“No voy a cerrar el cabaret, es un lugar de contención para los jóvenes.” Se llama Luis Rogers y es intendente por el PJ en Lonquimay, una localidad de 1500 habitantes a 60 kilómetros de Santa Rosa, sobre la ruta 5. La referencia es el Good Night, el mentado cabaret, un “lugar de esparcimiento para jóvenes y camioneros”, según publicitó el intendente. Sobre el Good Night cuelga o colgaba una amenaza de clausura luego de un escándalo desatado por una mujer santiagueña que denunció haber sido secuestrada y obligada a prostituirse en el Good Night. Tras la denuncia, el Concejo Deliberante amagó con decidir finalmente por votar una demorada ordenanza de prohibición de whiskerías, cabarets y toda la serie de eufemismos con los que se encubren los locales de prostitución y trata. Y llegó la respuesta de Rogers. Sus declaraciones bordearon lo bizarro y el absurdo, pero fueron una curiosa transparencia, un correvelos sobre la lógica de las redes de trata. Aseguró que para asesorarse sobre la inconveniencia de la clausura consultó a un comisario, y que éste le hizo ver el costado negativo de la clausura; sostuvo que el cabaret está habilitado y las alternadoras tienen su libreta sanitaria; no pudo explicar para qué se realizan el estudio ginecológico si se trataba de unas copas, y como veterinario remató con una frase de hondo contenido psicológico: “Un cabaret es un lugar de contención espiritual, de satisfacción y de alegría, para gente que está sola y busca tener un rato de esparcimiento”.

Las declaraciones (no exabrupto) de Rogers deberían enmarcarse en la más reciente historia legal contra las redes de prostitución en La Pampa. En marzo de 2008 el entonces intendente Juan Carlos Tierno fue destituido por acumular denuncias de abuso de poder. Su reemplazante, Francisco Torroba, del Frente Pampeano Cívico y Social, vencedor en las elecciones, decidió atacar el funcionamiento de las redes que habían colocado a La Pampa como una de las provincias donde se producían los niveles más altos de explotación sexual de jóvenes. Tras la visita del fiscal Marcelo Colombo, de la Unidad Fiscal de Asistencia para la investigación de Secuestros Extorsivos y trata de personas, promovida a partir de notas publicadas por Mariana Carbajal en Página/12, Torroba logró que el Concejo Deliberante votara por unanimidad una ordenanza histórica. “Se dio plazo de un año para que se cierren todas las casas de tolerancia y prostíbulos, prohibidos por ley pero que funcionan bajo nombres eufemísticos”, sostuvo Colombo a este diario.

Y dio un ejemplo del funcionamiento: “En Santa Rosa y en General Acha había dos ordenanzas municipales: una habilitaba a las whiskerías y cabarets y reglamentaba su actividad, entre ellas denominaba a las alternadoras y sus tareas de servir copas. La segunda ordenanza imponía a esas alternadoras el estricto cumplimiento del requisito de la libreta sanitaria, para la que debían realizarse revisaciones ginecológicas”. Unir la lógica de las dos ordenanzas daba la pauta de que bajo el nombre de alternadora se encubre el rol de la prostituida.

La Secretaría de Derechos Humanos provincial, a cargo de Rubén Funes, tomó cartas en el asunto y recomendó a todos los municipios pampeanos repetir la ordenanza prohibitiva de Santa Rosa, porque de otro modo sólo se lograría la mudanza de jurisdicción. “En algunos municipios se cumplió y votaron –dijo a este diario el diputado provincial por el Frente Adrián Pepino–. Como en San Martín y Winifreda. Lo que dijo Rogers causó un impacto muy fuerte en el ámbito local, es parte de su concepción de cómo son las cosas.”

El 4 de octubre pasado, una mujer originaria de Santiago del Estero logró escapar del Good Night, el cabaret recomendado por Rogers. La información fue publicada localmente el sábado pasado. Allí se sostenía que la joven, de 24 años, denunció haber sido obligada a prostituirse en el cabaret que se encuentra frente a la entrada al pueblo, sobre la vera de la ruta 5, y que logró escapar con una amiga dominicana. La joven ya estaba en contacto con la División Trata de Personas de la policía, que estaba preparada para allanar el local. La difusión del caso cargó sobre el Concejo. Su principal concejal, Ana Weigun, de la misma lista que Rogers, dijo a La Arena que “no creímos conveniente sancionar una ordenanza semejante” (léase, cajoneamos). Pero ahora se trataría el tema (léase, al tomar estado público)”.

La respuesta de Rogers no se demoró. “El cabaret es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento. Un cabaret es un lugar de esparcimiento, nada más. Porque acá no hay alternativas de esparcimiento”, lanzó Rogers, quien también aclaró que el Good Night “está reglamentado, las alternadoras tienen sus libretas sanitarias”. No pudo explicar para qué se hacían revisaciones ginecológicas si sólo servían copas. Y llegó a situaciones absurdas:

–¿En Lonquimay no hay trata de personas? –le preguntó el periodista de Radio Noticias.

–No hay trata de menores –respondió el veterinario.

–Ah, ¿y de mayores?

–Y, no sé, en un cabaret hay códigos.

Después admitió que era un asiduo concurrente a cabarets “internacionales”, y que antes de tomar su decisión se asesoró con un ex comisario, quien le recomendó que no lo cerrara. “Me asesoré con un comisario retirado que estaba en una localidad donde había cabarets que estaban bien controlados, y me dijo en su momento que el cierre podía provocar clandestinidad, tráfico de drogas, trata de menores, aspectos de la sanidad de las personas.”

Y la pérdida de un pingüe negocio.