Se acabaron los subsidios discrecionales para las obras sociales. Al menos, así lo anunció ayer el superintendente de Servicios de Salud, Rubén Torres. A partir de ahora, ninguna obra social podrá pedir asistencia financiera para “reconversión, fortalecimiento o atención de pasivos”. Los fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) del organismo serán destinados “exclusivamente” para la atención de prestaciones de alta complejidad de los afiliados. En los últimos cuatro años, alrededor del 50 por ciento de esas partidas –unos 150 millones de pesos– fueron subsidios de asistencia financiera a obras sociales “en concurso de acreedores o con muy pocas posibilidades de viabilidad”. “No es justo seguir subvencionando la ineficiencia”, sentenció Torres.
Era un secreto a voces, pero ayer Torres lo informó a viva voz: el sistema de salud de las obras sociales está al borde del colapso. Y es una mirada optimista. “La deuda acumulada al 31 de diciembre es de 1321 millones de pesos, de los cuales 885 millones corresponden al rubro prestaciones y 149 millones a deudas financieras”, detalló el funcionario que asumió dos semanas atrás de la mano del ministro de Salud, Ginés González García. En el monto no está contada la deuda del PAMI ni de las obras sociales provinciales que no están bajo la órbita de la Superintendencia. Torres tiene un extenso currículum y se ha especializado en planificación y gestión de la seguridad social. De hecho es director de la maestría en Sistemas de Salud y Seguridad Social del Instituto Universitario de la Fundación Salud, que regentea el mismo González García.
El diagnóstico del sistema que ayer describió Torres incluye otro dato desalentador: la recaudación del sistema cayó entre octubre y enero un 50 por ciento. Además, entre el 70 y el 80 por ciento de las obras sociales no está cumpliendo con el Programa Médico Obligatorio (PMO). El funcionario minimizó el problema. En realidad, consideró que su lógica es irracional y que incluye prestaciones que no son fundamentales y que “exceden las posibilidades de un país en crisis y también de uno en normal funcionamiento”. Por esa razón, en quince días se anunciará su modificación. “No podemos pagar la vitamina C cuando mucha gente no tiene medicamentos oncológicos”, opinó Torres, para dar una idea de cómo se modificará el PMO. En ese sentido, señaló que de 65 procedimientos de alta complejidad contemplados en el PMO sólo 15 están “absolutamente comprobados” que tienen una ecuación de costo-beneficio positiva para el paciente.
Pero el principal anuncio estuvo centrado en la derogación de las resoluciones 1040 y 577, “vinculadas con los subsidios o prestaciones dinerarias que se hacen a los agentes del sistema, muchas veces mencionados como foco de corrupción o como entregas discrecionales de fondos”, explicó el superintendente de Servicios de Salud. El funcionario, que estuvo acompañado por el Interventor de la Administración de Programas Especiales (APE), Eugenio Zanarini, explicó que “en los cuatro años que lleva el APE, un promedio del 50 por ciento de los fondos no se ocuparon para las prestaciones destinadas a atender los programas de alta complejidad de los beneficiarios, sino para asistencia financiera de las obras sociales”. Según puntualizó Zanarini, el 67 por ciento de los fondos destinados a ayuda financiera fueron repartidos entre 10 obras sociales o asociaciones de obras sociales –la mayoría de estas últimas intervenidas por la misma Superintendencia– y el 47 por ciento entre otras 5. El funcionario no quiso dar el nombre de las beneficiarias. A partir de ahora, destacó, “los fondos serán destinados para atender los programas de alta complejidad como VIH-sida, hemofilia, discapacidad, que es donde vamos a poner absolutamente todos los recursos”.