Dirigentes políticos y punteros tucumanos habrían extorsionado a los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar de los distritos más empobrecidos de esa provincia pidiéndoles dinero y favores sexuales a cambio de la entrega del subsidio gubernamental. Así consta en la denuncia que presentó ante la Justicia provincial el fiscal federal Guillermo Marijuán, que viajó a San Miguel de Tucumán por orden de su superior, el procurador general Nicolás Becerra. Los datos para formular la acusación fueron tomados de las llamadas a una línea 0800 que implementó el Ministerio de Trabajo para recibir información sobre irregularidades en la implementación de ese plan oficial. Además, el fiscal había detectado que la investigación interna que realizaba la cartera laboral incluía contactarse con el denunciado.
A partir de un convenio que firmaron la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, y el procurador Becerra, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de la Seguridad Social (Ufises) empezó a intervenir en la confección de las denuncias penales que pudieran surgir de las numerosas denuncias recibidas en el teléfono 0800-222 2220 sobre irregularidades en la implementación del subsidio gubernamental que otorga 150 pesos mensuales a Jefes y Jefas de Hogar Desocupados que acrediten tener hijos en edad escolar. Allí se reciben denuncias de 8 a 24 de lunes a viernes, y esa información, tipificada y volcada en planillas, es procesada por la Comisión de Denuncias de Programas de Empleo. Cada una tiene un número de registro para reclamar a los diez días. Esa comisión se encarga de verificar los datos que aporta la persona que llama porque no todas son reales ni tampoco merecen una acusación penal, según informó la oficina de prensa del ministerio. Sin embargo, apenas empezó a revisar el mecanismo el fiscal Marijuán detectó que el cuerpo de abogados de la cartera laboral se contactaba con el denunciado. A partir de esa comprobación todas las denuncias recibidas al 0800 son analizadas por la Ufises.
Ese organismo ya realizó unas 500 denuncias, 20 de las cuales corresponden a situaciones ocurridas en Tucumán. Por ese motivo, cuando empezaron a conocerse los casos de niños muertos por desnutrición en esa provincia, Becerra instruyó al fiscal para que viajara en forma urgente para realizar las denuncias. “Los llamados manifestaban que dirigentes y punteros políticos les sacaban hasta 85 pesos a los beneficiarios, y a algunas mujeres les pidieron favores sexuales”, explicó a Página/12 una fuente del caso. La extorsión tenía como objetivo tanto otorgar el plan como mantenerlo en los casos de personas que ya los tenían asignados. “Esto es lisa y llanamente lucrar con la pobreza”, comentó indignado Marijuán a sus colaboradores apenas regresó a Comodoro Py.