para la Defensa del Periodismo Independiente sostuvo en su primer punto que “es responsabilidad de las autoridades públicas la divulgación de datos que pueden poner en peligro la vida de personas secuestradas”. En ese aspecto, cabe recordar que cuando aún transcurría el cautiverio de Echarri, el Canal 9 comenzó a informar, con detalle y en forma casi simultánea a los acontecimientos, todos los pasos que daban los investigadores en la búsqueda de Antonio. Esa divulgación promovió la apertura de un expediente paralelo a la causa. “Sin la ilegal e inmoral infidencia estatal, no se correría tal riesgo”, señaló PERIODISTAS. “En ninguno de los casos conocidos hubo investigación periodística sino filtración de fuentes policiales y de los servicios de inteligencia.”
“Esos trascendidos no se producirían si no hubiera una demanda ávida por parte de medios y periodistas que están dispuestos a pagar por tan ruin materia prima”, señaló luego. PERIODISTAS consideró, en cambio, “admisible la difusión de los detalles de la negociación una vez concluido el hecho, para satisfacer el legítimo interés general por acontecimientos de trascendencia pública”. La asociación hizo extensiva la licitud de la difusión en el caso de las negociaciones grabadas por las autoridades y difundidas luego de concluido el hecho.
PERIODISTAS recordó jurisprudencia de la Corte Suprema por el caso Ricardo Balbín, cuando el ex dirigente radical fue fotografiado moribundo en una sala de terapia intensiva: “Las personalidades públicas deben estar más expuestas que los ciudadanos comunes al escrutinio público, pero aun así conservan un ámbito de privacidad que no puede ser invadido en forma impune”. Ese ámbito se “corresponde a los derechos personalísimos” y “ni el carácter público del hecho o de sus protagonistas, ni la supuesta culpabilidad de los interlocutores autoriza a invadir esas esferas”. Finalmente, el comunicado se expide sobre el rating: “El empleo de semejantes recursos en la búsqueda de mayor rating o ventas constituye una mera estrategia comercial que no puede encubrirse como un servicio público o de interés general”.