Las marchas y contramarchas macristas ante al matrimonio entre personas del mismo sexo se cobraron la primera víctima dentro del gobierno porteño, en lo que a permanencia en el cargo se refiere. Ayer por la mañana, al finalizar la reunión de gabinete, el procurador adjunto de la Ciudad, Carlos Guaia, presentó su renuncia ante Mauricio Macri. Según confirmaron fuentes de la Procuración a Página/12, en la raíz del alejamiento subyace la diferencia de criterios ante el fallo que había ordenado casar a Alex Freyre y José María Di Bello: Guaia recomendaba apelar esa sentencia, mientras que Macri, cuando se cumplía el plazo para efectuar la apelación, decidió no recurrirla. La renuncia, aseguraron a este diario desde la Procuración, no implica cambios en las decisiones de las últimas semanas, básicamente porque (el procurador general) “Pablo Tonelli sigue al frente”.

La renuncia fue presentada en la mañana de ayer, en Bolívar 1, una vez que terminó la reunión de gabinete. Sin embargo, los roces parecen haberse iniciado hace poco más de tres semanas, alrededor de la fecha en que Mauricio Macri anunció públicamente, mediante un video difundido en Internet, que no apelaría la sentencia en la cual Gabriela Seijas, del Tribunal en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad, ordenaba al Registro Civil el casamiento de Freyre y Di Bello. Para habilitar la realización de la ceremonia, la jueza había previamente resuelto sobre la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que impiden a dos personas del mismo sexo contraer matrimonio, con lo cual dio razón al recurso de amparo presentado por la pareja de varones. Hasta el momento, no trascendió si la intención de Guaia era invalidar todo el planteo de Seijas, o si la apelación que impulsaba infructuosamente referiría solamente a una parte de la argumentación. Sin embargo, y mientras Macri sostenía públicamente una postura abiertamente opuesta, desde el primer momento, según señalaron fuentes del gobierno, Guaia hizo más que sostener que la Procuración debía apelar el fallo: algunos testimonios sugirieron que, de hecho, el escrito de la apelación llegó a ser elaborado.

El abogado Guaia, segundo en orden jerárquico de la Procuración General de la Ciudad, había pasado a una suerte de segundo plano tras uno de los primeros escándalos que atravesó el gobierno porteño a causa de los perfiles cuestionables de sus funcionarios. En abril del año pasado, la noticia de que la administración macrista había contratado al capitán de navío, abogado y oficial de inteligencia conocido por asesorar a represores de la ESMA (donde víctimas de la represión recuerdan haberlo visto con frecuencia) Pedro Florido generó un revuelo que sólo menguó con su alejamiento. “El nombramiento lo hice yo a pedido de uno de los procuradores adjuntos, Carlos Guaia”, declaró por entonces a este diario el propio Tonelli, quien en todo momento procuró dejar en claro que “Florido era asesor de Guaia”, designado “en noviembre (de 2007), al principio de la gestión” de Macri. Guaia, que como procurador adjunto tenía –al menos formalmente– a su cargo el área de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, dicta seminarios en la Universidad del Salvador.

El lunes de la semana pasada, a 24 horas de la celebración del matrimonio civil que había permitido el fallo de Seijas, nunca apelado por el jefe de Gobierno, de la marea de presentaciones en múltiples juzgados emergió el primer resultado obtenido por los integristas católicos alineados con el arzobispo Jorge Bergoglio. Ese día fue el fallo de una jueza civil nacional, Marta Gómez Alsina, el que suspendía la boda e impugnaba la competencia de la jueza porteña sobre la cuestión; el martes 1º, durante la espera por la ceremonia frustrada, trascendió la existencia de otra medida cautelar en el mismo sentido. Poco después, el gobierno de Macri, a través del procurador Tonelli, indicó la voluntad de llevar la cuestión ante la Corte Suprema nacional “ante el conflicto planteado entre dos jueces de distintas jurisdicciones”.