Tras una lenta agonía de once años, seis meses y 27 días, fue cerrada ayer, en forma definitiva, la causa que investigó la muerte de Walter Bulacio, de 17 años, a quien una razzia policial le frustró la posibilidad de presenciar un recital de Los Redonditos de Ricota y de seguir creciendo. El caso, un paradigma de la arbitrariedad de los procedimientos policiales contra los jóvenes y los recitales de rock, prescribió por el tiempo transcurrido sin que se haga justicia, luego de quedar atrapado entre varios fuegos. El expediente nació maldito en 1991, cuando Bulacio falleció en la sala de un sanatorio y estaba vigente el viejo Código Procesal, que no contemplaba los juicios orales. El resto lo hizo la burocracia judicial y los años de experiencia en chicanas del costoso estudio de abogados del único acusado, el comisario retirado Miguel Angel Espósito. El epitafio lo escribió ayer la Sala Sexta de la Cámara del Crimen: “Extinguida la acción penal (contra Espósito) por prescripción”.
Los jueces Carlos Alberto González y Luis Ameghino Escobar le pusieron la firma al fallo que certificó la muerte del expediente, desenlace que había sido anticipada, en junio pasado, por la familia de Walter Bulacio y por sus abogados, María del Carmen Verdú y Daniel Stragá. En ese momento, la madre de Bulacio, Graciela Scavone, había perdido el derecho de ser considerada parte querellante. Esto le impide ahora apelar el fallo que terminó de cerrar la puerta de la Justicia. La Fiscalía de Cámara tampoco apelará la decisión ante la Corte Suprema, porque antes había consentido la prescripción respecto de las 72 privaciones ilegales de la libertad, también imputadas a Espósito, correspondientes a los chicos que fueron detenidos por personal de la comisaría 53ª, a cargo del imputado, junto con Bulacio. El policía fue beneficiado con el “sobreseimiento definitivo en relación con el hecho que damnificara a Walter David Bulacio”.
Los camaristas emplearon siete carillas para terminar una causa que acumuló más de 4000 fojas. Los jueces opinaron que el caso “ha padecido las consecuencias de un desacertado mantenimiento de dos regímenes completamente diversos, con las dificultades y los negativos resultados que son notorios en casi todos los procesos que continuaran su trámite bajo ese régimen paralelo”, aludiendo al viejo y al nuevo Código, vigente desde 1992, que instrumentó el juicio oral y público para tratar de acelerar, con éxito dispar, los procesos judiciales.
Bulacio murió el 26 de abril de 1991 en una sala del Sanatorio Mitre, en el barrio porteño de Once. Cinco días antes lo habían detenido, sin causa alguna, en la puerta del club Obras Sanitarias, junto con otros 72 chicos. Primero lo habían llevado a un hospital público, luego de que sufriera una indisposición mientras estaba en una celda de la comisaría 53ª. La razzia, por primera vez en el país, fue considerada “ilegal” y el caso sirvió para sacar a la luz y para derogar el llamado “Memo 40”, una norma policial secreta invocada por Espósito para justificar el procedimiento. Los menores podían ser detenidos sin intervención del juez competente.
Una fiscal, Mónica Cuñarro, pidió 15 años de prisión para Espósito a mediados de 1996, pero después se cayeron las 72 privaciones ilegales de la libertad y se desmoronó la causa que podría haber sido lapidaria para las razzias, una arbitrariedad incorporada al folklore porteño. Para que ello ocurriera funcionó como ariete el accionar constante de la defensa de Espósito, encabezada por Pablo Argibay Molina, que puso infinitas trabas leguleyas, algunas tan ridículas como cuestionar la legitimidad de los padres de Bulacio. La mamá, que es evangélica, fue querellante, mientras que el papá, Víctor Bulacio, asistió a todas las marchas, hasta que murió, dejando la bandera en manos de María Armas, la abuela de Walter.
Aunque un policía, Fabián Sliwa, llegó a declarar en la causa que Espósito lo había golpeado a Walter, la acusación por homicidio nunca prosperó. Siguieron los cargos por la detención ilegal de Walter y de los otros 72 menores. La causa tuvo 36 jueces, la Sala VI porteña intervino 27 veces y la Corte Suprema en dos ocasiones. Finalmente, la acusación bajó a un sólo caso de detención ilegal y llegó a la prescripción.
“Era un final anunciado: la causa Bulacio se cerró porque hubo una decisión política, convalidada por la Justicia, de acabar con un expediente que puso en tela de juicio el accionar histórico de la Policía Federal”, afirmó ayer María del Carmen Verdú. Ahora el caso Bulacio tiene un expediente abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Si no hubiera confiado en la Justicia, hubiera aprendido a manejar un revólver”, le dijo alguna vez a Página/12 la abuela de Walter, cuyo único sesgo “violento” está en el apellido: Armas. La desventura judicial que duró más de 4000 fojas está ahora sepultada bajo una lápida que debería decir: “Aquí descansa en paz la impunidad”.