El asesinato de Josefina Reyes, una defensora de los derechos humanos en México, ocurrido el último domingo en el estado de Chihuahua, promovió la intervención de Amnistía Internacional (AI), que pidió ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos protección para otros tres activistas de Ciudad Juárez, tildada como una de las localidades más violentas del país. AI alertó que los tres militantes sociales se encuentran “en riesgo de ser amenazados y atacados”, especialmente después del asesinato de Reyes, quien había denunciado abusos del ejército, que con el objetivo de combatir el narcotráfico fue desplegado desde 2006 en Ciudad Juárez.

Uno de los tres activistas por los que AI manifestó su preocupación es Cipriana Jurado, que colaboró en un informe de Amnistía –publicado en diciembre último– en el que se denunciaba un operativo militar que ejercita “frecuentes” desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, desde que hace tres años se desplegó en la ciudad mexicana para intentar contener la violencia que el gobierno atribuye al narcotráfico. Este intento por frenar el enfrentamiento entre dos poderosos cárteles del narcotráfico dejó más de 2500 muertes en 2009.

Los otros dos militantes por los que AI pide protección son colaboradores de Reyes. La militante asesinada había participado activamente, desde 2008, en protestas contra el crimen organizado en la región, así como contra violaciones de derechos humanos cometidas por militares y, en agosto de 2009, estuvo en el Foro Contra la Militarización y la Represión en Ciudad Juárez, en el que expresó el repudio al crecimiento de estas prácticas que atentan contra los derechos humanos.

Según Jurado, Reyes había recibido numerosas amenazas de muerte antes de ser finalmente asesinada en una tienda del municipio de Guadalupe, en el estado de Chihuahua, por un grupo de hombres armados que intentó secuestrarla.

En relación con el crimen de Reyes, Jurado exigió que las autoridades investiguen el crimen con seriedad para que “no pase lo mismo que con Manuel Arroyo, otro activista y profesor universitario asesinado –en mayo–, y otros casos en los que no hay avances”. Respecto de su situación, la militante señaló: “No he recibido ninguna amenaza directa”. Sin embargo, consideró que el antecedente de Reyes profundiza un panorama de riesgo.

Desde AI se busca apoyo de organismos internacionales para proteger a las personas que luchan contra la violación de los derechos humanos en la región.