El caso Grassi entró en una etapa de definiciones: la Cámara de Apelaciones de Morón tomó ayer la causa para resolver sobre todo el proceso que se le sigue al sacerdote. En tanto, buena parte de la actuación de la defensa puede caer: el abogado Miguel Angel Pierri fue denunciado por prevaricato y estafa procesal.
La jueza Mónica López Osornio, que lleva la causa en la que se investiga al cura, remitió ayer todas las actuaciones a la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, Sala 1, de Morón. La Cámara había solicitado ese material el viernes último y con este envío ya no corren los plazos judiciales pendientes, como en el caso del pedido de prisión preventiva a Grassi por parte de la Fiscalía. La Cámara solicitó las actuaciones ante un pedido de la defensa para resolver la cuestión de fondo, es decir, si es válido o no el procesamiento de Grassi.
La denuncia contra Pierri fue presentada ayer por Aníbal Vera, tutor del testigo Ezequiel, una de las presuntas víctimas de abuso deshonesto y corrupción agravada de Grassi. En la denuncia se acusa al abogado de “prevaricato” por “perjudicar en su actuación deliberadamente a las víctimas del caso, al mismo tiempo en que representaba al sacerdote Grassi”.
De comprobarse los delitos investigados, el letrado podría ser condenado hasta a seis años de inhabilitación especial. La denuncia, que podría anular todo lo actuado por el abogado en las diversas causas relacionadas con Grassi, se fundamenta en que “desde el 21 de noviembre pasado, Pierri se desempeña formalmente como defensor del sacerdote y, al mismo tiempo, en los últimos días actúa en representación de la madre del menor Ezequiel”. La mujer había acusado a su hijo –bajo el patrocinio de Pierri– de mentir en sus denuncias contra Grassi. También había solicitado la potestad del muchacho, concedida por el juez de Quilmes Ricardo Oyama al tutor Vera.