Los edificios porteños de acceso público –desde bancos y registros civiles hasta cines y supermercados– deberán adecuarse, en un plazo máximo de cinco años, para ser accesibles a personas con discapacidad. Así lo dispone una ley sancionada por la Legislatura porteña, que obliga a que toda nueva construcción que se edifique de aquí en más en la ciudad permita la circulación de personas con movilidad restringida. Y si es un edificio con más de doce departamentos, deberá contar con ascensor apto para transportar una silla de ruedas. A partir de que la ley entre en vigencia, dentro de 120 días, no se aprobará ninguna nueva construcción, ni siquiera reformas y ampliaciones de viviendas o comercios, si no tienen en cuenta estas exigencias. En todas las veredas, además, deberán liberarse espacios de 1,5 metro para permitir el paso de personas con movilidad reducida, que hoy tienen vedado el paso por casi todos los espacios públicos de la ciudad.
La ley es en rigor una modificación al Código de Edificación de la Ciudad. Obliga a instalar baños para discapacitados en confiterías, terminales ferroviarias y de ómnibus, estaciones de subte, salas de espectáculos públicos, supermercados e iglesias. También a los teatros, centros culturales, estadios y cines; hogares de ancianos, clubes, campos de deportes, hipermercados, hospitales, clínicas, escuelas de todos los niveles, facultades e institutos de enseñanza.
Para los viejos edificios se exigirá la aplicación de la norma “dentro de lo máximo practicable, de acuerdo con el criterio de la autoridad de aplicación”, explicó a Página/12 el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, Rubén Campos. “Por ejemplo, si un viejo cine tiene su sala en el primer piso y no tiene ascensor, deberá instalar un montasilla adosado a la escalera”, agregó.
De acuerdo con la norma, para la aprobación de toda nueva construcción ya no basta con presentar los planos de la construcción. “El constructor tendrá que hacer un plano de itinerario de accesibilidad a cada sector del edificio”, precisó Campos.
Las nuevas exigencias también se meten dentro de cada casa, sobre todo si son a construir: las puertas no podrán tener un ancho inferior a 80 centímetros (hoy se permiten de 70) y los pasillos tendrán un mínimo de un metro, para permitir la circulación de sillas de ruedas. Con el mismo fin, se aumentó la superficie mínima de los baños de 3,24 a 3,30 metros cuadrados. “Aunque el dueño de casa no sea discapacitado, el lugar estará preparado para recibir a una persona con problemas de accesibilidad”, explicó Campos.
La norma también establece límites para los comerciantes que ocupan la vía pública: tanto los kioscos de diarios y revistas como los puestos de flores y plantas deberán dejar un espacio transitable no menor a 1,50 metro entre su estructura y la línea de edificación. Los maceteros deben ser trasladados hacia el límite entre la vereda y la calle, para no entorpecer el paso de las personas no videntes, y las confiterías que tengan sillas y mesas instaladas en la acera tendrán que dejar también una luz de 1,50 metro.
A la obligatoriedad de colocar rampas en las esquinas –que hoy apenas se cumple– se agrega la colocación en torno de las bajadas de un solado con superficie rugosa para que los no videntes identifiquen la proximidad del declive. La ley también tiene en cuenta a las personas con dificultades auditivas: todas las salas de espectáculos deberán contar con aros magnéticos, equipos especiales para personas que utilizan audífonos. También será obligatoria la señalización en Sistema Braille en las puertas de baños y otros lugares de acceso público.
El proyecto fue redactado por los diputados Cristian Caram (UCR), Raúl Puy (socialista) y Ricardo Busacca (popular cristiano) y sancionado el jueves último en segunda lectura. La primera aprobación se había hecho en marzo de 2001, tras lo cual el proyecto fue debatido en audiencia pública.”Esta ley es un paso fundamental para avanzar en la eliminación de todas las barreras físicas, arquitectónicas y urbanísticas, tal como lo establece la Constitución de la Ciudad”, destacó el diputado Caram.