Como débil respuesta al desgaste de su gestión y la caída en picada de su proyecto presidencial, Macri recurrió al anuncio de una serie de modificaciones al Código Contravencional tendientes a cuestionar el rol de los piqueteros y reprimir a los “trapitos”.

La misma estrategia que lo llevó a estigmatizar a los empleados públicos para justificar despidos masivos es la que hoy usa para señalar a estos sectores como los principales responsables de la inseguridad.

Nos retrotrae a un pasado cercano cuando, desde su banca, Gabriela Michetti impulsaba en la Legislatura la sanción de una reforma a ese Código, también dirigida a penalizar la protesta social y a criminalizar la pobreza.

Si algo quedó claro, transcurridos varios años de su aprobación, es el fracaso de las políticas persecutorias a la hora de ordenar el uso del espacio público.

Con esta nueva propuesta, pensada como un acto de prensa, se vuelve a cargar las tintas sobre grupos vulnerables, haciendo énfasis en los efectos de sus prácticas más que en las causas que las originan.

Porque la proliferación de “trapitos” se encuentra vinculada con la combinación de tres problemas que el propio gobierno de Macri no ha querido o no ha sabido solucionar: el incremento de la pobreza, la deficiencia en el transporte público y la falta de estacionamientos.

Entre 2008 y 2009, la pobreza en la Ciudad creció en más de un 30 por ciento y se perdieron miles de puestos de trabajo. Durante la gestión macrista, la población de las villas aumentó en cerca de 40 mil personas.

En este escenario, cuyo correlato ha sido el vaciamiento de los programas sociales, no debería parecer extraño que muchos busquen sustento económico en actividades informales referidas al transporte, un área en la que las autoridades locales han fallado sistemáticamente.

Extender el alcance de las grúas con fines recaudatorios y perseguir a los “trapitos” como delincuentes se ha convertido en el “remedio” oficial a la crisis del transporte público, a la creciente presión de los automóviles, al cierre de estacionamientos privados y a la demora en construir los más de cincuenta de carácter vecinal o disuasorio que, pese a estar aprobados por ley, siguen sin implementarse.

El resultado de esta campaña poco va a afectar la matriz que genera estas situaciones. Los “trapitos” no van a reconvertirse laboralmente, no van a multiplicarse los estacionamientos y no va a mejorar el transporte público.

En cambio, el gobierno de Macri –haciendo gala de la doctrina de la “mano dura”– va a seguir eligiendo combatir a los pobres en lugar de luchar contra la pobreza.

* Diputado nacional (PS).
Ciudad de Buenos Aires.