“Son 13 años de incumplimiento del derecho a una vivienda, pero también a la educación, a la salud, al trabajo. Nos encadenan al destino de ser pobres, no nos dejan alternativas para cambiarlo y, encima, nos culpan por eso”, explica Nadia Aguilera, con la bandera del Frente de Villas Unidas por la Urbanización Participativa en la mano y de espaldas a la Jefatura de Gobierno porteño. Ayer se cumplieron 13 años de la sanción de la Constitución porteña, cuyo artículo 31 dispone la obligatoriedad del Estado de brindar vivienda digna y hábitat adecuado a sus habitantes. El Frente, junto a otras agrupaciones sociales, de base, y centros comunitarios y culturales hicieron suya la conmemoración para “hacer visible la responsabilidad que el gobierno tiene de cumplir con el derecho a tener un techo, que es un derecho de todos los habitantes de la ciudad, y no sólo de los que cuentan con mucho dinero” y para que esa exigencia constitucional se cumpla.

Por tercera vez en menos en tres meses, el tramo de la Avenida de Mayo frente a la sede del gobierno porteño se cubrió de colchones, frazadas y sábanas. Sin embargo, el de ayer fue el primer “colchonazo” que reunió los reclamos del conjunto de organizaciones de vecinos que buscan una solución a su situación habitacional. Decenas de niños y mujeres se acomodaron allí a escuchar a sus vecinos, describir las realidades cotidianas que comparten en una villa, en un hotel familiar o pensión, o en la casa de algún familiar a la espera de una posibilidad para un techo propio. ¿La respuesta? Una promesa de parte de asesores del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de un posible encuentro para la semana próxima. Pese a la indiferencia estatal, el Frente de Villas Unidas, el Frente de Hoteles y las cooperativas de vivienda, junto a los demás integrantes del flamante Espacio Multisectorial por una Ciudad para Todos, se manifestaron juntos bajo una misma consigna: la exigencia del cumplimiento del artículo 31 de la Constitución porteña. Según ese apartado, “la ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado” y carga sobre las espaldas de los funcionarios la elaboración y aplicación de acciones que resuelvan de manera progresiva el déficit habitacional, los problemas de infraestructura y servicios, “dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos”.

¿Por qué dar rango constitucional a ese derecho? “Es propio de cualquier sociedad que busque la equidad para sus habitantes. El acceso por igual de todos los ciudadanos a la vivienda y el hábitat dignos es tan importante como que la educación llegue a todos, que el acceso a la salud sea para todos. No hay un buen desarrollo del núcleo familiar si no se cuenta con un lugar físico y social apropiado; se trata de derechos inherentes”, detalló a Página/12 Graciela Fernández Meijide, quien fue presidenta de la Asamblea Constituyente que sancionó la Carta Magna porteña en octubre de 1996, tras más de tres meses de debate.

Al frente de la movilización que llevó a las casi 300 personas desde la 9 de Julio hasta la puerta de la Jefatura de Gobierno, y dueña de las palabras que abrieron la ronda de exposiciones, la referente del Frente de Hoteles, Gladys Araujo, destacó que “por mandato constitucional el gobierno debe brindar soluciones de radicación definitiva, pero a lo único que apunta (el jefe de Gobierno Mauricio) Macri es a sacar a los negros, malos, feos y sucios de la ciudad”.

Tal como vienen haciendo, las organizaciones reclamaron que las viviendas ociosas que existen en la ciudad –entre ellas, alrededor de 100 mil propiedades estatales desocupadas– se pongan a disposición de las “cerca de 500 mil” familias afectadas por el déficit habitacional. También reclamaron la sanción de leyes que regulen el mercado de alquileres “para proteger a las familias de escasos recursos”, la conformación de una Mesa Participativa de Hábitat en la ciudad en la que los vecinos afectados tengan voz y voto en la confección de políticas habitacionales, de urbanización y acceso al suelo, y “poder de control sobre las instituciones” en cuyas manos el Estado delegó el trabajo en el área, explicó Aguilera, que vive en la Villa 3, de Soldati.

En este sentido, el Espacio Multisectorial consideró que el traspaso de las funciones del Instituto de Vivienda de la ciudad a la Corporación del Sur y a la Unidad de Gestión e Intervención Social –y probablemente a la Corporación Puerto Norte que, de conseguir el apoyo de la Legislatura, pasaría a tener el control sobre las tierras de la ex AU3– constituyen “una privatización de las funciones del Estado. Son corporaciones con fines inmobiliarios que podrían actuar sin el control estatal”, señaló Cecilia Calderón, de la organización de base “17 de Agosto” que trabaja en las villas de la ciudad.

Los manifestantes también cuestionaron la disminución del presupuesto para vivienda y los desalojos violentos. Graciela Dravicevich, de la Mutual Sentimiento –entidad que integra el Espacio– opinó que “fuera de las plataformas electorales existen deberes constitucionales que todos los funcionarios públicos deben cumplir, y (Mauricio) Macri está incumpliendo con todos”. A propósito, organizaciones sociales y barriales están juntando firmas para impulsar la revocatoria del mandato del jefe de Gobierno por “mal desempeño de sus funciones”. “No caben dudas de que hizo todo mal. Para nosotros hay que hacerle juicio político”, coincidió Araujo.