Por primera vez en sus treinta y un años de historia, los afiliados al PAMI eligieron a quienes serán sus representantes en el Directorio Nacional del organismo. Las elecciones de ayer eran voluntarias y a puertas cerradas; sobre un total de casi 3 millones de afiliados, sólo hubo un 20 por ciento del padrón que se acercó a emitir su voto. La elección fue cuestionada por la oposición, conformada por la CTA, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados y el movimiento que conduce Raúl Castells, entre otras organizaciones, que llamaron a la abstención. Las razones: el escaso tiempo de convocatoria y la forma de elección indirecta. Hubo problemas con las aperturas de las mesas en Catamarca y Jujuy, y demoras en el escrutinio. En total se eligieron a 108 consejeros nacionales sobre un total de 440 candidatos. Los nuevos consejeros integrarán a partir del 22 de enero de 2003 el Directorio Nacional del PAMI, el órgano que reemplazará a los interventores actuales. Para los organizadores, las elecciones fueron evaluadas como un éxito en el proceso hacia la normalización del instituto: “De ser un símbolo de corrupción, intentamos que sea un símbolo de reestructuración”, dijo a Página/12 el interventor del PAMI, José Corchuelo Blasco, el hombre designado por Eduardo Duhalde hace once meses para llevar adelante la intervención de la obra social.
Los afiliados al PAMI de todo el país eligieron al cuerpo de consejeros que los representarán en el directorio de la mayor obra social de la Argentina. Sobre un total de 440 candidatos, los elegidos formarán parte desde enero de los siete consejos regionales en que se divide el país. De cada uno de estos consejos surgirá un representante que integrará el directorio nacional del PAMI.
El proceso no fue espontáneo. Quedó previsto el 4 de julio pasado cuando el Congreso aprobó la ley 25.615, que sentó el marco jurídico para la reestructuración del organismo. “Cuando todo el mundo apostaba a la privatización, liquidación o provincialización del PAMI –dice Corchuelo Blasco–, conseguimos llevar adelante las elecciones para empezar, por lo menos, a ordenar las cosas.”
De acuerdo con lo que fue establecido en julio, de aquí en adelante comienza el proceso que terminará con la designación del nuevo Directorio Nacional, órgano renovable cada cuatro años. Además de los siete consejeros que representan a los jubilados, el Directorio estará integrado por dos representantes de la CGT y dos funcionarios nombrados por el Ejecutivo. Este último componente es uno de los aspectos más delicados de este proceso dado que, por ley, la presidencia y vicepresidencia del organismo estará a cargo de los candidatos del Ejecutivo. Y si la rueda de candidatos, apuestas y eliminaciones concluye –tal como está previsto– antes que Eduardo Duhalde deje el poder, su sucesor se encontrará con una herencia del gobierno anterior en el PAMI.
En este escenario, el día de ayer era uno de los momentos clave para medir el grado de legitimidad que tenía la ley entre los jubilados y, de algún modo, servía para evaluar la gestión de Corchuelo Blasco al frente del organismo. Para la oposición, la concurrencia fue casi un fracaso, resultado de lo que definen como “un proceso fraudulento”. En esa línea se encuentran Francisco Formento, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionados; Raúl Castells, del Movimiento de Jubilados Independiente y la Federación de Jubilados de la CTA, bloque que convocó a no participar en los comicios.
“Hace dos meses venimos pidiendo en todo el país que no se vote porque –indica Formento– consideramos que este proceso es ilegal e ilegítimo.” El dirigente de la Coordinadora se refiere, entre otros aspectos, a la organización de estas elecciones: “A nosotros nos avisaron el 15 de octubre y nos dieron ocho días para presentar las listas con 3600 avales, cifra imposible de alcanzar en la Capital”. Con ese antecedente, el 28 de octubre, la Coordinadora presentó un recurso de amparo pidiendo la nulidadde las elecciones. “Fíjese en qué fecha estamos –dice Formento–; el juez aún no se expidió porque no sabe si tiene jurisdicción o no.”
Héctor Polino, diputado socialista, es uno de los que se opuso a la ley cuando se discutió en el Congreso. Al final del día de ayer veía las consecuencias de lo que explica como uno de los problemas centrales de la nueva enmienda jurídica: las elecciones indirectas. “El problema –dice Polino– es que el directorio no va a estar formado por consejeros elegidos directamente por los jubilados sino por un voto indirecto, como se hacían antes las elecciones presidenciales.” Para Polino, esto es uno de los problemas centrales de la ley y del proceso de transparencia que pretende llevar adelante el PAMI. “Nunca estuve de acuerdo con estas elecciones porque, como organismo público no estatal, lo lógico sería que el presidente y el vice no sean designados a dedo por el Ejecutivo sino por representantes de los jubilados”, concluyó.