Antes de fin de año, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, estará en condiciones de firmar un decreto para cancelar la concesión de la Autopista Illia, explotada por peaje por la empresa Covimet, por “grave incumplimiento” del contrato. “La decisión política está tomada”, dijo a Página/12 el jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández. Sólo falta que la Procuración General de la ciudad termine de redactar el dictamen legal que recomienda la rescición del contrato. Entre otros puntos, el Estado porteño le reprocha a la empresa la cesión del dinero recaudado por peaje –unos 600.000 pesos mensuales– para pagar un crédito bancario, en lugar de realizar las obras pendientes en la autopista. Junto con la cancelación de la concesión, Ibarra le otorgará a la empresa AUSA –una sociedad con mayoría accionaria del gobierno porteño– la administración de la autopista. Lo único que queda por decidir es el valor futuro del peaje: “Podría volver a ser de 50 centavos o mantenerse en un peso, para derivar el excedente a la realización de obras públicas”, agregó Fernández.
La cancelación de la concesión podría ser el capítulo final de una larga novela iniciada en 1981, cuando el gobierno municipal de facto de Osvaldo Cacciatore, en su furor por sembrar la ciudad de autopistas, otorgó a Covimet la concesión para construir y explotar por peaje un viaducto para enlazar la avenida 9 de Julio con la Lugones, a la altura de Aeroparque. Pero lo que en principio debió ser una inversión de riesgo, se convirtió en una obra subsidiada por el Estado. Desde entonces, el contrato se renegoció ocho veces, con un costo para la ciudad de 437 millones de pesos, según cálculos oficiales, lo que convierte a la Illia en la autopista más cara del país. Pese a eso, la obra solo se finalizó en forma parcial.
La más cuestionada de todas las renegociaciones es la última, firmada por el ex jefe de Gobierno Fernando de la Rúa y su secretario de Obras y Servicios Públicos Nicolás Gallo. Ese contrato, ratificado por decreto en 1999, le reconocía a la empresa una deuda por parte del Estado porteño de 28 millones de pesos, le otorgaba una concesión de explotación por 20 años, y aumentaba el precio del peaje de 0,50 a 1 peso por un recorrido de apenas 3 kilómetros.
Una investigación realizada a partir de la denuncia de un particular permitió descubrir un cúmulo de irregularidades en ese contrato: el anexo referido al monto de la deuda es una planilla sin membrete ni firma, por lo que carece de valor legal; y el aumento en el precio del peaje tampoco consta en los anexos. Todas estas anomalías dieron origen a una denuncia judicial contra De la Rúa y Gallo, imputados en la justicia penal por los delitos de estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Como informó Página/12 en exclusiva en julio de 2001, todo empezó casi por casualidad, cuando Marcelo Gey –un ex dirigente del Partido Demócrata de la Capital– descubrió, al leer un edicto publicado en un diario, que la empresa Covimet “ofrecía como garantía para un crédito del Banco Provincia por 14 millones de pesos, la recaudación del peaje de la Autopista Illia”, según explicó el propio denunciante. Gey pidió entonces el expediente del contrato en mesa de entradas y fue así como descubrió las irregularidades en los anexos. El caso llegó a manos del secretario de Obras Públicas, Abel Fatala, justo cuando afrontaba un reclamo de Covimet por la supuesta deuda de 28 millones. “Al tomar nota de esta situación, nos constituimos en querellantes en esa causa y pedimos a la procuración que estudie la rescición del contrato”, dijo Fatala a Página/12.
La accionista mayoritaria de Covimet es la empresa CCI, la misma que integra Coviares, concesionaria de la Autopista Buenos Aires-La Plata. De acuerdo con la última renegociación, Covimet se comprometió a realizar obras pendientes en la Autopista Illia, como una bajada en la avenida Pueyrredón y una subida en Callao, entre otras, por un monto de 70 millones de pesos, y con ese fin se le concedió un aumento del 100 porciento en el peaje. Según explicó a este diario el jefe de Gabinete, “la empresa debió destinar el dinero del peaje a la realización de obras en la autopista y no al pago de un crédito”. Por eso, esto sería considerado como uno de los incumplimientos del contrato.
Otro de los argumentos que esgrimirá el gobierno para rescindir la concesión es el alquiler de un espacio a la empresa Shell para la instalación de una estación de servicio, efectuado en 1998. Covimet habría cobrado 10 millones de pesos por ese negocio “pero la suma no aparece en los balances de la empresa”, dijo Fernández.
Aún quedaba por resolver el reclamo de los 28 millones convalidados por De la Rúa. Para saldar el diferendo, el gobierno contrató los servicios del Centro Argentino de Ingenieros para que determine, a través de una pericia, qué parte de las obras estaban realizadas, cuál es el valor de esos trabajos y qué pagos fueron realizados. “El resultado fue que se habían realizado obras en toda la autopista por 227 millones de pesos, y se hicieron pagos por 225 millones. Teniendo en cuenta que De la Rúa ya había pagado 2,5 millones de la deuda que había reconocido, consideramos que al día de hoy no existe deuda con la empresa Covimet”, dijo a este diario una fuente de la procuración.
En ese organismo, un equipo de veinticinco abogados trabaja en la redacción del andamiaje legal para terminar con la concesión. Con los elementos reunidos a lo largo de un año de trabajo, el procurador Juan Carlos López estaría en condiciones de recomendar, a través de un dictamen, la anulación del decreto de De la Rúa, con lo cual caería la concesión a 20 años –de la que no llegaron a cumplirse cuatro– y el valor del precio del peaje.
La resolución plantearía un interrogante: si el decreto es nulo ¿qué ocurriría con el peaje cobrado durante estos cuatro años? El propio Marcelo Gey lo había advertido al procurador en julio de 2001: “El valor del peaje no fue publicado en el Boletín Oficial ni consta en los anexos del decreto, por lo cual es nulo”, insistió el denunciante, quien ayer presentó una demanda por estafa contra Covimet, que hizo extensiva al procurador, por “omisión de denuncia”.