La Justicia porteña investiga a la Dirección de Habilitaciones de la Ciudad y a la empresa que organizó el recital del grupo Viejas Locas, el 14 de noviembre último, en el estadio de Vélez, donde un joven resultó con heridas graves después de una violenta represión policial. Hasta el viernes, dos semanas después del concierto, la dependencia del gobierno porteño no tenía información sobre la cantidad de entradas vendidas por la empresa, por lo cual desconoce si hubo sobreventa de localidades, una de las posibles causas de los incidentes que derivaron en una represión “desmedida e injustificada”, según la califican en la Defensoría del Pueblo. Tanto al organismo oficial como a la empresa organizadora se les imputa la presunta “omisión de recaudos” en la organización del evento, una contravención penada con hasta 30 días de arresto o 30 mil pesos de multa. Por la misma figura ya están imputados el director de Habilitaciones, Martín Farrell, y la misma empresa, Fénix Entertainment Group, en otra causa por la organización de un recital en el club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA).

De acuerdo con los sitios de Internet de la empresa Top Show, dedicada a la venta electrónica de entradas, los tickets para el recital de Viejas Locas comenzaron a venderse el 16 de septiembre, dos meses antes del recital, pero el permiso donde se establece la cantidad de público máxima permitida para el espectáculo fue otorgado por la Dirección General de Habilitaciones, el 13 de noviembre, es decir, un día antes del recital, cuando ya casi todas las entradas estaban vendidas. “La cantidad de público está relacionada directamente con el número de personal de seguridad privada contratado para el espectáculo”, explicó un vocero de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad, de la cual depende Habilitaciones.

Fénix Entertainment Group y Top Show son los nombres de fantasía de dos empresas que no están registradas en la Inspección General de Justicia (IGJ) y pertenecen a los mismos propietarios: los empresarios Marcelo Fígoli y Diego Finkelstein. La que sí está registrada en la IGJ es la empresa Mibles SA, en la que figuran como socios accionistas los mencionados Fígoli y Finkelstein, que declara por todo capital la suma de 12.000 pesos y cuyo último balance fue presentado hace ya más de dos años: en mayo de 2007.

Fénix Entertainment Group comenzó su actividad en 2008, según su página web. Es la misma empresa que, ese año, firmó un convenio con el presidente del club GEBA, José Beraldi –también vicepresidente de Boca y hombre de confianza de Mauricio Macri–, para la construcción de un estadio y un polideportivo, con derecho a explotarlo durante 55 años, en la sede del club en los bosques de Palermo. El convenio naufragó, ya que su ejecución requiere la rezonificación de 12 hectáreas de ese espacio verde, un proyecto resistido por ambientalistas, vecinos, legisladores opositores y socios de GEBA.

Las fallas en la organización en el recital de Viejas Locas también fueron advertidas por el titular del Area Seguridad Urbana de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Ricardo Dios, que después de reunir decenas de testimonios de víctimas de la represión policial en las puertas de Vélez, presentó una denuncia penal por “lesiones e incumplimiento de los deberes de funcionario público” contra el personal de la comisaría 44ª. El jefe de esa seccional, ubicada en Liniers, es el comisario Eduardo Meta, quien en marzo, cuando era titular de la Comisaría 24ª de la Boca, intervino en la represión de un enfrentamiento interno de la barra brava de Boca, en la llamada Bombonerita, el estadio de básquet del club. Después de ese hecho fue trasladado a Liniers.

La Dirección de Habilitaciones y Permisos del gobierno porteño, a cargo de Martín Farrell, es la responsable de otorgar los permisos para la realización de espectáculos masivos, autorizar la venta de entradas y determinar el máximo de capacidad de público. Un día antes del concierto, ese organismo otorgó a Fénix el permiso para el ingreso de 36.135 personas.

En tanto, la Dirección de Fiscalización y Control, cuya titular es Vanesa Bercowsky, se ocupa de supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad y de habilitar el ingreso de público, lo que se conoce en la jerga como “dar puerta” para el espectáculo. Bercowsky “dio puerta” para el recital de Viejas Locas a las 16.45 del sábado 14, en un acta que firmaron responsables de Bomberos, de Fénix, de la Policía Federal y de la empresa privada a cargo de la seguridad, explicó Bercowsky a este diario.

“A las 21.10 los inspectores de Fiscalización y Control que estaban dentro del estadio detectaron que había inconvenientes en una puerta y dieron aviso a la fiscalía de turno”, relató la funcionaria. Se refería a la represión policial en una de las entradas al estadio. “Lo que pasa afuera del estadio no es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad”, deslindó la funcionaria. Y aseguró que sus inspectores tomaron fotos en las que puede verse que “hay sectores donde hay claros en el público” lo que, a su criterio, indicaría que no hubo sobreventa. No tuvo en cuenta que muchos de los que quedaron afuera por la represión policial habían comprado entradas y no pudieron ingresar.

Lo cierto es que hasta el viernes, el Gobierno de la Ciudad no tenía datos sobre entradas vendidas: el relevamiento no lo hacen los inspectores porteños sino Sadaic, que todavía no aportó su informe a las autoridades porteñas.

La operatoria que se describe en esta nota permite a la empresa productora –de solvencia dudosa, a juzgar por el capital que declara– vender entradas por adelantado, con dos meses de anticipación, sin tener la precisión de cuál es el máximo a vender. Si vendió 30 mil entradas a un promedio de 100 pesos cada una, los espectadores financiaron el espectáculo con tres millones de pesos. ¿Devolverá luego la empresa las entradas en el caso de que hubiera vendido de más? ¿Con qué patrimonio respondería en el caso de que se produzca un episodio trágico en el transcurso del evento? Después de lo ocurrido en Cromañón, ¿no debería la ciudad controlar con mayor eficiencia si se registran sobreventas de entradas?

El director de Habilitaciones, Martín Farrel, ya está siendo investigado por “omisión de recaudos” en una causa iniciada por el fiscal de Cámara Walter Fernández, por su papel en la habilitación del concierto de la cantante Laura Pausini, en GEBA. La investigación alcanza a la empresa organizadora, Fénix Entertainment Group, y a los directivos del club. Dice el fiscal Fernández que “de las constancias recopiladas surge que la empresa organizadora Fénix SA ha librado, a través de la empresa Top Show, la venta de entradas para el espectáculo (...) cuando el club GEBA no ha presentado el estudio (de impacto ambiental requerido por la ley)”. Agrega que “están promocionando y vendiendo entradas para un espectáculo de asistencia masiva que a la fecha no se encuentra en condiciones de ser habilitado y ello genera el riesgo cierto de perjudicar a los adquirientes o, lo que es más grave, que tenga que impedirse sobre la hora de comienzo, provocando serios riesgos de disturbios, o someterse la administración a la ‘política de los hechos consumados’”. El impacto ambiental no sólo se refiere a los ruidos sino a las previsiones sobre seguridad en el “tránsito de vehículos y peatones” y el “estacionamiento masivo de vehículos”. En ese momento, el fiscal clausuró el club para la realización del recital, pero una medida cautelar la levantó y el espectáculo se hizo finalmente el 3 de octubre último.

Con su referencia a los “hechos consumados”, Fernández parece referirse a la táctica empresaria de vender entradas para luego presionar a las autoridades para la habilitación del espectáculo. Fénix y Top Show son las mismas empresas que organizan, el viernes próximo, el recital de Luis Alberto Spinetta y sus Bandas Eternas. Habrá que ver si esta vez hay o no omisión de recaudos.