El periodista Samuel “Chiche” Gelblung sigue empeñado en transitar el camino opuesto al señalado por Dale Carnegie en su súper best-seller Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. El polémico Chiche sumó a su colección de críticas un dictamen del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), en el cual se cuestiona el contenido de una serie de programas –emitidos en el año 2007 en Canal 9–, donde se difundieron expresiones consideradas discriminatorias contra los habitantes de la Isla Maciel. El Inadi analizó, durante más de dos años, la denuncia realizada contra Gelblung por el párroco de la Isla Maciel, Francisco Olveira, en representación de un grupo de vecinos del barrio. En su resolución, el Inadi recomendó al periodista, al Canal 9 y a los productores del programa Impacto Chiche, que el año pasado se trasladó con igual formato y nuevo nombre al Canal 13, a que otorguen “un espacio de rectificación” –derecho a réplica– a los vecinos de la Maciel. También les pidió que “en el futuro” le den a la información “un tratamiento y presentación cuidadosos respecto de la posible reproducción o creación de prejuicios discriminatorios”.

En diferentes espacios televisivos, los días 5 de abril y 2, 3 y 4 de mayo de 2007 la Isla Maciel fue señalada como parte de un supuesto “Triángulo de la Muerte”, integrado también por Dock Sud y la primera bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, en el cual se cometían delitos y ocurrían hechos de violencia en forma permanente. Se dijo que en “La Ciudad Prohibida”, como denominó Chiche a la Isla Maciel, reinaban “el miedo y la impunidad”. En su denuncia, el párroco Oliveira sostuvo que la información dada a conocer constituía “un acto de discriminación hacia los/las vecinos/as del lugar” que “haría aumentar la marginación y exclusión que los/las mismos/as sufren”.

Al ser interpelado por el Inadi, Santiago Lynch, apoderado de Telearte S.A., productora del programa Impacto Chiche, respondió que la elección del título “no fue de ningún modo arbitraria ni importó agraviar en modo alguno a los vecinos”, dado que a la zona mencionada se la “denomina comúnmente ‘Triángulo de la Muerte’”. Citó estadísticas –sin mencionar fuente alguna–, según las cuales en la zona “se denunciaban 2530 delitos por mes”. Según Lynch allí habrían muerto en cinco años “12 personas en situación de robo” y otras “18 por ajustes de cuenta entre bandas”.

Oscar Pellicori, apoderado de Gelblung, aseguró ante el requerimiento del Inadi que el programa cuestionado “sólo mostró la realidad que tienen que soportar todas las personas que residen en el lugar, algunas de las cuales, incluso, fueron allí entrevistadas” y contaron “en detalle sobre sus penurias”. Dos de los pocos entrevistados, en el programa Impacto Chiche, a los que aludió Pellicori en su declaración, eran dos chicos de entre 8 y 10 años que aseguraron que algunos jóvenes de la isla robaban “todos los días”. “¿Están esperando para robarte? ¿Están armados?”, les preguntó el cronista a los dos pibes. Ellos respondieron en forma textual: “Tienen un cascote y te tiran”.

El cura de la parroquia de la Isla Maciel subrayó que su denuncia respondió a la “indignación de los vecinos que fueron entrevistados y se sintieron vilmente usados, ya que se recortaron sus declaraciones llevando todos sus comentarios hacia el aspecto de la ‘inseguridad’ y poco o nada al de las luchas y esperanzas diarias de los habitantes” de la zona. El sacerdote Francisco Oliveira sostuvo que “tergiversar en estos casos termina siendo discriminar”.

En su dictamen, el Inadi dejó sentado que el “compromiso con la libertad de expresión no nos puede llevar a poner todos los discursos en un mismo nivel”. Sobre todo, teniendo en cuenta que hay discursos de “segunda categoría”, calificados así “no por causarnos ‘disgusto’ en cuanto a su contenido, sino típicamente por ser ofensivos hacia otros o por degradar a ciertos grupos”. El equipo jurídico del Inadi, de acuerdo con la ley 23.952, que hace una caracterización de las conductas consideradas discriminatorias, hizo alusión a la “hiperprotección que merecen ciertas expresiones” y a la necesidad de pensar “en limitaciones típicamente de tiempo, lugar y espacio” cuando ellas hacen referencia a personas vulnerables, como los habitantes de la Isla Maciel.

“El modelo vigente en las últimas décadas ha agudizado las de-sigualdades sociales (...) potenciando las tradicionales formas de discriminación existentes en nuestra sociedad, ya que no es lo mismo ser mujer que ser mujer-pobre, migrante que migrante-pobre, indígena que indígena-pobre, negro que negro-pobre, discapacitado que discapacitado-pobre, viejo que viejo-pobre, etcétera”. En el dictamen se afirmó que “la falta generalizada de empleo y de oportunidades” ha convertido a los pobres en “chivos expiatorios del sentido común impuesto”.

Para el Inadi, “el viejo racismo de determinación biológica continúa articulando los prejuicios clasistas de los sectores medios y altos de nuestra sociedad”. Esto convierte al pobre “en sujeto de discriminación (...) Basta escuchar los relatos de los desocupados y trabajadores pobres de distintos lugares del país para darse cuenta de las prácticas discriminatorias de las que son objeto a diario tanto en la adjudicación clientelar de planes y subsidios” como en “el corte de servicios esenciales por carecer de recursos o el maltrato sufrido en instituciones públicas” como escuelas, hospitales y oficinas del Estado.

El Inadi resaltó que para los medios de prensa “el concepto de ‘inseguridad’ no tiene un concepto exacto y preciso”. En ese marco se producen en forma habitual acusaciones hacia los sectores más pobres de la sociedad. “El hecho de conformar una única visión sobre las condiciones de vida de los/las habitantes de la Isla Maciel sin tener en consideración las opiniones divergentes (...) contribuye a elaborar un patrón que servirá como vehículo de futuras conductas discriminatorias”. Por todo eso, el Inadi concluyó que “cobra particular importancia el hecho de abordar con responsabilidad la difusión de noticias” para evitar “la posible creación o reproducción de prejuicios que pueden impactar de modo concreto en los derechos fundamentales de las personas”.