La muerte de un preso portador de HIV, en el hospital penitenciario U22 de Melchor Romero, se transformó en la primera de una huelga de hambre total iniciada en la U9 de La Plata el 21 de marzo. La medida, que ya se extiende a penales federales como el de Devoto y Marcos Paz, es un reclamo contra el endurecimiento de las leyes de excarcelación, un resorte político-legislativo que está poblando de hacinamiento las cárceles hasta niveles semejantes a los que llevaron a la Corte a firmar el fallo Verbitsky, a la fecha incumplido. Pero la muerte de Adolfo Rubén Tersaghi Techera, que no se produjo por la huelga de hambre en sí –sólo la cumplió el primer día, porque el segundo ya había quedado inconsciente–, sino porque carecía de defensas por falta del tratamiento apropiado, sintetiza la total ausencia del Estado: el Ejecutivo, en la negación del tratamiento médico, psicológico y alimentario, y el Judicial, que niega la detención domiciliaria y la atención en hospitales públicos especializados, sin realizar una inspección directa y tomando como cierta la versión del zorro a cargo del gallinero. Tersaghi no es el único caso. Era uno de los cinco que el Comité Contra la Tortura llevó hasta la Suprema Corte durante el último año, después de que jueces y camaristas rechazaran la atención en hospitales públicos. Como ayer Tersaghi, uno de ellos, Gustavo Barraza, murió del mismo modo, sin huelga, pero intubado y con hambre.

La información dice que Tersa-ghi murió durante una huelga de hambre. En parte es cierta, porque el 21 de marzo llegó a plegarse a la medida de fuerza que sus compañeros de la U9 de La Plata decidieron lanzar en reclamo del endurecimiento de las leyes de excarcelación, que no resuelven la inseguridad pero agravan el hacinamiento. Pero al día siguiente, por pedido del Comité Contra la Tortura, que lleva su causa ante la Justicia, Tersaghi fue llevado al sector de Sanidad, de donde ya no salió. “Ya le era imposible comer aunque quisiera porque estaba débil, lo intubaron ya inconsciente”, señaló Roberto Cipriano García, coordinador del CCT. El Tribunal Oral 6, a cargo de Tersaghi, no aceptaba darle la detención domiciliaria, pese a que le resultaba imposible moverse. “La domiciliaria se la dan solamente a los detenidos por violación a los derechos humanos”, agregó Cipriano. Tampoco aceptaron su atención en un hospital público porque tomaban como ciertos los informes médicos del SPB. “No hay adherencia al tratamiento”, dicen los médicos penitenciarios en el caso de Tersaghi, igual que en el resto de los casos llevados ante la Suprema Corte. Y la carga se la vuelcan al preso.

“Les decimos a los jueces que en el tratamiento contra el sida una persona es asistida por psicólogos, recibe medicación actualizada y una alimentación muy especial porque los medicamentos son muy fuertes –describió Cipriano–. Nada de eso se cumple en las cárceles. No reciben la alimentación específica o la reciben muy cada tanto. Entonces no quieren tomar el medicamento porque los destroza. Además, no tienen ninguna contención psicológica. Hace muy poco fue a verlo nuestro infectólogo y dijo que los medicamentos que le estaban dando, además de en forma interrumpida, eran fórmulas que ya no le hacían efecto. ¿Cómo pretenden que haya adherencia?” Los jueces, por otro lado, fallan en sus fallos, ya que sin realizar visitas directas disponen de acuerdo con lo que sostiene el denunciado.

“La última vez que hablé con él fue en la U9, en un pasillo, luego de que aceptara descoserse la boca para hablar –confió Luciano Lozano, que llevaba su caso por el CCT–. Hablamos de tango, de Discépolo. De un tango que este autor le hace a un amigo, Techera, mulato también. Sonrió, con orgullo dijo que sería un pariente suyo. Las defensas de su cuerpo eran irrisorias, la carga viral alta, muy alta. En el tango de Discépolo, su amigo muere. Acá también.”

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