Seis de cada diez mujeres bolivianas residentes en el área metropolitana no buscaban tener un hijo al momento de quedar embarazadas. Pocas acceden a métodos anticonceptivos gratuitos y a servicios públicos de salud donde recibir consejería para planificar sus familias. Los datos se desprenden de una encuesta realizada por el Programa de Maternidad e Infancia de la provincia de Buenos Aires y motivaron el diseño de una campaña por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes de ese país, que se presentó ayer, y que incluye mensajes radiales que se difundirán por más de un centenar de radios comunitarias y de la colectividad boliviana y folletos que ya se empezaron a distribuir en unos 6500 centros de salud de atención primaria de todo el país y hospitales porteños y bonaerenses. La iniciativa apunta, por un lado, a la prevención de la violencia de género y a que las mujeres bolivianas se realicen controles ginecológicos –particularmente un Papanicolaou– e incrementen el uso de contraceptivos; y, por el otro lado, busca sensibilizar a los profesionales de la salud para que respeten sus derechos.

“Tapa polvito”, “gorrita”, “globo”, “cuero”, “gorrito”. Así nombran en la colectividad boliviana al preservativo. Y así se los nombra en uno de los spots de la nueva campaña. Las cuñas radiales rescatan las particularidades idiomáticas y culturales de los migrantes del Altiplano. Y, además, llevan voces de mujeres y varones de ese país y su música típica. “Ojalá que podamos llegar a las mujeres más vulnerables con esta campaña”, se ilusionaba ayer Emiliana Mamani, migrante boliviana con 25 años en Buenos Aires, e integrante de Q’Amasan Warmi, una organización que trabaja por los derechos de las mujeres de ese país en el área metropolitana. Alrededor del 70 por ciento de las bolivianas que migran a la Argentina, contó, provienen de zonas rurales en su país, y por las diferencias culturales tienen grandes dificultades para comunicarse en los hospitales. “Cuando vemos a una mujer que ya va por su segundo hijo le decimos que vaya al hospital a pedir anticonceptivos, pero lo que suele suceder es que cuando van les dan un turno para dos o tres meses después, y para ese entonces ya quedaron nuevamente embarazadas. Además, es frecuente que en los servicios de salud nos discriminen porque hablamos despacito y no nos entienden. Si va una mujer boliviana embarazada a atenderse, lo primero que le preguntan es si se bañó, por simple portación de rostro. O les piden documento y la gente se asusta si no tiene regularizada su situación migratoria”, describió Mamani en diálogo con Página/12. Ayer, Mamani participó del lanzamiento de la campaña, en el Centro de Informaciones de la ONU, en el barrio porteño de Recoleta.

La iniciativa es el resultado de la articulación entre el Fondo de Población de Naciones Unidas (Un-fpa), organizaciones de la sociedad civil –entre ellas el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados (Caref), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y Q’Amasan Warmi– y distintos organismos del Gobierno, como el Ministerio de Salud, el Inadi, la Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Migraciones.

“En algunos hospitales están desinformados sobre el nuevo marco normativo tan garantista”, comentó Eleonor Faur, oficial de enlace de Unfpa Argentina, en relación a la Ley de Migraciones No 25.871, sancionada en 2004, que derogó la llamada ley Videla, vigente desde la última dictadura militar, restrictiva y con un claro espíritu persecutorio hacia los migrantes. La campaña incluye folletos dirigidos a los equipos de salud con el mensaje: “Abramos las puertas. Es ley”. Los dípticos recuerdan que la población migrante no necesita documento para recibir atención en salud sexual y reproductiva, y que tiene derecho a recibir una atención igual a la de los demás usuarios de los servicios y que debe ser gratuita. Textualmente la ley 25.871 dice: “No podrá negárseles o restringírsele en ningún caso el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”. El folleto replica ese párrafo de la normativa.

Mamani reconoció que entre las migrantes bolivianas “hay un alto porcentaje de embarazos no deseados”. Una resistencia cultural de los varones de la colectividad a que las mujeres “se cuiden” con anticonceptivos y distintos obstáculos que encuentran ellas para acceder a métodos se conjugan para que el porcentaje de gestaciones no planificadas sea superior al promedio de la población argentina, donde los embarazos no deseados rondan el 40 por ciento, según precisó Faur. En cambio, una encuesta del Programa de Maternidad e Infancia bonaerense detectó que entre las mujeres bolivianas el 58 por ciento no planificó su embarazo y sólo el 38 por ciento utilizaba algún método anticonceptivo para evitarlo (55 por ciento entre las argentinas).