“Para nosotros los derechos humanos no son cuantificables. No importa que sean cuatro, quince o tres mil: si está probado un solo caso en el que la Unidad de Control del Espacio Público porteña los haya violado, hay que denunciarlo de todas las maneras posibles.” La frase de la defensora del Pueblo Alicia Pierini dio ayer el puntapié inicial a la presentación del informe “La UCEP: un organismo estatal con prácticas ilegales y paraestatales”. Pierini le respondió así al ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, que se refirió a las “siete denuncias” presentadas contra las violentas acciones de esa patota como “un número poco significativo”. Mientras la Defensoría del Pueblo, el CELS y la Defensoría oficial de la Justicia porteña reclamaban la disolución de la UCEP, se denunciaba otro brutal ataque de ese organismo contra un chico de 15 años.

Ayer, en la Defensoría del Pueblo, Pierini encabezó la presentación pública del informe donde se cuestiona el decreto 1232/08, de creación de la UCEP, y se denuncian los hechos y la ilegalidad de la actuación de lo que califican como una “fuerza parapolicial”. Pierini compartió la presentación del documento con Andrea Pochak, directora adjunta del CELS, y la defensora oficial Betina Castorino.

“No vamos a referirnos a cada uno de los casos porque se encuentran detallados en el documento”, aclaró Pierini. Inmediatamente después, el micrófono pasó a manos de Pochak. Para realizar el informe, “sólo hemos seleccionado denuncias donde las víctimas del grupo de tareas (UCEP) son personas en situación de calle”. Sin embargo, según la representante del CELS, “durante los desalojos compulsivos y administrativos llevados a cabo también por la UCEP, la violencia también es un modus operandi”.

El patrón general del accionar de la unidad PRO es la “opacidad”: “No sólo el grupo opera en horas de la noche, sino que además no se labra ningún tipo de acta de los operativos y tampoco los funcionarios se identifican ante las víctimas”, explicó Pochak. Básicamente y según la directora adjunta del CELS, como el decreto que permitió la creación de la UCEP se vale de términos vagos para describir las propias funciones de la Unidad, “posibilita métodos de actuación que contradicen el sistema acusatorio determinado por la Constitución nacional”.

Pochak ejemplificó sus dichos. “El decreto utiliza de manera ambigua conceptos jurídicos como el de ‘usurpación’ de la vía pública, como una de las circunstancias que daría lugar a la intervención de la UCEP –dijo–. Al tratarse de un delito tipificado en el Código Penal, la intervención institucional siempre requeriría de la autorización de un juez competente.” En el tiempo que la UCEP tiene de vida (un año exactamente), “nunca se realizó una presentación judicial por los procedimientos llevados a cabo por esta fuerza parapolicial”, concluyó Pochak. Lo que hace deducir que los procedimientos son ilegales.

Después se escuchó a la defensora oficial Castorino, quien reflexionó: “Cuando el gobierno (de Mauricio Macri) puso en funcionamiento la UCEP pusimos atención, pero no realizamos ninguna medida judicial”. Para la letrada, en la práctica, “después del primer hecho de violencia institucional concreta, fue cuando comenzamos a realizar las denuncias correspondientes”. Los catorce casos denunciados están radicados en el Juzgado de Instrucción de Ricardo Warley. Para la defensora, los hechos denunciados “no son acciones represivas aisladas producidas por algún que otro funcionario macrista” sino, por el contrario, “se dan en un contexto de una tremenda crisis habitacional en la ciudad y la respuesta del gobierno es únicamente represiva”, dijo la letrada. Finalmente, concluyó con que la UCEP “no es una isla, sino que actúa bajo la complicidad de otras dependencias”.

Informe: Mariana Seghezzo.