Al trote militar tras el discurso de ley y orden de Marcelo Tinelli, Jorge Rial y las “Abuelitas de Punta del Este” –Mirtha Legrand y Susana Giménez–, que han pedido desde la pena de muerte hasta la organización de marchas sin provocar caos vehicular (revista Barcelona), el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, insiste en implementar su mágico plan de reducción del delito mediante su versión argenta de la “Tolerancia Cero”. Así, sin sustentos empíricos, pero con ritual acero, el ministro recorre la radio y la TV con desparpajo y sin tapujos, porque ningún reportero le pide rendición de cuentas por el contundente fracaso de su gestión hasta la fecha ni sobre las bases metodológicas de su “nueva” propuesta. De tal manera, su voluntarismo místico se autocomplace con la enunciación ceremonial de lemas vacíos y de sentido común popular, más propio de un opinólogo de bar que de un importante miembro del gabinete, cuando manifiesta: “La policía tiene que ganarle la calle a la delincuencia, estamos en guerra contra la droga, la madre de todos los delitos, por eso hemos efectuado miles de procedimientos”. Sin embargo, su continuo diseño de políticas públicas, en la emergencia que absorbe lo peor del discurso policial más antidemocrático y regresa poderes discrecionales a la mejor “maldita policía” del mundo, hace agua por donde se lo mire. Para dar sólo un ejemplo: durante el año 2008, la Policía Bonaerense realizó alrededor de 10 mil operativos, secuestró 786,153 kilos de estupefacientes (677,420 en marihuana; 102,536 de cocaína y el resto en otras drogas y pasta base) y detuvo a siete mil personas, a razón de 67 gramos de marihuana y 9 gramos de cocaína por procedimiento. Así se demuestra que sus estridentes declaraciones implican una pírrica victoria, porque tan sólo 900 personas perdieron su libertad (en su mayoría pequeños traficantes varones jóvenes, en menor medida mujeres y discapacitados). Estos números reflejan que la policía continúa desplegando acciones de hostigamiento contra los jóvenes consumidores en la vía pública y que a pesar de lo que el ministro dice, su policía sólo es eficiente para la represión de los eslabones más débiles de la cadena de comercialización. En este contexto, la reforma propuesta en el caso de encontrar apoyo legislativo no mejorará su gestión, pero sí aportará bastante a la devaluación del estado de derecho. En semejante coyuntura no es fruto de la casualidad que el nuevo plan de Stornelli concurra con la filosofía que empapa los poros y las palabras de las divas y personajes de la farándula. Para ellos, que viven lejos de las calles peligrosas, el delito y la delincuencia no son más que un problema social superficial. De este modo, no pueden más que interpretarlos como una arruga que el cirujano puede quitarles en un santiamén o con un tratamiento cosmetológico adecuado. Las razones son bien antiguas y parecidas a las que esgrimen hoy para imponer estas leyes o, quizá más temprano que tarde, la pena de muerte. Bajo esta lógica se pronunció ante las cámaras la diva televisiva Susana Giménez luego del crimen de su florista: “El que mata tiene que morir... Hay que terminar con todas esas estupideces de los derechos humanos”. Poco importa si las medidas a tomar serán o no efectivas: lo que se persigue no es otra cosa que sensibilizar intencionadamente a la opinión pública para construir un estado de pánico moral que legitime la “dura” respuesta punitiva. De esta manera, todo parece muy fácil y queda reducido a acciones tan rápidas y efectivas que alejarían/ocultarían los desechos humanos de las calles como se extirpan las arrugas o los lunares en el quirófano. Su praxis de acción simplificadora de la realidad revierte la causalidad del delito, y en lugar de pensar que el delito es una consecuencia de la complejidad social se piensa al delito y sus autores como indeseables a extirpar con rapidez. De este modo, trata tanto al delito como a la pobreza/injusticia social como un fenómeno natural desvinculado de las transformaciones económicas, culturales y sociales. Por error o ignorancia se pone el énfasis en lemas livianos y frases hechas, de las cuales la preferida viene siendo la relación entre delito y consumo de estupefacientes. Esta afirmación, que carece de sustento empírico, resulta de suma utilidad para explicar el delito en forma simple. Sin embargo, eligen recorrer este camino quienes no saben, no quieren o no pueden pensar en programas de prevención del delito que modifiquen verdaderamente la realidad para reducir a corto, mediano y largo plazo los nocivos efectos del delito.

* Defensor general de San Nicolás. Profesor de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario.