La orden de desalojo que habían recibido unas 40 familias, que ocupan el edificio de una clínica abandonada en el barrio porteño de Parque Avellaneda, quedó suspendida ayer provisoriamente. No se sabe hasta cuándo rige esa prórroga, pero al menos les da un respiro a los habitantes del inmueble. La resolución fue adoptada por el juez Omar Peralta, el mismo que había ordenado el desalojo de ese edificio, donde funcionó el sanatorio Morano. El juez “no asistió a la reunión que había acordado con un grupo de legisladores para que, en una mesa de diálogo, se pueda resolver la situación”, lamentó el diputado porteño Fabio Basteiro (Proyecto Sur). La solución temporal llegó unas horas más tarde, extendiendo así el clima de tensión e incertidumbre, que había comenzado el último domingo con la “presencia intimidatoria de la policía”, según contaron los vecinos.

El sábado les había llegado la orden para abandonar el edificio, que debía hacerse efectiva ayer entre las 7 y las 9 de la mañana, dejando a la deriva y sin lugar adonde ir a unas 40 familias. Alrededor de las 23 del domingo, más de 150 policías, con camiones de la Guardia de Infantería, se hicieron presentes en Escalada al 1600 para hacer cumplir la orden de desalojo. Desde ese momento, los ocupantes del edificio se manifestaron dispuestos a resistir la medida en forma pacífica.

“No se justificaba el despliegue del aparato represivo, teniendo la posibilidad de solucionarlo a través del diálogo”, aseveró Basteiro, que además afirmó que los vecinos “no tuvieron posibilidad de defensa” debido a que la orden llegó en una fecha complicada, por las Fiestas. Por su parte, la diputada María América González sostuvo que “como estas personas hay muchas que están en la misma situación. El Gobierno de la Ciudad es responsable por no dar alternativas para el acceso a una vivienda”.

Desde 2003 las familias viven en el edificio de la clínica abandonada. “Cuando llegamos estaba en un pésimo estado, hoy es habitable”, resumió Emiliano, un joven que trabaja a diario en la asistencia de las familias. En ese lugar funciona el centro comunitario “La Casa” y una cooperativa de vivienda llamada “10 de Noviembre”. Ese trabajo y el esfuerzo de los habitantes del lugar no alcanzaron para evitar la orden de desalojo del juez que, aunque suspendida por el momento, apunta a desocupar el edificio para entregarlo a la sobrina de los antiguos propietarios de la clínica.

Informe: Rocío Ilama.