“Hágase saber a la extranjera” que es “irregular la permanencia en el país”, que está cancelada “la residencia precaria que se le hubiese otorgado” y que en treinta días hábiles podría “decretarse su expulsión y prohibirse su reingreso” a la Argentina. Eso respondió la Dirección Nacional de Migraciones cuando la española C. P. pidió que el país reconociera el matrimonio civil que ella y la ciudadana argentina Diana Cordero celebraron en Canadá hace dos años, y que en España ya les valió la libreta de familia. Tras el casamiento vivían en Venezuela (en cuya Defensoría del Pueblo nacional trabajaba Cordero), pero a fines del año pasado decidieron instalarse en Argentina, porque, explica Cordero, “mamá está mayor” y quiere estar cerca.

Desde entonces, fue “todo un desastre”, resume la argentina: al no tener residencia, su mujer no tiene documentos ni amparo legal para trabajar, y ellas no pueden acceder a ninguno de los derechos económicos garantizados para otras familias. De hecho, C. P., que en España se garantizaba una vida cómoda gracias a su trabajo en un estudio de arquitectura, en Argentina, a los 42 años, no tiene manera de acceder a un trabajo decente y estable. Ahora, la Dirección de Migraciones la intima a dejar el país, la Justicia civil nacional demora su respuesta y el Inadi acaba de aceptar una denuncia hecha por la pareja. “Aunque somos legalmente un matrimonio, no nos reconocen como familia, nos discriminan porque somos mujeres, nos discriminan por nuestra orientación sexual. Soy una ciudadana de segunda”, resume Cordero, de 53 años, mientras los días pasan, su matrimonio está en cuestión y su mujer no sabe cuál será su último día en Argentina.

La vida cotidiana para las cónyuges es cuanto menos complicada. “Sobrevivimos las dos con 350, 400 euros que gano yo con algunos trabajos de Internet”, explica Cordero. Los obstáculos aparecen cada vez que intentan hacer alguna de las cosas que, para otras parejas y familias, resultan naturales. “Ella vive como ilegal, porque no tiene papeles. Ni siquiera podemos tener una cuenta bancaria juntas, una caja de ahorro básica de cualquier banco trucho de barrio, nada. Eso hace que vivamos con muchos apremios”, enumera por señalar algunas de las cuestiones más notables y complicadas de sobrellevar, aunque no son sólo los problemas de dinero los que acarrean incertidumbre. “Todos los días tenés esa inestabilidad, sabés que ella está acá pero tiene esa espada de Damocles pendiente, y que en cualquier momento le pueden dictar la expulsión.”

La pareja, que en la Justicia Nacional en lo Civil aguarda respuesta a un pedido de reconocimiento civil hecho al tribunal 10, a cargo de María Celia García Zubillaga, cuenta también con el respaldo de la Federación Argentina LGBT (Falgbt). “Nosotros no vamos a permitir que expulse a la mujer de Diana Cordero”, aseguró María Rachid, presidenta de la Falgbt a este diario. “Vamos a poner el cuerpo para evitarlo si es necesario, no vamos a permitir que se expulse a una persona de Argentina porque no se le reconocen sus derechos”, agregó antes de recordar que “desde la Federación insistimos para que se modifique la ley de matrimonio civil cuanto antes”.

“Espero equivocarme, pero no tengo demasiadas esperanzas de que la justicia civil acceda al pedido de mis clientas”, especuló la abogada Florencia Kravetz quien, además de representar a Cordero y su esposa, patrocinó a la segunda pareja de varones en casarse en Argentina. Que el Estado se niegue a reconocer un matrimonio válido y que cuenta con el libro de familia español (la versión azul e ibérica de la libreta colorada argentina) “viola la ley de migraciones –dice Kravetz–, que indica que una de las cosas que tienen que procurar las resoluciones es tender a facilitar la reunificación familiar”. Aquí, en cambio, se está “no reconociendo y echando a uno de los miembros de la pareja porque no se contempla” una realidad política y social en la que “hay un proyecto de ley sobre modificación del matrimonio civil, y en un país donde, además, ni siquiera está técnicamente prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo”, como sostuvo, de hecho, la jueza Elena Liberatori en el fallo que ordenó al registro civil casar a Damián Bernath y Jorge Salazar.

No es la primera vez que el Estado argentino se niega a reconocer un matrimonio entre personas del mismo sexo que otros países avalan y protegen, aun cuando los impactos concretos de esa decisión resultan más visibles en este caso en particular (ver aparte). Cordero y su esposa pudieron vivir ambas experiencias, el reconocimiento y el inicio de la zozobra en la misma ciudad: mientras intentaban ser reconocidas como cónyuges por las autoridades argentinas, lograban inscribir su matrimonio ante el Estado español sin más trámite que recurrir al consulado de España en Buenos Aires.

La situación se repite, indica Rachid, con muchas parejas. “Muchas personas viven con la ilegalidad de todos esos problemas, de la imposibilidad de acceder a sus derechos porque no pueden mostrar documentación. En el caso de esta pareja, no se traduce sólo en que tengan dificultades legales para proteger su convivencia, sino también en que es como si estuvieran empujando a la pareja de Cordero a tomar la decisión de quedarse en la ilegalidad, si no quiere romper su matrimonio. Eso tiene consecuencias en el acceso a la salud, a la Justicia, al trabajo.”

“Nosotras estamos casadas –insiste Cordero–, el Estado tiene la obligación de reconocer nuestro vínculo y darle a ella la residencia como matrimonio que somos. No es justo que ella tenga que pedir otra cosa. Si en lugar de estar acá, tuviéramos que ir a vivir a España, esto no pasaría.”

Dentro de dos meses, Cordero y C. P. celebrarán el segundo aniversario de su casamiento en Ottawa. El romance había sido tan fulminante que en un año a ambas les había cambiado la vida: C. P. dejó Sevilla y se trasladó a Caracas, donde Cordero se había radicado en 2005 para trabajar como funcionaria del estado venezolano. Ella era, allí, defensora especial en el área de Salud, de la Defensoría del Pueblo “en la República Bolivariana de Venezuela”, donde podía conjugar su formación en psicología, sexología y periodismo, además de su militancia feminista. En el fondo, cree que aun cuando quería que sucediera, no esperaba que el Estado argentino reconociera de inmediato su matrimonio. De hecho, no pierde las esperanzas de que la Dirección de Migraciones reconsidere el caso: el límite legal para recurrir la decisión vencía el viernes, pero para pedir una revisión de la resolución es preciso abonar un cargo de 300 pesos que C. P., al presentarse para el trámite, ni tenía ni sabía que precisaba. Ahora, su último plazo para pedir que las autoridades migratorias le permitan vivir en Argentina con los derechos de una mujer casada con una ciudadana es hoy.