Como lo había anunciado pese al amplio abanico de denuncias, reclamos y rechazos de jueces, defensores oficiales, abogados, universidades, organismos de derechos humanos y representativos de la sociedad, el gobernador Daniel Scioli presentó ayer en la Legislatura provincial su polémico proyecto de Código Contravencional bonaerense, acompañado por quien podría reclamar los derechos como dueño de la idea, el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli. Previo paso por la Suprema Corte, donde fue recibido tras un pedido de audiencia del gobernador, y antes de ingresar a la Cámara baja, Scioli declaró a la prensa que “vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para enfrentar a estos brutales asesinos, no voy a parar hasta que uno por uno esté preso”. Lo que no explicó es qué vínculo había encontrado entre los homicidios y el proyecto de Código Contravencional, que no está dirigido a castigar delitos, sino a sancionar contravenciones. Una alta fuente judicial aclaró a este diario, más tarde, y ante el cariz que tomaban las declaraciones, que en la reunión con el máximo tribunal bonaerense, “(Scioli) no dio detalles, hizo un paneo muy general de su propuesta y los jueces de la Corte no emitieron opinión porque no es un órgano de consulta o evaluación de proyectos”.

Por si quedaban pocas modificaciones al Código Procesal Penal, al que ya había modificado a principios de año, Scioli también presentó en la Legislatura una modificación al régimen de excarcelaciones.

La propuesta de modificación del Código Contravencional incluye sanciones a quienes marchen con máscaras en la calle, el merodeo, la vagancia, la ebriedad, propias de los edictos policiales. Más de ochenta organizaciones políticas, sociales y sindicales denunciaron públicamente el proyecto porque “viola la Constitución nacional y la provincial y los derechos individuales y colectivos más elementales”. “El código es un efecto de la absoluta ineficiencia del gobierno para dar respuesta a los reclamos legítimos de seguridad y un profundo caso de corrupción –dijo en esa oportunidad el presidente del Cels, Horacio Verbitsky–: es evidente que se trata del financiamiento de la política con recursos espurios obtenidos por parte de la regulación del delito a cargo de la Policía Bonaerense.”

Ayer, Stornelli intentó aceitar la recepción del proyecto cuando aclaró que en el proyecto no se incluye la figura del merodeo, sino otra, que se aplicará por la denuncia de un afectado que alerte sobre la presencia de un potencial acto de delincuencia, es decir, merodeo.

Previo a la presentación en la Legislatura, Scioli, acompañado por el vicegobernador, Alberto Balestrini, y el ministro de Justicia, Ricardo Casal, fue recibido por el presidente de la Suprema Corte, Luis Genoud; la vicepresidenta, Hilda Kogan, y la procuradora general, María del Carmen Falbo. Al salir, el gobernador dijo a los medios que había detallado sus proyectos “contra la delincuencia y los alcances de las medidas en materia de seguridad, como las reformas al Código Contravencional y el régimen de excarcelaciones”. Y agregó: “Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para enfrentar a estos brutales asesinos, no voy a parar hasta que uno por uno esté preso”. No explicó por qué vinculaba un proyecto para sancionar contravenciones con la solución de los homicidios ni en qué fuentes estadísticas se basaba para sostenerlo.

“No fue una reunión de trabajo –confió una alta fuente judicial–. Fue una visita de cortesía, de carácter institucional como declaró el mismo Scioli antes de entrar, en la que describió en general y sin entrar en detalles. De todas maneras, la Corte no es un órgano de consulta o evaluación de proyectos.”

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