La Asesoría Tutelar porteña presentó un recurso de amparo contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ante el hecho de que chicos de 9 a 14 años permanecen encerrados en institutos psiquiátricos durante meses, aun después del alta médica, en lugar de ser incluidos en programas que faciliten su regreso a la familia o, en última instancia, ser derivados a otras instituciones. Los chicos están en los hospitales Tobar García y Alvear y, según Laura Musa –titular de la Asesoría–, “la ciudad tiene contratos con establecimientos privados que podrían recibirlos, pero éstos se niegan a aceptar a chicos que hayan pasado por instituciones psiquiátricas y el gobierno lo acepta, así como no supervisa los tratamientos y servicios que brindan”. La reclusión psiquiátrica de estos chicos es una “punta de iceberg” –graficó Musa– de la respuesta del Estado ante la niñez desprotegida.

El recurso de amparo fue presentado ayer ante el fuero Contencioso Administrativo y será tramitado por el juez Osvaldo Othegui. Incluye los casos del joven S. A. S., de 17 años; el niño P. J. M., de 11 años, internado en enero (pese a que, ya entonces, “no presentaba riesgo para sí o para terceros”); la adolescente M. A. S., de 13 años, también desde enero (ver recuadro); la niña G. R. V., de 12 años, desde mayo; la joven I. M., de 17 años, desde abril; el niño N. S., de 9 años, desde diciembre de 2008; la joven M. L. F., de 16 años, desde noviembre de 2008. Dos de ellos están en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear y el resto en el Hospital Infanto Juvenil Tobar García, “en virtud de la inacción del gobierno de la ciudad, que hasta la fecha no ha cumplido en brindar recursos para hacer efectiva su externación”. Según Musa, “hay otros diez o doce chicos en la misma situación: ojalá que el gobierno de la ciudad reaccione para que no haga falta judicializar todos los casos”.

La acción requiere que el juez “ordene la intervención de la Dirección de Salud Mental de la CABA”, que “establezca un mecanismo de diálogo con participación de todos los actores involucrados y a tal fin se fije audiencia” y que “oportunamente se dicte sentencia ordenando a la accionada otorgar a los niños, niñas y adolescentes señalados, en forma inmediata y eficaz, el recurso acorde con sus necesidades”.

¿Cómo llegaron estos chicos a la internación psiquiátrica? “Puede ser simplemente tras un ataque de nervios –explica Musa–: en el ‘hogar convivencial’ (institución privada contratada por la CABA) llaman al SAME, que lo lleva al Tobar García. Si se tratara de una familia de clase media, a lo sumo estaría internado unas horas, pero estos chicos quedan por semanas. Y, cuando les dan el alta, la institución ‘convivencial’ suele negarse a recibirlos, porque supone que es un chico que dará trabajo.”

Musa explicó que “se trata de chicos muy pobres; no tienen familia o sus familias no están en condiciones de albergarlos. Los médicos del Tobar o el Alvear, al darles el alta, pueden indicar determinadas condiciones de tratamiento. No es que no haya lugares para esto: el gobierno de la ciudad contrata a casi 90 centros privados, pero se niegan a recibir a los chicos que salen de la institución psiquiátrica: el gobierno de la ciudad lo acepta, no los supervisa, así como no supervisa qué tratamientos se brindan, cómo se usa la medicación”.

–El hecho de que las instituciones “convivenciales” se nieguen a recibir a sus chicos cuando vuelven de internaciones psiquiátricas, ¿no sugiere que, ya antes, eran incapaces de darles contención? –preguntó Página/12.

–Es difícil conocer la mecánica de lo que pasa: nadie sabe, no nos dan respuesta, no hay una lógica que permita decir por qué sucedió cada cosa. Por algo la Ley de Infancia dice que la institucionalización debe ser sólo el último recurso: muchas veces alcanzaría con programas de fortalecimiento familiar, que les permitiera a los chicos volver a convivir con sus padres. Lo que sucede con la externación de estos chicos es una punta de iceberg, que muestra cómo la única política pública que el gobierno de la ciudad tiene para los chicos en situación de pobreza es la institucionalización. Y, en casos como los del amparo, dicen que “no encuentra el efector apropiado” para llevar al chico.

–¿Qué razón dan de esto las autoridades?

–Doy un ejemplo –contestó Musa–: hace poco, en una audiencia judicial, había innumerables representantes: equipos de la Dirección de la Niñez, del Consejo de los Derechos de Niños, de los programas de fortalecimiento de lazos familiares..., el juez no entendía por qué tantos organismos, cada uno diciendo que la competencia era del otro.

Este diario consultó a los ministerios de Salud y de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires, así como a su Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pero todos declinaron responder.