Un informe técnico de la Facultad de Ingeniería de la UBA, realizado a pedido del Gobierno porteño, indicó que el edificio del ex Patronato de la Infancia (Padelai) debe “ser demolido a la brevedad” por el “deterioro irreversible y progresivo” en que se encuentra su estructura. El edificio Padelai, ubicado en la manzana de Paseo Colón, Humberto I, Balcarce y San Juan, está ocupado por 91 familias, de las cuales una docena reivindica su derecho a permanecer en el lugar. El Gobierno ofrece garantías a sus ocupantes para reubicarse, tomar créditos blandos o subsidios, pero está dispuesto a apelar un fallo judicial para obtener el desalojo del predio que desde hace años fue proyectado, sucesivamente, como shopping, paseo y centro cultural.
La mole del Padelai se compone de dos edificios de dos plantas y una inmensa chimenea de ladrillos. Construido en 1892 como hogar de chicos abandonados, quedó tan abandonado como esos chicos en la era Cacciatore. En 1984 un grupo de familias lo ocupó. El número se incrementó hasta llegar a 154 familias, unas 600 personas, que terminaron armando una cooperativa en 1987. En el ‘90, el ex intendente Carlos Grosso les entregó el 75 por ciento del edificio en propiedad mediante un acuerdo luego considerado trucho. A partir de entonces, se imaginaron futuros posibles para el predio: shopping, paseo, parque y centro cultural. Del total de familias, más de 60 tomaron los créditos o subsidios que ofreció el Gobierno. Se inició una orden de desalojo que quedó detenida por amparos.
Ahora, el Gobierno volvió a la carga: un informe de especialistas de Ingeniería de la UBA dictaminaron que: la chimenea está a punto de derrumbarse, igual que dos muros; que las vigas de soporte de la estructura están completamente corroídas; que las cloacas no funcionan y las aguas servidas corren por los pasillos; que el soporte de la estructura está superado en un 150 por ciento; que existen riesgos ciertos de incendio, y que en forma urgente el edificio debe ser demolido. Pero 12 familias se niegan a abandonar el lugar, pese a la oferta de créditos, subsidios o promesas de reubicación. “Confiamos en que reflexionen. De todas maneras –dijo la secretaria de Desarrollo Social porteña, Gabriela González Gass–, ya iniciamos una acción judicial para el desalojo.”