El titular del gremio bancario, Juan José Zanola, su pareja, Paula Aballay, y el empresario Néstor Lorenzo son los primeros candidatos al banquillo en la lista de sospechosos que maneja el juez federal Norberto Oyarbide en la causa de los medicamentos truchos. “El cerco se cierra cada vez más para Zanola y en muy pocas horas va a ser convocado para dar explicaciones”, anunció el magistrado. En un allanamiento desplegado ayer durante seis horas en el Policlínico Bancario, los investigadores hallaron remedios adulterados, otros mezclados con agua y algunos de origen dudoso. Estaban en un depósito que la droguería San Javier, de Lorenzo, tiene adentro del propio centro de salud de la obra social de los bancarios. El principal negocio investigado, de todos modos, es el de la facturación de cientos de tratamientos inexistentes en base a recetas apócrifas hechas con troqueles falsificados.

El juez Oyarbide investiga hasta ahora la hipótesis de una gran estafa a la seguridad social, con fraude a la administración pública y adulteración de medicamentos. Así surge de la resolución que exime de prisión a Aballay, quien pidió ese beneficio temprano en el juzgado. Aballay es la directora de Asistencia al Beneficiario de la Obra Social Bancaria (OSBA) y quien lleva la batuta en el Policlínico. El fiscal Luis Comparatore ya había pedido su indagatoria, vinculándola con las compras de medicamentos, la aprobación de contratos con droguerías y el control de las clínicas y hospitales que prestan servicios a la OSBA. En el procedimiento de ayer la policía revolvió su despacho de arriba a abajo.

Los investigadores encontraron remedios truchos, se llevaron cajas de historias clínicas, expedientes de pacientes, documentación contable, registros del personal y rastrearon troqueles (los recortes de las cajas de medicamentos que se adjuntan a las recetas) para cruzar información, según pudo saber Página/12. Un aspecto clave de la pesquisa es el que apunta a desentrañar un circuito de comercialización de remedios adulterados, en mal estado, robados (destinados a distribución gratuita) o incluso inexistentes, destinados a tratamientos oncológicos, hemofílicos y con VIH, en el cual hasta ahora la firma San Javier aparece como proveedora.

El sindicato de Zanola y la droguería de Lorenzo armaron el año pasado un fideicomiso en el Banco Provincia a través del cual se giraba el pago de medicamentos subsidiados con partidas de la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente del Ministerio de Salud y ligada a la Superintendencia de Servicios de Salud. La ex ministra de Salud Graciela Ocaña –una de las denunciantes en la causa– se opuso en su momento a la creación del fideicomiso. Lorenzo, vinculado también con el asesinado Sebastián Forza, fue detenido una semana atrás, luego fue liberado y tiene prohibido salir del país. Su socio corrió la misma suerte.

Según explicaron allegados al expediente, el principal negocio sería “el de los troqueles truchos”, que confeccionan las propias droguerías y son usados para facturarle a la obra social remedios muy costosos –que pueden costar de 1500 a 15 mil pesos– que nunca se fabricaron. Por ejemplo: lo habitual, ilustraron las mismas fuentes, es que a un paciente que necesita diálisis se le receten cuatro ampollas de eritropoyetina por mes, pero aparecen doce o hasta cuarenta en algunos casos. El APE, de este modo, subsidia meros troqueles al entregarle dinero para esos tratamientos falsos a la obra social, que lo repartiría con las empresas farmacéuticas. La adulteración de medicamentos es un procedimiento más artesanal, a menor escala. A San Javier, la Anmat el año pasado le detectó once casos.

Hugo Dessal, secretario general de la comisión interna del Banco Nación y opositor a Zanola, presenció el procedimiento policial ordenado por Oyarbide, en el que también hubo inspectores del Instituto Nacional de Medicina (Iname), de la Anmat. “Parecería que los troqueles se los llevaron antes de que llegara la policía”, contó Dessal a este diario. Y dijo que le pedirá al juzgado que investigue la denuncia de un empleado que dijo haber visto a alguien llevándose bolsas con los cartoncitos en cuestión. Dessal dijo que prepara pruebas del negocio para entregar al juzgado. El lunes, anunció, impedirán que Aballay ingrese al Policlínico.

Zanola, según anunció Oyarbide públicamente, no tardaría en ser llamado a indagatoria. Su pareja, sugirió, está también más que comprometida, igual que el empresario farmacéutico Lorenzo, quien habría aportado un millón de pesos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner, según documentos secuestrados en su casa el año pasado. Esos documentos figuran a su nombre, pero no está claro que él sea el verdadero aportante.

El fiscal Comparatore, quien ya impulsó las indagatorias, apunta también a que se investiguen posibles coimas y lavado de dinero. Esta semana se allanaron varias “cuevas”, una de ellas –Vernet– manejada por Lorenzo, que habría canalizado pagos millonarios. Comparatore pidió que se analicen los patrimonios de todos los implicados hasta el momento. Apuntó incluso contra el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, ya que durante su gestión (entre 2003 y 2008) se conformó el polémico fideicomiso y se tejió buena parte del negocio en la provisión de medicamentos que estaban bajo su control. Según fuentes judiciales, además, habría escuchas que lo comprometerían. El expulsado secretario de Salud bonaerense Alberto Costa, implicado en diálogos con Lorenzo, se presentó ayer en el juzgado para desvincularse de cualquier sospecha. Otro funcionario de la cartera también fue echado por el ministro Claudio Zin (ver aparte).

El juez Oyarbide analiza ahora los próximos pasos y no descarta pedir la intervención de la obra social de los bancarios.

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