Por Horacio Cecchi y Raúl Kollmann

Como viene ocurriendo desde el inicio, el caso García Belsunce va destapando ollas, y no sólo la propia. Guillermo Bartoli, además de cuñado de María Marta García Belsunce como esposo de su media hermana, Irene Hurtig, fue el primer detenido tras el asesinato en el Carmel Country de Pilar. En realidad, Bartoli no es investigado por el caso sino por haber firmado autorizando el certificado de defunción trucho. Esa investigación es paralela a la que analiza el crimen y la lleva adelante el juez porteño Julio Lucini. El cuñado de María Marta fue detenido cuando navegaba a dos kilómetros del puerto, en dirección a Montevideo, como pasajero de la empresa Buquebús. Pero a Bartoli lo siguieron en su detención nueve empleados y gerentes de Casa Sierra y otras empresas fúnebres, y el médico Juan Carlos March, quien certificó haber comprobado personalmente que la mujer había fallecido de muerte natural. “No todos los detenidos están relacionados con García Belsunce –confió un investigador a Página/12–. Son parte de una organización que acostumbraba cometer hechos de este tipo.” Ahora, es probable que se ordene la exhumación de más cadáveres, buscando pitutos perdidos en muertes naturales. Entretanto, allegados a la familia García Belsunce confiaron a este diario que existen divisiones internas y acusaciones que apuntan a Carlos Carrascosa, el marido de María Marta (ver aparte).
En Delitos Complejos estaban enterados de que el cuñado de María Marta estaba dispuesto a viajar fuera del país. En realidad, según fuentes judiciales de San Isidro, Bartoli había pedido autorización al fiscal Diego Molina Pico. El fiscal le respondió: “Usted en esta causa no está imputado”. Y Bartoli se sintió libre de viajar donde quisiera. Eligió Montevideo, vía Buquebús. Pero Lucini, enterado de la posibilidad del viaje, ordenó su detención. Delitos Complejos pidió la colaboración de Interpol.
“Montamos guardia en todos los puestos, desde Ezeiza, hasta el aeródromo de Don Torcuato, la lancha que sale de Tigre, las dársenas del puerto”, reveló a Página/12 un experto de Interpol. Fue tan casual como curiosa la comparación que hizo sobre el operativo: “¿Se acuerda de cuando detuvieron al banquero Carlos Rohm en Ezeiza, que estaba arriba del avión a punto de despegar? –preguntó el experto–. Bueno, lo de Bartoli fue igual, pero en el agua”. La curiosa casualidad, y nada más que eso, recuerda los vínculos que Carlos Carrascosa, esposo de la víctima, mantuvo con los hermanos Rohm en el Banco General de Negocios a principios de los ‘90. Los investigadores siguen de cerca todos los nexos financieros que mantuvo Carrascosa como una de las hipótesis más fuertes del crimen.
Ayer, a las 11.30, Guillermo Bartoli cruzó la planchada que lo separaba de la embarcación de Buquebús, sobre su Volkswagen Passat. Ubicó el vehículo en la bodega y subió al primer piso, donde aguardó la partida. A las 11.50 soltaron amarras. La embarcación comenzó a maniobrar hasta que minutos después se encontraba enfilando hacia Montevideo. Recién entonces pudo soltar la respiración contenida. Fue por poco tiempo. Cuando se encontraban a dos kilómetros de la orilla, la embarcación empezó a girar de regreso, hasta amarrar en el punto de partida. Oyó entonces por los altavoces de la terminal de Buquebús que lo convocaban por su apellido. Bajó a la planchada.
Aunque podía sospecharlo, comprendió todo cuando lo recibieron varios oficiales de Interpol, Prefectura y Delitos Complejos de la Federal. A partir de ese momento se transformó en el primer detenido tras el crimen de su cuñada, María Marta García Belsunce. La causa está caratulada “Juan Carlos March s/falsedad ideológica” y como anticipó Página/12 fue iniciada por el director general del Registro Civil, Félix Pelliza, contra March, el médico que firmó el certificado de defunción trucho. El caso recayó en el juzgado correccional 8, de Julio Lucini. Bartoli estampó su firma en el casillero del familiar autorizante, en el certificado que extendió elmédico Juan Carlos March al local de la cochería Sierra de Federico Lacroze 4168, para habilitar los trámites del sepelio.
En el certificado médico de defunción que March entregó a la Central de Defunciones del Registro Civil, sostuvo que María Marta murió el 27 de octubre, a las 19, en Junín 1397, varios kilómetros al sur de su bañadera de Pilar. Y como causa de fallecimiento estableció un “paro cardiorrespiratorio no traumático”, y para ser más detallista agregó “insuficiencia cardíaca aguda”. En la constatación del fallecimiento, el profesional eligió marcar con una cruz el casillero “por haber reconocido el cadáver personalmente”. Estampó su firma a las once de la noche de ese día. Diez minutos antes, aparece firmando otro casillero personal en otro certificado de muerte natural en Haedo.
March, que encabeza la carátula del expediente fue el último en ser detenido. Tenía seis domicilios diferentes registrados en sus actuaciones como defuntólogo. Lo ubicaron en Morón, uniformados de la comisaría 5ª que lo despacharon a Delitos Complejos, en Palermo. Allí ya se estaban acumulando, además de Bartoli, otras nueve personas cuyas identidades no trascendieron, pero que pertenecen a empresas fúnebres, entre ellas la Casa Sierra, cuyos locales ayer permanecían todos cerrados.
–¿Son todos de la cochería Sierra?
–No –respondió un investigador–. Hay de otras empresas. Es cierto que el caso García Belsunce fue el disparador de esta investigación, pero se está trabajando sobre una modalidad y hay muchos involucrados. No le puedo asegurar que el médico haya sido el último detenido.
Se trata de una gran red que negocia con los trámites necrológicos rápidos. Ofrece sus servicios para solucionar problemas en momentos de mal trance. Médicos que extienden certificados firmados en blanco para que la empresa fúnebre los complete de acuerdo a las necesidades de los familiares; muertes traumáticas por naturales; gambetas a la Morgue Judicial y a las investigaciones molestas. Silencio allí donde se prefieren pocas palabras y un cálido responso. Ahora, como resultado de esta investigación, se analiza con cuidado la exhumación de una serie de cadáveres recomendados a la Red Necrológica para determinar si, como en el caso de María Marta, se encuentra algún pituto perdido, sin importar su calibre.