La construcción de dos túneles para tránsito rápido bajo la avenida 9 de Julio –por un monto mínimo de 800 millones de pesos, sin previo estudio de impacto ambiental y sin autorización de la Legislatura– quedó frenada por un magistrado, que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por varios diputados porteños, más una legisladora electa y una organización civil. El juez Guillermo Scheibler consideró que continuar con el proceso licitatorio, dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri, conllevaría un “riesgo de cristalizar situaciones de onerosa reversión para el erario público”, y “pondría en serio riesgo el ejercicio de los derechos de participación ciudadana”.

El 2 de julio pasado, el gobierno de Mauricio Macri había anunciado una licitación internacional para diseñar, construir, mantener y operar dos vías subterráneas para tránsito rápido de vehículos, que unirían la Autopista Illia con las autopistas 25 de Mayo y Buenos Aires-La Plata por debajo de la avenida 9 de Julio. La obra reemplazaría a la Autopista Ribereña, que debía ser construida por la Nación. El llamado se efectuaba por intermedio de la empresa AUSA y el costo total superaba los 800 millones de pesos, que se afrontarían comprometiendo la recaudación que AUSA recibe por peajes en las autopistas a su cargo.

La medida cautelar dictada por Guillermo Scheibler –juez en lo contencioso administrativo– responde a pedidos de amparo efectuados por Eduardo Epzsteyn y Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires), Martín Hourest (Proyecto Sur), la legisladora electa María José Lubertino y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH). El fallo señala que el llamado a licitación se efectuó “sin que se haya dado cumplimiento previo a los procedimientos legales de evaluación de impacto ambiental, con sus instancias de participación ciudadana”. Ante los cuestionamientos que se habían producido, el gobierno de Macri había llamado a audiencia pública pero con posterioridad al llamado a licitación.

El fallo señala que “AUSA no puede encarar proyectos de este tipo sin contar con las sumas que permitan costear los gastos”, ya que “las deudas que contraiga son deudas públicas de la ciudad”, lo cual “requiere autorización legislativa”.

La situación de urgencia que determina la medida cautelar se funda en “el avance del proceso licitatorio” –la apertura de sobres estaba prevista para el 30 de octubre–, con “riesgo de cristalizar situaciones de difícil y eventualmente onerosa reversión para el erario. Todo lo cual colocaría además en serio riesgo la posibilidad de ejercicio de los derechos de participación ciudadana en el procedimiento previo (subraya el juez) de evaluación ambiental”. Por todo ello, el magistrado suspendió el trámite de la licitación convocada por el Ministerio de Desarrollo Urbano a través de AUSA, hasta tanto se dicte sentencia definitiva. Se prevé que el gobierno de Macri apelará el fallo.