Mientras ultimaban detalles de lo que sería una gran celebración colectiva por el primer matrimonio entre dos personas del mismo sexo celebrado en Latinoamérica, Alex Freyre y José María Di Bello se enteraron por los medios de que una medida cautelar les impediría casarse. El fallo, dictado a sólo un día de la ceremonia por la jueza Martha Gómez Alsina, del Juzgado Nacional en lo Civil 85, ordena que el Registro Civil de Barrio Norte se abstenga de convertir en esposos a quienes, hace sólo dos semanas, habían sido autorizados a casarse por otra jueza. En aquel momento, Mauricio Macri había tomado la decisión de no apelar esa autorización, pero ayer el procurador general de la Ciudad, Pablo Tonelli, indicó que el Registro Civil acatará la medida y no casará a la pareja, so pena de incurrir en inconducta judicial. Hasta la noche de ayer, sin embargo, ni la pareja directamente afectada ni los activistas y abogados de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis (Falgtb) habían sido notificados formalmente de la medida cautelar, por lo que anunciaron que hoy a las 14 se presentarán en las oficinas de Beruti y Coronel Díaz: si el casamiento se realiza, habrá brindis y festejos, tal como estaba previsto; si eso no sucede, tendrá lugar una conferencia de prensa y una protesta. Ya en la noche, algunas versiones indicaban que Daniel Presti, subsecretario de Justicia de la Ciudad, habría afirmado que el gobierno porteño pedirá a la Corte Suprema su intervención, para decidir cuál fallo rige en Buenos Aires.

Que Freyre y Di Bello no puedan casarse legalmente no constituye “discriminación alguna hacia la cohabitación de personas homosexuales”, que, de todas maneras, deben tener presente que la ley “les confiere la opción de celebrar la unión civil”, reza la sentencia de la jueza Gómez Alsina, cuya competencia para interferir en la boda fue puesta en duda desde el punto de vista jurídico (ver aparte). Aunque serían afectados directos por lo que la magistrada dispusiese, ni Freyre ni Di Bello estaban al tanto de que, en un trámite judicial iniciado por los particulares Melisa Lebed y Miguel Haslop, se cuestionaba el derecho a casarse que otra jueza les había concedido.

“Nunca supimos que estaban llevando adelante esta causa”, explicó a este diario Gustavo López, abogado de la Falgtb, que a última hora de ayer intentaba reunirse con Pablo Tonelli, procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, que por la tarde adelantó a la prensa que el Registro Civil acataría la decisión de Gómez Alsina. Mientras un grupo de entidades católicas agradecía en una carta a la presidenta Fernández de Kirchner “la postura del bloque del FPV” por no haber “dado quórum para que este año se debatan” los proyectos de ley para “legalizar las uniones del mismo sexo con el status jurídico del matrimonio”, y daba cuenta a Macri de su enojo por no haber apelado la sentencia de Seijas, el presidente del Partido Socialista Roy Cortina, a la sazón testigo de la boda, declaró que “es una clara acción contra el carácter inclusivo de las instituciones democráticas y contra la construcción de una sociedad respetuosa de la diversidad”.

La jueza Gómez Alsina sustenta la medida cautelar en una supuesta incompetencia de la jueza Seijas: de acuerdo con su perspectiva, un magistrado del ámbito Contencioso Administrativo no puede abordar cuestiones del fuero civil, tales como la declaración de inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil a partir de los cuales se impide el casamiento entre personas del mismo sexo. En un primer momento, el Registro Civil informó a Gómez Alsina que tenían un fallo previo autorizando la celebración del enlace, a lo que la magistrada respondió notificando a la oficina nuevamente de su resolución, y advirtiendo que el incumplimiento de la medida por ella dispuesta “hará incurso al funcionario destinatario” de los delitos penales de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público y una multa de cinco mil pesos. A última hora de ayer trascendió que, al momento de iniciar la causa, los particulares cuyos derechos presumiblemente se hallaban en riesgo por el inminente matrimonio de Freyre y Di Bello pidieron la nulidad del fallo de Seijas, y reclamaron la suspensión de la ceremonia hasta que sea resuelto el asunto de fondo de la presentación.

Uno de los dos promotores de la demanda paralizante no es un desconocido ni para el colectivo LGTB ni para el movimiento de mujeres. Miguel Jorge Haslop no sólo es, como suele presentarse, presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (que no debe ser confundido con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), sino también miembro de la Corporación de Abogados Católicos. Precisamente fue en calidad de convencido profesional religioso que, en 2007, procuró entorpecer la realización de al menos un aborto terapéutico totalmente legal, como lo era el pedido en el caso de O. M. V., la niña marplatense violada por su padrastro. Esa vez no fue tan exitoso como lo es, hasta el momento, su intento por evitar el matrimonio entre dos varones. De Melisa Lebed, en cambio, nada se sabe.

El próximo paso procesal, según indicó la medida dictada por Gómez Alsina, será dar parte en el expediente a Freyre y Di Bello, y también al gobierno porteño “en la persona del Ingeniero Mauricio Macri”. Hasta tanto, la incógnita es qué sucederá mañana pasado el mediodía en Barrio Norte. “Nos vamos a dar cita en el mismo horario y el mismo lugar en que estaba programada la ceremonia”, explicó a Página/12 María Rachid, y agregó que, en caso de no realizarse la unión, “la celebración que estábamos organizando para celebrar con un brindis el matrimonio la vamos a convertir en un acto de protesta”. Puede sospecharse que la cita en Coronel Díaz y Beruti será numerosa. No sólo han ratificado su presencia los testigos (una extensa lista de militantes por la diversidad sexual, celebridades mediáticas, políticos y periodistas), sino que también la Falgtb ha convocado “a toda la sociedad” para “acompañar este momento decisivo”, para cuya demorada realización se habían acreditado más de cien medios periodísticos de todo el mundo.